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28.04.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – Una investigación de la Policía Nacional permitió identificar y condenar a un adolescente de 14 años por una amenaza de tiroteo escrita en un baño del Liceo 76. La Justicia le impuso tres meses de libertad asistida.

La Dirección General de Información e Inteligencia Policial, a través del Departamento de Investigación e Inteligencia Criminal, inició la investigación luego de que el 17 de abril se detectara una amenaza de tiroteo pintada en el baño de hombres del Liceo N.º 76 de Montevideo. Según informó el Ministerio del Interior, el trabajo policial permitió identificar a un adolescente de 14 años como presunto autor del mensaje y ponerlo a disposición de la Fiscalía de Adolescentes de 3.º Turno.

La Justicia dispuso la condena del menor como autor penalmente responsable de una infracción grave a la ley penal, tipificada como delito de amenaza con circunstancias agravantes especiales. Como medida socioeducativa, se le impuso libertad asistida por el término de tres meses.

El caso se inscribe en una serie de amenazas registradas en centros educativos durante abril. Días antes, el Ministerio del Interior había informado otra condena, también de un adolescente de 14 años, por amenazas de tiroteo en el Liceo N.º 18 de Montevideo, con una medida de libertad asistida por tres meses a cargo de INAU.

La ola de mensajes intimidatorios llevó a la Administración Nacional de Educación Pública a activar protocolos y emitir recomendaciones para centros, docentes, familias y estudiantes. ANEP pidió dar aviso a las autoridades de cada institución, realizar denuncia ante el Ministerio del Interior, no viralizar los mensajes y trabajar con adolescentes sobre el uso responsable de redes sociales.

La preocupación había comenzado a extenderse a mediados de abril, cuando la Dirección Nacional de Secundaria estimó que unas 30 instituciones habían recibido amenazas de tiroteo, en varios departamentos del país. Medios Públicos informó que las autoridades asociaron parte de los episodios a un desafío viral en redes sociales y que Delitos Informáticos del Ministerio del Interior trabajaba en las investigaciones.

Desde Interior también se destacó que la respuesta policial permitió individualizar a menores de edad, incautar elementos relevantes para las investigaciones y coordinar acciones con Fiscalía, juzgados, equipos de dirección y docentes. La cartera subrayó además el papel de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas en talleres y acciones preventivas dentro de la comunidad educativa.

El episodio deja una señal clara para el sistema educativo y las familias: las amenazas en centros de estudio no son tratadas como bromas ni como mensajes inocuos. Aunque no se haya concretado un hecho de violencia, generan alarma, alteran el funcionamiento institucional, movilizan recursos públicos y pueden derivar en responsabilidad penal adolescente.

Imagen: Portal Ministerio del Interior