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09.04.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- La Justicia de Estados Unidos habilitó formalmente un canal de diálogo entre los abogados de Sebastián Marset y el fiscal federal que lleva su causa, a partir de esa decisión, ambas partes intentarán negociar un posible acuerdo que evite llegar a juicio, según nota del colega Juan Francisco Pittaluga, para semanario Búsqueda, citando fuentes al tanto del proceso judicial.

Marset fue arrestado el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y expulsado ese mismo día a Estados Unidos. La acusación formal de Estados Unidos lo imputa por un cargo de conspiración para el lavado de activos, aunque los fiscales analizan sumar otros cargos. El delito imputado abarca un período de casi dos años y, aunque supuestamente involucró a instituciones financieras estadounidenses, tuvo lugar fuera del territorio de los Estados Unidos, en concreto en América del Sur y Europa occidental.

Si es condenado culpable por conspiración para cometer lavado de dinero, Marset se enfrenta a hasta 20 años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. También podría ser multado con no menos de US$ 500.000.

El 31 de marzo, el fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff presentó una moción ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, ubicado en la ciudad de Alexandria y responsable de juzgar a Marset. En el documento, al que accedió Búsqueda, solicita al tribunal que certifique la causa de Marset como "compleja" y suspenda los plazos previstos en la Speedy Trial Act. En el sistema judicial estadounidense, la Speedy Trial Act ("ley de juicio oportuno") establece que un juicio penal debe comenzar dentro de los 70 días desde la acusación, como garantía de celeridad procesal. Ese plazo puede suspenderse ante circunstancias excepcionales.

El 1º de abril, al día siguiente de formulada la petición, en la audiencia de lectura de cargos, Marset prestó conformidad con la calificación de "compleja" y suscribió una renuncia al plazo determinado en la Speedy Trial Act. La posición presentada por ambas partes fue aprobada en esa misma audiencia por Rossie Alston Jr., juez de distrito del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.

El juez, además, fijó la próxima audiencia para el 20 de mayo, "a fin de dar tiempo a la defensa para revisar la evidencia en su contra y a las partes para discutir una posible resolución". La defensa de Marset está formada por los abogados Michael Padula, Rodrigo Santos, Gene Rossi y Santiago Moratorio.

El pedido a Uruguay

El equipo fiscal liderado por Aminoff argumentó que el proceso contra Sebastián Marset debía quedar exceptuado de los plazos previstos en la Speedy Trial Act, en virtud de su "considerable envergadura". La moción, firmada por Aminoff y por Todd W. Blanche -quien se desempeña como fiscal general adjunto de Estados Unidos-, señala entre otras cosas que la investigación contra Marset "comprende voluminosas comunicaciones electrónicas en idioma español y portugués, del imputado y de otras personas, obtenidas de servidores ubicados en el exterior".

Asimismo, refiere a pruebas provenientes de Bélgica, Colombia y Francia, a "miles de páginas de registros financieros" y a fuentes confidenciales "respecto de las cuales el gobierno abriga serias preocupaciones en materia de seguridad".

El documento también menciona un pedido formal elevado por la fiscalía norteamericana al gobierno uruguayo para acceder a información reservada sobre actividades, organizaciones y personas investigadas por la Policía Nacional de Uruguay a raíz de sus posibles vínculos con Marset. La solicitud fue emitida el 28 de julio de 2025.

"El gobierno libró una solicitud oficial a Uruguay al amparo del tratado entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal", afirmó Aminoff, quien añadió que la solicitud oficial elevada a Uruguay era razón suficiente para suspender los plazos previstos legalmente en el proceso contra Marset. Un pedido similar fue también derivado al gobierno de Paraguay. El objetivo de la fiscalía es que la información que otorguen Uruguay y Paraguay pueda ser utilizada como eventual evidencia.

La solicitud se tramitó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y fue derivada al Ministerio del Interior. Fuentes de Interior indicaron que la información requerida por Estados Unidos refiere a "las operaciones de Marset en Uruguay y la vinculación con grupos" regionales de crimen organizado. Aunque parte de los datos ya fueron brindados por Uruguay, otros están aún pendientes de respuesta.

Además de la intervención directa de Bolivia y Estados Unidos, en la captura de Marset cooperaron unidades policiales de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. El mismo día de su detención, el ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que Uruguay tiene información sobre la eventual implicación de Marset en distintos hechos delictivos. "Hay investigaciones en desarrollo. Evidentemente, ante un pedido de la Justicia norteamericana estamos abiertos a cooperar", dijo en conferencia de prensa.

Negro fue consultado específicamente por el involucramiento de Marset en el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y su presunta alianza con Luis Fernando Fernández Albín, en prisión en Uruguay acusado de ser líder de una organización dedicada al acopio y la exportación de cocaína al exterior. "Nosotros tenemos la certeza policial de la participación de Marset en diferentes eventos que han ocurrido en el país en fechas no tan lejanas. Hay investigaciones abiertas al respecto. Pero sabemos de la participación de Marset en características de varios hechos que han sido públicos y notorios", contestó.

Además del ataque a la casa de Ferrero, ocurrido en setiembre, la Policía Nacional investiga a Marset por un atentado en el 2020 contra la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID). Desde 2018, esta unidad analiza el probable vínculo de Marset con megacargamentos de cocaína que salieron o hicieron escala en el Puerto de Montevideo con destino final de Europa. Uno de estos fue neutralizado en agosto de 2025, cuando la DGRTID llevó adelante en Montevideo una incautación de más de dos toneladas de droga, almacenada para su envío marítimo a Europa, donde tiene un valor aproximado de 50 millones de euros.

Tanto los fiscales estadounidenses como la Policía Nacional de Uruguay, así como las agencias de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, sospechan de que, en su actividad de comercialización de droga, Marset logró establecer vínculos con organizaciones internacionales como el Primeiro Comando da Capital (PCC), originario de Brasil, la mafia italiana 'Ndrangheta, originaria de Calabria, y grupos de la península balcánica.

Foto: Cocaína / Javier Calvelo / adhocFOTOS