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17.10.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- El segundo censo penitenciario revela que el 74,4% no superó el ciclo básico, uno de cada cinco vivió en la calle durante su infancia y casi la mitad delinquió antes de los 18 años.

Más de la mitad de las personas privadas de libertad en Uruguay abandonó la educación formal a los 14 años o antes. El dato, surgido del Segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, presentado este viernes 16 de octubre, constituye uno de los indicadores más contundentes de las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan a buena parte de la población penitenciaria.

El relevamiento, realizado en 2025 por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, junto con el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), muestra una acumulación de dificultades educativas, laborales, familiares y sociales que preceden, en numerosos casos, al ingreso al sistema carcelario.

La investigación comprendió a 13.182 personas alojadas en 25 establecimientos penitenciarios, con una cobertura del 80% de la población prevista para el estudio.

Sus resultados permiten observar no solamente las condiciones actuales de las cárceles, sino también las trayectorias de vida de quienes terminan privados de libertad.

La exclusión educativa comienza en la infancia

El censo constató que el 48,5% de los entrevistados dejó de asistir por primera vez a un centro educativo entre los 10 y los 14 años, mientras otro 2,5% lo hizo entre los 5 y los 9 años. En conjunto, el 51% se desvinculó de la enseñanza formal antes de cumplir 15 años. Otro 42,6% registró su primera interrupción entre los 15 y los 19 años.

La información sobre el máximo nivel educativo alcanzado confirma las dificultades. El 37,4% tenía ciclo básico incompleto; el 19,1% había terminado únicamente primaria y el 9,8% no contaba con instrucción formal o no había completado la escuela.

Otro 8,1% había culminado el ciclo básico, mientras que porcentajes menores accedieron a educación media superior, formación técnica o estudios terciarios. En total, el 74,4% no había superado el ciclo básico, incluyendo a quienes lo completaron. La medición contempla también los estudios realizados durante la reclusión.

El resultado revela que la desvinculación educativa constituye una característica ampliamente extendida entre las personas encarceladas, aunque no permite establecer, por sí solo, una relación causal entre abandono escolar y delito.

Infancias marcadas por la vulnerabilidad

La investigación también reconstruyó parte de las experiencias familiares y sociales anteriores a la privación de libertad. Uno de los resultados más significativos indica que el 20,5% de los entrevistados vivió en situación de calle antes de cumplir 18 años.

Además, el 26,8% pasó por instituciones de protección o por dispositivos de responsabilidad penal adolescente. El 22,7% declaró haber convivido con situaciones de violencia o delitos dentro de su núcleo familiar.

Estos indicadores muestran que una proporción importante de la población penitenciaria atravesó durante la infancia y la adolescencia situaciones de vulnerabilidad que requerían respuestas de distintas instituciones públicas.

El censo también estableció que el 46,4% cometió su primer delito antes de alcanzar la mayoría de edad. Otro dato relevante es que el 71,1% manifestó tener al menos un familiar o amigo cercano con antecedentes penales, mientras que el 46,2% señaló que alguna persona de su entorno estaba encarcelada al momento de la investigación.

Las cifras describen contextos sociales complejos, en los que la violencia, la precariedad y el contacto temprano con el sistema penal aparecen con frecuencia.

El trabajo informal también predomina

La situación laboral anterior al encarcelamiento aporta otra dimensión al diagnóstico. Según los resultados difundidos, el 87,7% de las personas censadas había realizado alguna actividad remunerada a lo largo de su vida y el 60,4% estaba trabajando inmediatamente antes de su detención.

Sin embargo, una parte considerable de esas ocupaciones correspondía a empleos precarios, changas o actividades por cuenta propia sin establecimiento fijo. Entre quienes estaban ocupados, el 57,4% no realizaba aportes al Banco de Previsión Social.

Los datos cuestionan la idea de que la población carcelaria está integrada exclusivamente por personas desvinculadas del mercado laboral. Una proporción significativa trabajaba, aunque frecuentemente en condiciones de informalidad. La precariedad laboral aparece así como otro de los rasgos que caracterizan las trayectorias de numerosos privados de libertad.

Drogas, salud mental y violencia

El consumo de sustancias también ocupa un lugar destacado en el estudio. El 69% de los entrevistados declaró haber consumido alcohol u otras sustancias durante los doce meses anteriores a su detención. Dentro de ese grupo, el 52,6% consideró que había tenido un consumo problemático.

Entre quienes reconocieron esa situación, la pasta base fue la sustancia mencionada con mayor frecuencia, seguida por la cocaína, el alcohol y la marihuana. El relevamiento también examinó las condiciones de vida dentro de los establecimientos penitenciarios. El 40,4% declaró no haber salido al patio durante la semana anterior a la entrevista.

Asimismo, el 10,1% manifestó haber sufrido agresiones físicas de otros reclusos durante los seis meses previos, mientras que el 6,7% señaló haber sido agredido por integrantes del personal penitenciario. Entre quienes reportaron hechos de violencia, el 86,6% no presentó denuncias.

Por otra parte, el 18,8% de los encuestados declaró recibir medicación psiquiátrica, sola o combinada con otros tratamientos.

La educación en prisión creció, pero sigue siendo insuficiente

Uno de los aspectos positivos identificados por los investigadores es el incremento de la participación educativa dentro de las cárceles. Entre 2010 y 2025, la proporción de personas privadas de libertad que participan en actividades educativas prácticamente se duplicó.

Actualmente, el 41,6% de los censados manifestó haber estudiado durante el último año. Sin embargo, esto significa que más de la mitad continúa sin acceder a esas actividades, pese a que el nivel educativo previo constituye una de las principales dificultades de la población penitenciaria.

En materia laboral, el 37,9% realizaba alguna actividad de trabajo dentro de los establecimientos. Los resultados plantean la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y laborales durante el cumplimiento de las penas, especialmente si se pretende mejorar las posibilidades de reinserción social.

Una población carcelaria que no deja de crecer

El censo también documenta la expansión del encarcelamiento en Uruguay. La población privada de libertad pasó de 6.757 personas en 2003 a 16.570 a fines de 2025, lo que representa un incremento del 145% en poco más de dos décadas.

La tasa de encarcelamiento pasó de 253 personas cada 100.000 habitantes en 2010 a aproximadamente 480 en 2025. Estas cifras sitúan a Uruguay entre los países con mayores niveles de encarcelamiento de América Latina y del mundo.

La población penitenciaria es predominantemente masculina y joven: el 92,1% de los censados se identificó como varón y alrededor de seis de cada diez tenían menos de 35 años.

Una advertencia que trasciende al sistema penitenciario

El Segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad aporta información relevante para discutir las políticas de seguridad, educación, protección social y rehabilitación. Sus resultados no significan que la pobreza o el abandono educativo conduzcan inevitablemente al delito. Tampoco disminuyen la responsabilidad individual de quienes cometen actos delictivos.

Pero sí muestran que una parte considerable de quienes llegan a las cárceles atravesó situaciones de exclusión mucho antes de su primer contacto con el sistema penal. La investigación vuelve a plantear una cuestión central para las políticas públicas: la respuesta al delito no comienza ni termina en los establecimientos penitenciarios.

La prevención de la violencia, la permanencia educativa, la atención de los consumos problemáticos y las oportunidades de empleo formal forman parte de un mismo desafío. El dato de que el 51% de la población carcelaria haya dejado la educación formal a los 14 años o antes constituye, en ese sentido, una advertencia que el Estado difícilmente pueda ignorar.

Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS