Colombia construye una megacárcel con vigilancia privada
24.10.2026
BOGOTÁ (Uypress)- Medellín levanta una prisión para 1.339 detenidos, con inhibidores de celulares y custodia privada. La obra costará más de US$ 200 millones y estará operativa en 2027.
Colombia avanza en la construcción de una nueva megacárcel en Medellín que combinará tecnología de seguridad, vigilancia privada y financiamiento empresarial. El establecimiento tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de libertad y representa una inversión superior a los 675.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 210 millones de dólares.
La denominada Megacárcel Metropolitana para Sindicados se construye en Pedregal Alto, en el corregimiento de San Cristóbal, al noroeste de Medellín.
Según informó el alcalde Federico Gutiérrez, las obras alcanzaron un 47% de ejecución y deberán concluir en mayo de 2027. El ingreso de los primeros detenidos está previsto para julio de ese año.
Seis pabellones y restricciones a las comunicaciones
El complejo contará con seis pabellones. Cinco tendrán capacidad para 240 internos cada uno, mientras que el sexto dispondrá de 139 plazas e incluirá una Unidad de Tratamiento Especial y espacios adaptados para personas con discapacidad.
Las celdas alojarán a cuatro personas y no tendrán tomacorrientes. También se instalarán inhibidores de señal telefónica para impedir el uso de celulares y dificultar las extorsiones y otras actividades delictivas organizadas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La infraestructura incluirá un centro de vigilancia permanente, garitas de seguridad, controles de acceso y espacios para atención sanitaria, educación, formación laboral y visitas familiares. Gutiérrez aseguró que el objetivo es impedir que las personas detenidas continúen dirigiendo actividades criminales desde la prisión.
Una cárcel financiada y administrada por privados
La principal novedad del proyecto es su modalidad de gestión. Se trata de la primera infraestructura penitenciaria colombiana desarrollada mediante una Asociación Público-Privada (APP).
La empresa concesionaria financia y construye el establecimiento, mientras que el gobierno municipal comenzará a realizar pagos una vez que la prisión entre en funcionamiento. El contrato tiene una duración de 15 años: tres destinados a la construcción y otros 12 a la operación.
Durante ese período, Medellín deberá abonar entre 50.000 y 60.000 millones de pesos colombianos anuales. Finalizada la concesión, las instalaciones pasarán a ser propiedad municipal.
La vigilancia tampoco estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como sucede en las cárceles tradicionales, sino de un operador privado especializado.
Este modelo introduce una discusión sobre los límites de la participación empresarial en una función históricamente reservada al Estado: la custodia de las personas privadas de libertad.
El hacinamiento como problema central
La construcción responde a una situación crítica en las estaciones policiales de Medellín. Según las autoridades locales, esos establecimientos registran niveles de ocupación que superan ampliamente su capacidad y mantienen a personas detenidas durante períodos prolongados en instalaciones que no fueron diseñadas para ese propósito.
La nueva cárcel está destinada principalmente a personas procesadas que todavía no cuentan con sentencia definitiva. La Alcaldía espera trasladar alrededor de 1.200 detenidos durante la primera etapa de funcionamiento.
La medida permitiría descongestionar dependencias policiales y liberar efectivos para tareas de seguridad ciudadana. Sin embargo, la capacidad prevista no resolverá por sí sola el problema estructural del hacinamiento penitenciario colombiano.
Seguridad y derechos humanos
La construcción de grandes establecimientos penitenciarios forma parte de una tendencia regional que coloca el encarcelamiento y el endurecimiento de los controles en el centro de las políticas de seguridad.
Aunque las autoridades de Medellín presentan el proyecto como una solución tecnológica y administrativa, su funcionamiento deberá garantizar condiciones adecuadas de detención, atención sanitaria, contacto familiar y acceso a la Justicia.
La participación de empresas privadas plantea, además, la necesidad de establecer mecanismos rigurosos de supervisión pública y transparencia contractual.
El desafío será demostrar que una cárcel administrada mediante una concesión empresarial puede mejorar las condiciones de reclusión y la seguridad sin convertir la privación de libertad en una actividad subordinada a los intereses económicos del operador privado.
La experiencia de Medellín podría convertirse en una referencia para otros países latinoamericanos que enfrentan problemas similares de hacinamiento y violencia penitenciaria.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
