UY Press - Agencia uruguaya de noticias

26.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- La Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) cerró un convenio a cinco años y ahora pone el foco en productividad e inversión, mientras espera nuevos proyectos que reactiven la actividad.

La industria de la construcción ingresó en una nueva etapa después de cerrar uno de los acuerdos laborales de mayor alcance de los últimos años. Con la negociación salarial despejada hasta 2030, las empresas desplazaron ahora el foco hacia dos cuestiones que consideran determinantes: mejorar la productividad y conseguir que la inversión pública vuelva a impulsar el nivel de actividad.

El convenio colectivo firmado entre las cámaras empresariales, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y el Poder Ejecutivo tiene una duración de cinco años y establece una reducción gradual de la jornada semanal, que pasará de 44 a 40 horas en 2030 sin reducción salarial. También incorpora flexibilidad en la organización de los horarios y beneficios vinculados a salud y cuidados.

El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Alejandro Ruibal, ha procurado quitar dramatismo al posible impacto de la reducción horaria sobre los costos. Frente a estimaciones que manejaron eventuales incrementos de entre 6% y 10% en el precio de las viviendas, sostuvo que todavía no existen elementos que permitan realizar esa afirmación y que el efecto puede ser sustancialmente menor si se introducen cambios en la organización del trabajo.

La discusión comienza así a trasladarse desde las horas trabajadas hacia cuánto se produce durante esas horas.

Las cuatro gremiales empresariales y el Sunca relanzaron en septiembre la Comisión de Productividad. El ámbito analizará rendimiento, incorporación tecnológica, innovación, capacitación, certificación de competencias y seguridad laboral. La Cámara también recibió favorablemente la propuesta sindical de crear un observatorio que genere indicadores compartidos sobre la actividad.

Ruibal ha insistido en que productividad no significa simplemente exigir que los trabajadores produzcan más. El planteo empresarial comprende también tecnología, organización de las obras, capacitación y reducción de tiempos improductivos. El nuevo convenio permite, además, introducir determinadas flexibilidades horarias destinadas a amortiguar los efectos de la reducción de la jornada.

Pero detrás de la discusión laboral permanece una preocupación de fondo: el nivel de actividad. La construcción viene atravesando un período de menor dinamismo después de varios años en los que grandes inversiones privadas y públicas sostuvieron elevados niveles de empleo. Ruibal había advertido que el sector atravesaba un "bache" y que necesitaba que comenzaran a materializarse nuevos contratos de obra pública capaces de compensar la desaceleración de algunos proyectos privados. 

La situación coloca al presupuesto de infraestructura del gobierno en el centro de las expectativas empresariales. La construcción posee un efecto multiplicador particularmente importante sobre proveedores, transporte, servicios y empleo, por lo que la Cámara considera relevante que los anuncios de inversión se transformen efectivamente en licitaciones y obras.

El escenario laboral, al menos, quedó despejado por un período excepcionalmente largo. El acuerdo alcanzado en agosto fue aprobado por unanimidad en el Grupo 9 de los Consejos de Salarios y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, lo calificó de "histórico".

Para las empresas, sin embargo, la estabilidad de las relaciones laborales constituye sólo una parte de la ecuación. El desafío que comienza ahora es conseguir que la reducción de la jornada pueda convivir con mejoras de productividad y, fundamentalmente, que exista un volumen suficiente de obras para sostener empresas y puestos de trabajo.

De esa manera, la discusión que dominó el invierno -salarios, horas de trabajo y conflictividad- empieza a ceder lugar a otra que probablemente marcará los próximos meses: cuándo comenzará a sentirse en las obras el nuevo ciclo de inversión pública.

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS