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08.05.2025

VIGO (Uypress)- Uruguay investiga un acuerdo por 82 millones de euros firmado por el anterior Gobierno (de Lacalle Pou) con un astillero vigués, según nota del colega Pablo López desde Vigo para el periódico español El Confidencial.

Es un contrato por el que astilleros Cardama de Vigo llevaba luchando casi una década: la construcción de dos patrulleras para el Ministerio de Defensa de Uruguay por 82,2 millones de euros, una de las transacciones más significativas de la historia del naval gallego. Pero hace meses que se ha convertido en un asunto más de la confrontación política en el país sudamericano, en medio de la dura campaña de las elecciones que acabaron en noviembre con la hegemonía del Partido Nacional de Luis Lacalle Pou. Con la toma de posesión del Frente Amplio de Yamandú Orsi, el pasado 1 de marzo, las acusaciones han acabado en detenciones: las de cuatro altos mandos de la Armada por supuestas irregularidades en el proyecto. "Todo responde a una disputa política, pero estamos muy tranquilos: el contrato es absolutamente legal", apunta un portavoz del astillero, uno de los históricos de la construcción naval de Vigo, fundado en 1916. Nadie habla en Uruguay de la posibilidad de rescindir un acuerdo que cuenta con todas las bendiciones legales, según fuentes de Cardama y la propia prensa uruguaya, incluso la más hostil al anterior Ejecutivo. Pero se puso en duda la capacidad de Cardama para llevar a cabo el proyecto. "Seguramente porque había quien prefería llevárselo a otro país, quizás a China", apuntan desde el entorno de la dirección de la factoría naval. Y una incomprensible incongruencia de los cuatro detenidos respecto al segundo pago al astillero vigués desencadenó los arrestos. "Todo responde a una disputa política, pero estamos tranquilos: el contrato es absolutamente legal" El nuevo gobierno uruguayo abrió una investigación, los altos cargos de la Armada fueron preguntados sobre el segundo pago del contrato y, por razones que en Cardama no alcanzan a entender, afirmaron que no se había efectuado. Era falso: se había concretado ese mismo día. Lo explicó la ministra de Defensa, Sandra Lázaro, en una entrevista con una radio local: "Detectamos que había una falta a la verdad. Tuve una reunión con el entonces comandante (Jorge Wilson), le consultamos al respecto y no se nos mencionó. Al equipo se le informó que la orden de compra no había sido firmada, pero cuando llamamos a la Armada nos dicen que se había firmado al mediodía". El pasado 22 de abril, el Ministerio de Defensa ordenó el "arresto a rigor" por entre 15 y 30 días de los cuatro dirigentes de la Armada, debido a sus declaraciones ante el grupo de investigación creado por la ministra. Además del excomandante Jorge Wilson, el resto de detenidos son los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruiz y el capitán de Navío Marcelo da Silva. El castigo más duro recayó sobre Wilson, al que se le atribuye la información falsa sobre el segundo pago de 8,2 millones de euros. Según adelantó Lazo, el ministerio hizo "consultas desde el punto de vista técnico a la Universidad de la República" para completar la información disponible. "Cuando tengamos eso, yo creo que estamos en condiciones de decir que vamos a dar un siguiente paso que tiene que ver con la investigación administrativa", explicó a los periodistas.

La ministra no ocultó que el proceso de compra al astillero español sigue en pie. "Aparentemente, el contrato está firme", señaló Lázaro, que también reconoció la existencia de "una relación de intercambio en buenos términos con Cardama". Pero avisó no obstante de que "el proceso de estudio y análisis no ha terminado" y que su ministerio va a ser "absolutamente estricto" con los términos acordados" y "celoso de que se cumplan todas y cada uno de los hitos que hay que cumplir", en este caso certificados por Lloyd's Register. En Cardama aseguran no temer por el futuro de las embarcaciones, dos patrulleras tipo OPV (Offshore Patrol Vessel) destinadas al Ministerio de Defensa. Es un encargo que constituye "uno de los proyectos más importantes" de la larga historia de la factoría viguesa y "un motivo de orgullo para todo el sector naval español", como reconoció el astillero en un comunicado en diciembre, cuando confirmó el arranque de la construcción. El siguiente hito se producirá el próximo 15 de mayo con la simbólica colocación de la quilla, un avance importante que supone el inicio de las obras en las gradas y el primer corte de chapa.

Tras varios intentos fallidos del proceso internacional para la adjudicación de las dos patrulleras, Cardama logró firmar el contrato en diciembre de 2023 en competencia con empresas de distintos países. Los dirigentes de la compañía viguesa se trasladaron a Uruguay para discutir los pormenores del contrato e incluso contaron con el apoyo del embajador de España en Uruguay, que gestionó una carta de recomendación avalada por el Ministerio de Industria. En Cardama se consideran blindados por el contrato firmado: "A nosotros se nos garantiza que las patrulleras se van a hacer, no pueden no hacerlas, porque hay un contrato firmado. Uruguay es un país serio". Con la entrada en vigor del contrato, se estableció un plazo de entrega de 18 meses para la primera patrullera y de 30 para la segunda. El acuerdo incluye la participación del clasificador Lloyd's Register, que controla el proceso de construcción de los buques, así como la presencia de un representante de la Armada Nacional de Uruguay, para realizar el seguimiento de construcción. Los barcos tendrán 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga y serán entregados a la Armada Nacional Uruguaya, que los utilizará para el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país.

Foto: Buque de la armada de Uruguay / EFE / Federico Anfitti / El Confidencial