Conexión Ganadera: ofrecen un segundo acuerdo a 450 damnificados que quedaron sin cobrar
01.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- La propuesta, avalada por el síndico, alcanza a unos 450 acreedores y exige una adhesión del 85%. Prevé recuperar inicialmente 4,75% del crédito reconocido.
Unos 450 damnificados por el colapso de Conexión Ganadera que no ingresaron al primer acuerdo para distribuir el dinero recuperado tendrán una nueva posibilidad de cobrar parte de sus créditos, a partir de una propuesta impulsada por abogados de acreedores y que ya cuenta con el aval del síndico del concurso, Alfredo Ciavattone.
El nuevo convenio está dirigido específicamente a quienes quedaron fuera del acuerdo anterior y representan aproximadamente el 10% de los afectados. Para que la iniciativa pueda avanzar será necesario obtener la adhesión del 85% de ese grupo.
Una vez reunidas las firmas, la sindicatura deberá controlarlas y posteriormente presentar el acuerdo ante el juez que tramita el concurso de Conexión Ganadera para solicitar su homologación.
Un pago inicial de 4,75%
La propuesta establece que los acreedores adherentes podrán recibir inicialmente el equivalente al 4,75% de su crédito reconocido en el concurso.
El dinero saldrá del mismo fondo de aproximadamente US$ 35 millones constituido con el producido de la venta del ganado recuperado tras el colapso de la empresa.
El porcentaje inicial podrá aumentar en caso de que se incorporen nuevos activos al concurso, aunque deberán mantenerse las reservas necesarias para garantizar los derechos de aquellos acreedores que decidan no ingresar al convenio.
La propuesta es ligeramente inferior a la correspondiente al primer acuerdo, que estableció un pago base del 5% del crédito reconocido, también sujeto a eventuales incrementos posteriores.
Los pagos correspondientes a aquel primer convenio comenzaron durante la última semana de setiembre.
Qué ocurre con quienes tenían ganado identificado
El nuevo acuerdo establece un tratamiento diferente para los inversores cuyos animales pudieron ser identificados, recuperados y posteriormente vendidos.
En esos casos se propone pagar el 31,5% del valor obtenido por la venta de esos animales. El primer convenio había fijado ese porcentaje en 33,3%.
La cifra no se calcula sobre la totalidad de la inversión original realizada por cada ahorrista, sino sobre el valor del ganado efectivamente recuperado y comercializado.
Qué derechos resignan los acreedores
Quienes ingresen al nuevo acuerdo aceptarán cerrar las controversias relacionadas con la propiedad del ganado y con los gastos derivados de su mantenimiento.
También desistirán de las acciones judiciales vinculadas específicamente con esos puntos. Sin embargo, el convenio no supone una renuncia general a los restantes derechos.
Los damnificados conservarán sus derechos dentro de los concursos, la posibilidad de accionar frente a terceros y su participación en las investigaciones penales actualmente en curso.
El proyecto establece expresamente, además, que la adhesión no impide iniciar acciones contra el Estado.
Una vez transferido el dinero desde la cuenta judicial hacia la cuenta operativa prevista para instrumentar el acuerdo, los pagos deberán realizarse dentro de un plazo de 60 días, mediante transferencia bancaria o cheque.
Nueva denuncia ante la Fiscalía de Lavado
La propuesta aparece mientras continúa avanzando otra línea judicial relacionada con Conexión Ganadera.
Los abogados Leonardo Costa, Santiago Alonso y Graciana Abelenda presentaron una ampliación de denuncia ante la Fiscalía especializada en Lavado de Activos para que se investiguen operaciones patrimoniales vinculadas a integrantes de la familia Basso-Cabral.
También solicitaron medidas cautelares sobre bienes pertenecientes a las personas señaladas en la presentación.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la importante diferencia existente entre un informe contable presentado por la familia y las conclusiones alcanzadas por la sindicatura.
Según la presentación, el informe de la familia sostenía que Conexión Ganadera mantenía un saldo a favor de Gustavo Basso cercano a US$ 7,86 millones.
La reconstrucción realizada por la sindicatura habría llegado a la conclusión inversa: estimó un adeudo de aproximadamente US$ 45,3 millones.
Los denunciantes sostienen además que dinero de la empresa habría sido utilizado para adquirir inmuebles a nombre de familiares y terceros y solicitaron a la Fiscalía que investigue si algunas de esas operaciones pueden configurar delitos de lavado de activos. Esos señalamientos forman parte de la denuncia y todavía deben ser investigados.
Mientras esa investigación continúa, la nueva propuesta intenta incorporar al reparto a los aproximadamente 450 acreedores que no participaron del primer convenio. Para concretarse deberá alcanzar ahora el exigente piso del 85% de adhesiones y posteriormente obtener la homologación judicial.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
