UY Press - Agencia uruguaya de noticias

15.10.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Tres empresarios admitieron haber dispuesto de animales ajenos. La Justicia impuso penas de libertad a prueba y arresto domiciliario, mientras continúa la investigación por estafa y lavado.

El escándalo de Conexión Ganadera sumó sus primeras tres condenas penales y dejó al descubierto una de las maniobras que explican la desaparición de animales comprometidos como respaldo de las inversiones: responsables de empresas que debían custodiar ganado ajeno reconocieron haberse apropiado de parte de él y haberlo vendido para sostener sus propios negocios.

La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera condenó a Óscar Bertoletti y José Pedro Cristina, responsables de Agneau SRL, y a Jorge Moreno, titular de El Alfalfar, por delitos continuados de apropiación indebida, en calidad de autores.

Las sentencias fueron dictadas mediante procesos abreviados, luego de que los tres empresarios alcanzaran acuerdos con la Fiscalía de Lavado de Activos, encabezada por Enrique Rodríguez.

El pronunciamiento representa un avance en la investigación de una de las mayores crisis de inversión privada de los últimos años en Uruguay. También aporta elementos concretos para comprender cómo parte del ganado que debía respaldar los contratos terminó fuera de los establecimientos donde supuestamente se encontraba.

Miles de animales que no aparecieron

En el caso de Agneau, los responsables debían mantener aproximadamente 5.000 ovinos en un establecimiento arrendado en Canelones y otros 2.000 en un campo de Treinta y Tres. Sin embargo, cuando se realizaron las verificaciones correspondientes, en Canelones se encontraron poco más de 1.400 animales. En Treinta y Tres se recuperaron unos 800, mientras que otra parte había muerto.

Durante la investigación, los empresarios admitieron que habían vendido animales que les habían sido confiados, destinando el dinero a cubrir gastos operativos de una explotación deficitaria. La Fiscalía sostuvo que los animales habían sido entregados para una finalidad determinada y que sus responsables dispusieron de ellos indebidamente.

La situación de El Alfalfar también reveló importantes diferencias entre el ganado comprometido contractualmente y el efectivamente localizado. La empresa mantenía 16 contratos vigentes que involucraban 1.320 vacunos, por un valor superior a 900.000 dólares.

Tras la intervención judicial se encontraron apenas 43 animales, posteriormente vendidos por el síndico por unos 34.000 dólares. La Fiscalía atribuyó a Moreno la apropiación de 231 vacunos, que reconoció haber vendido y destinado a fines diferentes de los establecidos.

El empresario también declaró que parte de los animales previstos en los contratos nunca había ingresado a sus establecimientos. Esa afirmación introduce una cuestión central para el conjunto de la causa: la diferencia entre el ganado efectivamente existente y los animales que figuraban en la documentación entregada a los inversores.

Condenas sin prisión efectiva en establecimientos carcelarios

Bertoletti y Cristina fueron condenados a 12 meses de prisión, sustituidos por un régimen de libertad a prueba. Deberán fijar residencia, someterse a controles, presentarse periódicamente ante la Policía, cumplir tareas comunitarias y respetar la prohibición de acercamiento o contacto con las víctimas vinculadas a sus contratos.

Moreno recibió una pena de 16 meses, que incluye tres meses de arresto domiciliario nocturno y el cumplimiento del resto bajo libertad a prueba, con obligaciones similares. Las condenas, por tanto, no implican que los tres empresarios deban cumplir sus penas en establecimientos penitenciarios.

El negocio ganadero bajo investigación

El mecanismo de Conexión Ganadera consistía en captar dinero de particulares para invertirlo en ganado, que quedaba bajo la administración de empresas o productores encargados de su cuidado. Los inversores esperaban obtener una rentabilidad a partir de esa actividad, mientras los animales constituían el respaldo de los contratos.

Las condenas muestran que, al menos en los casos examinados, parte de ese respaldo fue indebidamente utilizado por quienes tenían la obligación de conservarlo. El abogado de damnificados Juan Pablo Decia sostuvo que estas resoluciones constituyen un avance relevante para demostrar las irregularidades del sistema. También cuestionó la levedad de las penas previstas para determinados delitos económicos.

La investigación principal continúa abierta y comprende las responsabilidades de quienes dirigieron y administraron Conexión Ganadera.

Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral se encuentran entre las personas investigadas en esa causa, con situaciones procesales diferentes. Las condenas de los tomadores de ganado no equivalen a una sentencia sobre la responsabilidad penal de todos los involucrados.

La primera respuesta penal del caso deja planteada una pregunta decisiva: si quienes debían custodiar el ganado terminaron apropiándose de él, ¿qué controles existían para garantizar que los animales ofrecidos como respaldo de las inversiones estuvieran realmente en los campos?

La respuesta será fundamental para determinar el alcance de las responsabilidades en una trama que todavía está lejos de esclarecerse por completo.