URUGUAY / DENUNCIA POR ESPIONAJE ESTATAL
Denuncian ante Derechos Humanos una oficina de inteligencia del Ministerio del Interior vinculada al caso Penadés
22.11.2026
MONTEVIDEO (Uypress) – El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) presentó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) por el funcionamiento de una oficina de inteligencia creada durante el gobierno anterior en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). La organización sostiene que esa dependencia, dirigida inicialmente por el exjerarca policial Carlos Taroco, realizó actividades de espionaje ajenas a las competencias legales del organismo penitenciario.
El abogado Juan Ceretta, representante del sindicato, afirmó en declaraciones a TV Ciudad que la documentación oficial obtenida permite acreditar la existencia de la oficina y que ahora resulta necesario determinar el alcance de sus actividades, las personas investigadas y las eventuales responsabilidades institucionales.
La controversia se vincula directamente con el caso del exsenador nacionalista Gustavo Penadés, en cuya investigación judicial se comprobó que Taroco y otros funcionarios participaron en maniobras ilegales destinadas a identificar y desacreditar a denunciantes y testigos.
Sin embargo, el sindicato considera que aquellas actividades podrían haber tenido un alcance mayor y reclama investigar si también se realizaron seguimientos a dirigentes sindicales y políticos.
Una oficina creada formalmente en 2021
La dependencia cuestionada se denominó Oficina de Información Táctica (OIT) y fue creada mediante la resolución 555/2021 del Instituto Nacional de Rehabilitación, durante la gestión de Luis Mendoza.
Su cometido formal consistía en recolectar, registrar y analizar información sobre actividades delictivas vinculadas con establecimientos penitenciarios, particularmente el ingreso de drogas y otros elementos prohibidos.
La oficina fue encabezada inicialmente por Carlos Taroco, quien posteriormente dirigió el establecimiento penitenciario de Santiago Vázquez, conocido como ex-Comcar.
Según información proporcionada por el Ministerio del Interior en respuesta a solicitudes de acceso a la información pública, la dependencia llegó a contar con nueve funcionarios y una estructura jerárquica propia.
Su existencia institucional, por tanto, no depende solamente de testimonios o denuncias: está documentada mediante resoluciones y registros administrativos.
Lo que continúa bajo investigación es si su creación y funcionamiento se ajustaron a la legislación y si sus integrantes utilizaron recursos públicos para desarrollar actividades de inteligencia ilegales.
Ceretta cuestiona la versión del gobierno anterior
En sus declaraciones a TV Ciudad, Ceretta sostuvo que la documentación obtenida contradice la explicación de que las maniobras de espionaje de Taroco fueron exclusivamente actuaciones personales.
Para el abogado, la existencia formal de la oficina y los registros de sus actividades obligan a examinar las responsabilidades de quienes autorizaron, supervisaron o conocieron su funcionamiento.
Ceretta considera acreditado que se desarrollaron actividades de inteligencia desde una estructura institucional cuya competencia legal para realizarlas está cuestionada.
Sin embargo, reconoció que todavía no se ha podido determinar con precisión quiénes fueron objeto de seguimiento.
Esa distinción resulta fundamental: la existencia administrativa de la oficina está documentada y las maniobras ilegales vinculadas con el caso Penadés fueron acreditadas judicialmente, pero la posible utilización de esa estructura para vigilar a otras personas requiere nuevas pruebas.
El espionaje a denunciantes del caso Penadés
El antecedente más grave se encuentra en la investigación judicial sobre las maniobras realizadas para identificar a personas que habían denunciado al exsenador Gustavo Penadés por delitos sexuales.
Taroco y otros funcionarios utilizaron información personal, realizaron seguimientos y desplegaron acciones destinadas a desacreditar a denunciantes y testigos.
La investigación determinó que integrantes del grupo recurrieron a bases de datos, registros policiales, perfiles falsos en redes sociales y otras herramientas para obtener información.
Como informó Uypress al analizar las comunicaciones y dispositivos incautados en el caso Penadés, las pericias permitieron reconstruir una investigación paralela organizada por funcionarios vinculados con Taroco.
El exjerarca fue condenado en marzo de 2024 a tres años de prisión por delitos relacionados con aquellas maniobras, entre ellos cohecho, revelación de secreto y asociación para delinquir.
La condena constituye un antecedente judicial concreto sobre el uso ilegal de información y recursos públicos.
Pero no establece por sí sola que todas las actividades de la Oficina de Información Táctica fueran delictivas ni determina qué conocimiento tuvieron las autoridades políticas sobre cada operación.
Sospechas de espionaje a sindicalistas y dirigentes políticos
Una de las principales preocupaciones de Sitrapen es determinar si la oficina también recopiló información sobre funcionarios penitenciarios y dirigentes sindicales.
Ceretta señaló que existen sospechas de seguimientos a personas vinculadas con la actividad gremial y reclamó acceder a los registros de la dependencia para comprobarlo.
El abogado también mencionó la posibilidad de investigar eventuales conexiones con las maniobras de vigilancia que tuvieron como objetivos a los entonces senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera.
Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado públicamente una prueba concluyente que permita atribuir aquellos episodios a la Oficina de Información Táctica.
Los antecedentes conocidos sobre Bergara y Carrera se vinculan principalmente con el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano y con solicitudes de información realizadas por particulares.
En ese sentido, la investigación deberá establecer si existieron conexiones operativas entre estructuras diferentes o si se trató de actuaciones independientes.
La necesidad de esclarecer esos vínculos no debe confundirse con su comprobación.
Un informe jurídico cuestiona la legalidad de la oficina
El sindicato incorporó a sus actuaciones un informe jurídico del estudio Delpiazzo, que cuestiona la compatibilidad de la Oficina de Información Táctica con las normas que regulan las competencias del INR.
El documento sostiene que la dependencia habría asumido funciones propias de organismos especializados de inteligencia sin contar con las atribuciones legales correspondientes.
También plantea posibles contradicciones con la legislación que regula el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.
La discusión incluye el papel de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario, estructura que dispone de competencias específicas para determinadas actividades vinculadas con la seguridad carcelaria.
En ese contexto, la coexistencia de organismos con funciones aparentemente similares plantea interrogantes sobre los mecanismos de autorización, supervisión y control.
La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado también fue consultada sobre la integración de la oficina al sistema nacional.
En enero de 2026, una resolución de Presidencia autorizó la entrega de información solicitada por el dirigente sindical Germán Gutiérrez respecto de las relaciones institucionales entre la OIT y los organismos oficiales de inteligencia.
La documentación administrativa constituye un elemento relevante para reconstruir el funcionamiento de la dependencia, aunque la calificación jurídica definitiva de sus actividades corresponde a las autoridades competentes.
La denuncia incluye posibles vulneraciones de derechos laborales
La presentación ante la INDDHH no se limita a las actividades de inteligencia.
Sitrapen también denunció posibles vulneraciones de los derechos de los trabajadores penitenciarios y reclamó una evaluación de las condiciones en que desempeñan sus tareas.
Entre los asuntos planteados se encuentran los riesgos laborales, la exposición a situaciones de violencia y la necesidad de reconocer las particularidades del trabajo penitenciario.
El sindicato considera que los funcionarios enfrentan condiciones que deben ser examinadas desde una perspectiva de salud laboral y derechos humanos.
También reclama que se investiguen eventuales afectaciones de la libertad sindical derivadas de la posible vigilancia sobre sus integrantes.
La intervención de la Institución Nacional de Derechos Humanos permitirá examinar esas denuncias desde una perspectiva diferente de la investigación penal.
Mientras la Fiscalía debe determinar la eventual existencia de delitos y responsabilidades individuales, la INDDHH puede analizar vulneraciones de derechos y formular recomendaciones a los organismos estatales.
El debate sobre las responsabilidades institucionales
La existencia de una dependencia creada por resolución administrativa y posteriormente vinculada con funcionarios condenados por espionaje plantea interrogantes que van más allá del caso Penadés.
Uno de ellos es qué controles existían sobre el acceso a información personal y bases de datos estatales.
Otro consiste en determinar quiénes supervisaban las actividades de la oficina y qué mecanismos permitían distinguir las tareas legítimas de seguridad penitenciaria de actuaciones de inteligencia fuera de sus competencias.
También corresponde establecer si las autoridades del Ministerio del Interior recibieron información sobre las operaciones desarrolladas y qué medidas adoptaron frente a eventuales irregularidades.
El exministro Nicolás Martinelli defendió anteriormente la creación de una estructura destinada a analizar perfiles de riesgo y prevenir delitos vinculados con las cárceles, rechazando que su existencia fuera por sí misma ilegal.
Esa posición contrasta con la interpretación del sindicato y de su representación jurídica.
La investigación deberá distinguir entre la legalidad de la creación administrativa, las competencias asignadas a la dependencia y las actuaciones concretas de sus funcionarios.
Una investigación que busca determinar hasta dónde llegó el espionaje
La denuncia presentada ante Derechos Humanos incorpora una nueva dimensión institucional a las investigaciones derivadas del caso Penadés.
La Justicia ya estableció que Carlos Taroco y otros integrantes de una estructura policial participaron en maniobras ilegales para identificar y desacreditar a denunciantes.
También está documentada la existencia de la Oficina de Información Táctica dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Lo que todavía resta esclarecer es si esa dependencia fue utilizada para desarrollar otras actividades ilegales, quiénes pudieron resultar afectados y qué responsabilidades corresponden a las autoridades que intervinieron en su creación y supervisión.
Para Sitrapen, conocer los registros de funcionamiento de la oficina resulta indispensable para establecer si hubo vigilancia sobre trabajadores, representantes sindicales o dirigentes políticos.
El resultado de las investigaciones tendrá importancia más allá de las eventuales responsabilidades individuales, porque involucra los límites legales de la inteligencia estatal, la protección de datos personales y las garantías de control sobre organismos públicos.
La denuncia coloca nuevamente en discusión una cuestión institucional fundamental: cómo impedir que estructuras creadas para proteger la seguridad pública sean utilizadas para investigar ilegalmente a ciudadanos, trabajadores o actores políticos.
Imagen: Dr. Juan Ceretta
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias