Cuba: hasta cinco años de cárcel por vender antenas Starlink
24.10.2026
LA HABANA (Uypress)- En Santa Clara, varias personas habrían sido condenadas por comercializar equipos de internet satelital. Las autoridades incautaron 37 antenas y sancionaron a transportistas y compradores.
Un grupo de ciudadanos cubanos fue condenado a penas de entre cuatro y cinco años de prisión por integrar una red de comercialización de antenas Starlink en Santa Clara, capital de la provincia de Villa Clara, según una denuncia difundida en redes sociales y recogida este sábado por el portal CiberCuba.
La información, atribuida al perfil de Facebook Alejandro Noticias Cuba, señala que las autoridades realizaron allanamientos en viviendas de los presuntos vendedores y de quienes recibían los equipos. Durante los procedimientos fueron incautadas 37 antenas que, según esa versión, habían ingresado al país sin autorización.
Hasta el momento no se ha difundido públicamente una sentencia judicial que permita verificar de manera independiente la identidad de los condenados, las circunstancias del proceso ni los fundamentos de las penas.
Condenas para toda la cadena de comercialización
De acuerdo con la información divulgada, las sanciones no se limitaron a quienes vendían las antenas. También fueron condenados transportistas vinculados con la distribución, mientras que algunos receptores de los equipos recibieron multas de 100.000 pesos cubanos y el decomiso de los dispositivos.
El Código Penal cubano contempla penas de entre tres y ocho años de prisión para determinadas actividades no autorizadas relacionadas con la distribución y comercialización de servicios de telecomunicaciones y equipos destinados a esas operaciones.
En particular, el artículo 295 establece sanciones para quienes organicen, financien o se beneficien de la difusión ilegal de señales satelitales y otros servicios de comunicación.
Internet fuera del control estatal
Starlink, el sistema de conexión satelital desarrollado por SpaceX, permite acceder a internet mediante terminales que se comunican directamente con satélites de órbita baja.
Su principal particularidad en el contexto cubano es que puede ofrecer conectividad sin depender de la infraestructura convencional de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), que mantiene el monopolio estatal del servicio.
En marzo de 2026, Elon Musk confirmó que la red satelital tiene cobertura sobre Cuba, aunque aclaró que el servicio no está autorizado para comercializarse allí. La posibilidad de establecer conexiones independientes ha despertado preocupación en las autoridades cubanas, que consideran el control de las telecomunicaciones un asunto de seguridad nacional.
Nuevas restricciones durante 2026
En mayo, el Ministerio de Comunicaciones aprobó nuevas regulaciones para la importación y comercialización de equipos tecnológicos. Las resoluciones 1/2026 y 2/2026 establecieron requisitos técnicos y restricciones para diferentes dispositivos de telecomunicaciones, incluidas tecnologías capaces de conectarse a redes sin autorización estatal.
La normativa reforzó las barreras legales que enfrenta Starlink, cuya utilización ya había motivado advertencias oficiales, decomisos y denuncias de persecución a usuarios y distribuidores. Medios independientes cubanos han documentado la existencia de un mercado informal en el que las antenas pueden superar los 1.000 dólares, muy por encima de sus precios internacionales.
La conectividad como problema social
La demanda de estos dispositivos está relacionada con las dificultades de acceso a internet que enfrenta la población cubana. Las conexiones lentas, las interrupciones del servicio, los apagones eléctricos y el elevado costo de determinados paquetes de datos han impulsado la búsqueda de alternativas.
En ese contexto, una antena satelital puede representar para algunos trabajadores, profesionales y pequeños emprendimientos una herramienta para sostener sus actividades. Sin embargo, su elevado precio también introduce una nueva desigualdad: solamente quienes disponen de recursos suficientes pueden acceder a esa conexión alternativa.
Una contradicción de fondo
El caso de Santa Clara vuelve a colocar en discusión los límites que el Estado cubano impone al acceso a tecnologías de comunicación independientes. Aunque las autoridades invocan razones legales y de seguridad, la severidad de las penas denunciadas plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de la respuesta penal.
La contradicción resulta difícil de ignorar: mientras el país enfrenta serias dificultades para garantizar un servicio de internet accesible y estable, quienes buscan comercializar tecnologías alternativas pueden terminar enfrentando varios años de prisión.
El episodio también pone sobre la mesa una cuestión más amplia: hasta dónde puede llegar el control estatal de las comunicaciones sin afectar el derecho de la ciudadanía a informarse y comunicarse libremente.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
