UY Press - Agencia uruguaya de noticias

26.12.2025

MONTEVIDEO (Uypress) – A dos meses del anuncio por parte del gobierno de que se iniciaría el camino hacia la rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas por parte del astillero español, este notificó al Ministerio de Defensa Nacional su intención de iniciar acciones legales.

Un abogado y un escribano contratados por Cardama se hicieron presentes en la sede del Ministerio de Defensa para notificar a la cartera de las intenciones de iniciar acciones legales, según informan Joaquín Silva y Aníbal Falco en nota para El País.

Hasta el momento el caso ha tenido numerosas derivaciones, con varias denuncias, y fuertes cruces entre gobierno y oposición.

Días atrás el gobierno anunció la contratación de una segunda certificadora, Bureau Veritas, empresa belga con sede en Francia, para inspeccionar el proceso de construcción de los barcos

Ahora, según detalla el matutino, un equipo jurídico del astillero, constituido por representantes legales, se hizo presente en la sede del Ministerio de Defensa en las últimas horas. Según supo El País, mantuvieron una reunión con Lazo y le comunicaron que la firma de Galicia había dado las instrucciones para iniciar el proceso judicial con miras a entablar una demanda civil contra el Estado uruguayo.

Según fuentes del ministerio, citadas por El País, se notificó que ya está fijada, para marzo, una audiencia de conciliación entre las partes.

Días atrás el gobierno había anunciado la suspensión de los pagos al astillero español hasta tanto se conozca la resolución judicial de la denuncia en curso. Hasta el momento, la información con la que cuenta la administración es que el astillero español no podría cumplir con los plazos establecidos en el acuerdo firmado en diciembre de 2023.

Hasta el momento, el Estado ha pagado 28.794.500 euros al astillero.

Mario Cardama, realizó diversas declaraciones a la prensa asegurando haber sido también víctima de una estafa, pero se llamó a silencio y no volvió a pronunciarse al respecto.

Incluso, según trascendió, hubo un intento de mediación entre el Poder Ejecutivo y la empresa, que contrató para su representación al excanciller y exsecretario de Presidencia, Gonzalo Fernández, pero este fracasó debido a que el gobierno no aceptó las condiciones planteadas por la firma.

Imagen: Cardama