UY Press - Agencia uruguaya de noticias

24.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, cuestionó este miércoles el anuncio del gobierno sobre la utilización de vehículos blindados del Ejército Nacional para tareas de patrullaje en barrios de Montevideo donde se desarrollan los operativos “Dominio” y “Atenea”.

La medida había sido anunciada por el ministro del Interior, Carlos Negro, quien informó en el Parlamento que se trabaja en un convenio con el Ministerio de Defensa para que vehículos Mamba del Ejército comiencen a circular en zonas con alta incidencia de criminalidad, bajo mando de la Policía Nacional.

Castillo reconoció que la primera información le generó preocupación. “Si uno se queda con la primera noticia era bastante shockeante”, afirmó el jerarca, y agregó que le impactó la forma en que se comunicó la medida y que algunas declaraciones públicas posteriores no le gustaron.

El ministro dijo que prefiere quedarse con lo expresado por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, quien señaló que la propuesta todavía no está completamente resuelta y que resta definir su implementación concreta.

“Me impactó la noticia cómo se trasladó y después, en algunas de las cosas que se han declarado, no me gustó”, expresó Castillo. Según dijo, el tema deberá discutirse dentro del gobierno y evaluarse si la utilización de vehículos del Ejército para patrullajes urbanos “es de recibo o no”.

El punto central de su planteo fue institucional y simbólico. “Convengamos que para el conjunto de la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es una buena cosa”, sostuvo.

Castillo advirtió que debe cuidarse la frontera entre las responsabilidades de la Policía, como fuerza civil encargada de la seguridad pública, y las del Ejército, vinculado a la defensa de la soberanía. “Es una cosa bastante distinta. Hay que tratar de no confundir roles”, señaló.

El debate se abrió luego de que Negro confirmara que Interior y Defensa avanzan en un acuerdo para incorporar vehículos Mamba del Ejército a operativos policiales en barrios de Montevideo. Según explicó el ministro del Interior, serían utilizados como apoyo logístico y de protección para ingresar a zonas donde se registran hechos de violencia armada, homicidios y presencia del crimen organizado.

El presidente Yamandú Orsi respaldó la orientación general de la medida y señaló que se busca utilizar infraestructura disponible para fortalecer el combate al crimen organizado. No obstante, también indicó que resta definir la forma jurídica y operativa de implementación.

Los vehículos Mamba fueron donados por Estados Unidos al Ejército uruguayo y originalmente estaban destinados a fortalecer capacidades militares, especialmente en misiones de paz. Su eventual utilización en tareas de seguridad interna abrió una discusión política sobre los límites entre apoyo militar, patrullaje policial y control civil de la seguridad pública.

Desde el gobierno se insiste en que no se trata de militarizar la seguridad, sino de utilizar equipamiento disponible bajo conducción policial. Pero las declaraciones de Castillo muestran que el tema también genera reparos dentro del propio oficialismo.

El ministro afirmó además que no tenía información previa sobre la propuesta y que es necesario manejar una comunicación única dentro del gobierno en asuntos de esta sensibilidad. Según dijo, la ministra Lazo presentará una propuesta concreta al Consejo de Ministros.

La discusión ocurre en un contexto de creciente preocupación por la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado en algunos barrios de Montevideo. Los operativos “Dominio” y “Atenea” forman parte de la estrategia del Ministerio del Interior para intervenir zonas críticas mediante presencia policial, inteligencia, allanamientos y controles focalizados.

El planteo de Castillo no desconoce la gravedad del problema de seguridad, pero introduce una advertencia política: la respuesta estatal debe fortalecer la presencia pública sin alterar los roles institucionales ni instalar imágenes que puedan ser interpretadas como militarización de los barrios.

La decisión final quedará ahora en manos del Poder Ejecutivo, que deberá definir protocolos, responsabilidades, conducción operativa, presencia de militares y garantías para la población. El debate, sin embargo, ya quedó instalado dentro y fuera del gobierno.