UY Press - Agencia uruguaya de noticias

13.05.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El astillero Cardama Shipyard dio inicio a un proceso de arbitraje internacional contra el Estado uruguayo en respuesta a la decisión de rescindir el contrato firmado en la administración Lacalle Pou para la adquisición de dos patrulleras oceánicas. Por su parte, el Gobierno responderá con una demanda.

Según informaron Búsqueda y la diaria,  Cardama presentó un escrito ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, asesorada por un estudio español y otro uruguayo.

Aún no está precisado el monto del resarcimiento económico que solicitará en caso de ganar el diferendo.

En el contrato, firmado el 15 de diciembre de 2023 por el entonces ministro de Defensa Nacional y hoy senador del Partido Nacional, Javier García, se establece que los diferendos que tengan las partes sobre "asuntos técnicos" se resolverán, en última instancia, en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Para cualquier otro caso, en el contrato se establece que "las partes intervinientes en el presente contrato se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Montevideo, Uruguay, para la resolución de cuantos litigios y controversias se deriven de la interpretación, aplicación y ejecución del presente contrato".

Ya en marzo de este año, Cardama optó por retirarse de la audiencia de conciliación que tenía fijada con el Estado uruguayo, como paso previo a entablar una demanda civil. Esto ocurrió después de que, en febrero, el presidente Yamandú Orsi confirmara en una conferencia de prensa la rescisión del contrato y, al mismo tiempo, anunciara que el Gobierno iniciaría "acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo".

En declaraciones realizadas a Subrayado, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, manifestó que a nivel gubernamental hay "mucha tranquilidad" con respecto a la resolución que tomó Cardama, ya que "el camino que recorrió el Gobierno fue un camino apegado al derecho y a la defensa del erario público".

El Gobierno, que fue enterado el lunes de la decisión del astillero español, mantuvo -por intermedio del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz- una reunión por videoconferencia con el estudio español Uría Menéndez, a los efectos de delinear la estrategia a seguir.

En el encuentro con el estudio español participaron también abogados de Presidencia especializados en juicios internacional, y se comentaron las primeras conclusiones de una "primera lectura" del escrito que presentó Cardama ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

La "tranquilidad" del gobierno responde al convencimiento de que "no corresponde" jurídicamente que este desacuerdo se dirima en un tribunal extranjero. "Está pactado por contrato que las cuestiones jurídicas que no tengan que ver con las cuestiones técnicas o del proceso constructivo deben resolverse en tribunales uruguayos", aseguró a El País una fuente gubernamental.

Este argumento, según reseña el matutino, se ampara en la cláusula 38 del contrato, en donde se fijaron los tribunales de la República Oriental del Uruguay como competentes en las discusiones que son -justamente- jurídicas, un logro negociado durante el período anterior que fue defendido por el Ministerio de Defensa frente a la alternativa planteada por Cardama de que se fijaran los de Vigo, España.

De parte del Estudio Delpiazzo -que asesoró al gobierno de Lacalle Pou durante el proceso de la firma del contrato-, incluso se destacó que bajo ese parámetro se descartaba la posibilidad de arbitrajes internacionales por protección de inversiones, en tanto se trataba de un acuerdo entre las partes de suministro o construcción de embarcaciones (Cardama era proveedor, no inversor).

Por contrapartida, de tratarse de "aspectos técnicos", la cláusula 39, que es la referida a la solución de conflictos, estableció que se determinaba a la Sociedad de Clasificación (Lloyd's Registrer) como la competente para su dilucidación, pero en caso de no haber un acuerdo se abría la posibilidad de recurrir a un arbitraje en París, donde tiene su sede principal la Corte Internacional de Arbitraje, y que es el camino que está recorriendo ahora Cardama.

La postura del Poder Ejecutivo, entonces, es que se trata de un reclamo que "carece de competencia", por lo que espera que recaiga un fallo que "desestime" el planteo del astillero español. Por lo pronto, y muy a grandes rasgos, lo que planteará el Estado uruguayo en París es que el tribunal en donde se presentó la demanda "carece de jurisdicción" para dirimir el conflicto.

Imagen: Uypress/DFP