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04.11.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- El militar había denunciado irregularidades financieras en una misión en el Sinaí. La Justicia ordenó pagarle $800.000 por daño moral, además de salarios y gastos.

El Ministerio de Defensa Nacional deberá indemnizar a un coronel del Ejército uruguayo que permaneció 77 días en prisión preventiva por disposición de la Justicia Militar y posteriormente fue absuelto. La sentencia establece una reparación de 800.000 pesos por daño moral, además del pago de salarios retenidos, honorarios profesionales y otros gastos.

El caso se remonta a 2011, cuando el oficial comandaba un contingente uruguayo desplegado en la península del Sinaí, en Egipto, como parte de una misión internacional de paz. Según informó El País, el coronel sostuvo en su demanda que había detectado irregularidades en la administración de los recursos financieros de la unidad y que comunicó la situación a sus superiores, solicitando investigar a tres oficiales. Sin embargo, fue él quien terminó repatriado.

De denunciante a procesado

El militar afirmó que la primera investigación sobre el manejo de los fondos no incluyó una auditoría contable. Posteriormente presentó una nueva denuncia y, según lo expuesto en el juicio civil, una auditoría posterior identificó irregularidades que no habían surgido en el procedimiento inicial.

En diciembre de 2015 fue emplazado por la Justicia Militar. El 2018, el Juzgado Militar de Instrucción de Segundo Turno dispuso su procesamiento con prisión por un presunto delito de ataque a la fuerza moral del Ejército y de la Marina. La causa también incluía acusaciones de amenazas a subordinados.

El coronel permaneció recluido durante 77 días en una dependencia militar, hasta obtener la libertad provisional. Dos años después, en setiembre de 2020, el mismo juzgado que había ordenado su procesamiento lo absolvió. La decisión fue confirmada por el Supremo Tribunal Militar en noviembre de 2021.

Con esa resolución, el oficial inició una demanda civil contra el Ministerio de Defensa, reclamando una reparación por los perjuicios ocasionados por su privación de libertad.

La Justicia reconoció el derecho a una reparación

En su demanda, el coronel sostuvo que la prisión había afectado su honor, su trayectoria profesional y su vida familiar. También señaló que durante el período de reclusión no pudo asistir a sus clases de Abogacía y que posteriormente enfrentó consecuencias administrativas, incluida una calificación anual de desempeño considerada deficiente.

El Ministerio de Defensa solicitó rechazar la demanda. Argumentó que existían elementos iniciales para disponer el procesamiento y que la absolución posterior no demostraba necesariamente que hubiera existido un error judicial. También cuestionó los montos reclamados y planteó defensas relacionadas con los plazos legales.

La jueza desestimó esos argumentos y aplicó la normativa que reconoce el derecho a indemnización cuando una persona permanece en prisión preventiva y posteriormente no recibe una condena privativa de libertad equivalente o superior al tiempo cumplido.

El fallo establece que esa responsabilidad estatal también comprende las decisiones adoptadas por la Justicia Militar. Para determinar el daño moral, la magistrada consideró la trayectoria del coronel, sus antecedentes profesionales, las consecuencias familiares de la prisión y las circunstancias particulares de su reclusión.

Aunque el militar había reclamado inicialmente más de dos millones de pesos por ese concepto, la sentencia fijó la reparación en 800.000 pesos. Además, Defensa deberá abonarle los salarios retenidos entre julio y octubre de 2018, los honorarios de sus abogados y los intereses correspondientes a la demora en la devolución de una garantía económica.

Un caso que plantea interrogantes institucionales

El episodio vuelve a colocar bajo examen los mecanismos de investigación y administración de justicia dentro de las Fuerzas Armadas. La sentencia civil no establece que el procesamiento haya constituido una represalia por las denuncias financieras, ni determina responsabilidades penales de otros oficiales.

Sin embargo, la secuencia de acontecimientos resulta significativa: un coronel denunció presuntas irregularidades, fue repatriado, terminó procesado y privado de libertad y, finalmente, obtuvo una absolución confirmada por la máxima instancia de la Justicia Militar.

Quince años después de los primeros hechos, el Estado deberá responder económicamente por los perjuicios de aquella prisión preventiva.

Más allá de la indemnización, el caso deja planteada una cuestión institucional: qué garantías existen para que los militares que denuncian posibles irregularidades puedan hacerlo sin temor a consecuencias indebidas y con procedimientos capaces de proteger sus derechos.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS