UY Press - Agencia uruguaya de noticias

06.08.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El Ministerio de Industria, Energía y Minería considera que la propuesta económica presentada por HIF Global para instalar una planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú todavía “no cierra” para Uruguay, debido principalmente a las condiciones planteadas para el suministro de electricidad.

Según informó este jueves 6 el semanario Búsqueda, la cartera entiende que el precio preferencial reclamado por la compañía resulta demasiado bajo y que permanece sin resolver quién asumiría el costo adicional de abastecer al complejo cuando sus parques eólicos y solares no produzcan la energía necesaria.

La cifra manejada públicamente durante las negociaciones es de unos US$ 40 por megavatio hora. Ese valor se encuentra por debajo de las tarifas habitualmente pagadas por los grandes consumidores industriales y del costo que puede enfrentar UTE cuando debe adquirir energía o recurrir a generación térmica.

No existe, sin embargo, una tarifa definitiva confirmada oficialmente. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, había señalado en julio que el precio negociado se encontraría próximo a los US$ 45 por megavatio hora, mientras el Poder Ejecutivo sostuvo que las condiciones económicas todavía estaban siendo analizadas.

La discusión no se limita al precio promedio de la electricidad. También comprende la potencia que UTE deberá mantener disponible, los servicios de red, los peajes de transmisión, las obras de infraestructura y el respaldo que necesitará la planta cuando disminuya la producción eólica y solar.

El memorando de entendimiento firmado en diciembre de 2025 establece que el primer módulo de HIF utilizará electricidad suministrada directamente por la red de UTE. Para las otras tres etapas, la empresa proyecta desarrollar una planta solar de 1.162 megavatios y un parque eólico de 1.137 megavatios.

La generación renovable no es constante. Cuando hay poco viento, baja radiación solar o interrupciones técnicas, el complejo necesitaría tomar electricidad del sistema nacional para mantener su funcionamiento. En esas circunstancias, UTE podría verse obligada a recurrir a las represas, importar energía o encender centrales térmicas abastecidas con combustibles fósiles.

El costo de esa electricidad puede ser considerablemente superior al precio preferencial solicitado por HIF. La preocupación del MIEM se concentra en evitar que la diferencia quede a cargo de UTE y termine siendo financiada indirectamente por el Estado, los consumidores residenciales o las demás empresas conectadas a la red.

El memorando reconoce que las inversiones realizadas por HIF y por UTE deberán formar parte de un futuro acuerdo económico que asegure tanto la sostenibilidad del proyecto como el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. También establece que las obras de infraestructura necesarias para la conexión deberán ser asumidas por el proyecto.

Ese acuerdo vinculante todavía no fue firmado. La ministra Fernanda Cardona afirmó el 21 de julio que no existe un contrato de inversión y que el Gobierno trabaja con la empresa y los organismos públicos involucrados para establecer las condiciones mínimas de viabilidad.

El sindicato de trabajadores de UTE, AUTE, expresó su rechazo a la posibilidad de conceder una tarifa de US$ 40 por megavatio hora. El gremio sostiene que UTE paga alrededor de US$ 80 por la energía adquirida a determinados generadores privados y advirtió que una diferencia semejante podría representar pérdidas de decenas de millones de dólares anuales para el ente.

La posición del MIEM no significa que el proyecto haya sido descartado. El Gobierno mantiene las negociaciones y considera estratégica la posibilidad de incorporar una industria vinculada con el hidrógeno verde, pero busca que el resultado produzca beneficios para Uruguay y no transfiera al sistema eléctrico público costos propios de la operación privada.

HIF Global estima que el complejo requerirá una inversión aproximada de US$ 5.385 millones. De ese total, US$ 2.881 millones corresponderían a las plantas industriales, US$ 1.277 millones a los parques eólico y solar y US$ 1.226 millones a infraestructura, tratamiento de efluentes, suministro de agua y transporte de energía.

El proyecto se desarrollaría en cuatro módulos, cada uno con 280 megavatios de capacidad de electrólisis. Una vez completado, podría producir hasta 880.000 toneladas anuales de combustibles sintéticos destinados principalmente a Europa y Asia.

El memorando proyecta unos 1.400 empleos durante la construcción y 300 puestos permanentes durante la operación. Las exportaciones del primer módulo podrían alcanzar un promedio anual de US$ 253 millones y superar los US$ 1.000 millones cuando las cuatro etapas estén en funcionamiento.

La posible instalación fue presentada durante la administración anterior como la mayor inversión privada de la historia uruguaya. El actual Gobierno volvió a firmar un memorando con la compañía en diciembre de 2025, pero condicionó el avance a la definición de los aspectos energéticos, ambientales, fiscales, logísticos y de infraestructura.

También continúa en estudio la relocalización del complejo desde Constancia hacia un predio de Ancap en Nuevo Paysandú, próximo a las instalaciones de ALUR. La alternativa reduciría las objeciones planteadas desde la ciudad argentina de Colón y facilitaría el acceso al dióxido de carbono biogénico requerido para producir los combustibles.

La decisión final de inversión dependerá del financiamiento que obtenga HIF y de que las partes alcancen un acuerdo que distribuya claramente los costos y riesgos. Para el MIEM, el desafío es conservar una inversión de escala inédita sin convertir su competitividad internacional en una carga para UTE y para los usuarios uruguayos.