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18.08.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El presidente Yamandú Orsi recibió este martes 18 de agosto en la Torre Ejecutiva a representantes de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), quienes expresaron su preocupación por las pérdidas que está provocando el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata y reclamaron una solución que asegure el funcionamiento del principal puerto comercial del país.

En el encuentro participaron también el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. La delegación empresarial estuvo encabezada por el presidente de la CCE, Leonardo Loureiro, y contó con representantes de sectores particularmente afectados, entre ellos la industria y el transporte de carga.

Loureiro sostuvo que el puerto de Montevideo acumula casi 33 días de paralización durante 2026. La cifra se aproxima a los más de 36 días de interrupciones registrados durante todo 2025 y, según afirmó, duplica la cantidad correspondiente a 2024.

“Es un costo muy alto que está pagando el país”, señaló el dirigente empresarial después de la reunión.

El conflicto se concentra en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), integrada en un 80% por la empresa belga Katoen Natie y en un 20% por la Administración Nacional de Puertos. La negociación procura establecer un nuevo convenio colectivo después del vencimiento del anterior.

Uno de los principales puntos de diferencia refiere a la cantidad de jornales mensuales garantizados para los trabajadores. Mientras continúan las conversaciones, las medidas sindicales han provocado sucesivas interrupciones en la operativa de contenedores.

Impacto sobre toda la cadena

Loureiro subrayó que las consecuencias no quedan limitadas a las empresas instaladas dentro del recinto portuario. Alcanzan al transporte terrestre, los operadores logísticos, los despachantes, los importadores, los exportadores, las industrias que necesitan recibir insumos y las empresas que deben cumplir compromisos comerciales en el exterior.

La paralización de un contenedor puede generar costos de almacenamiento, reprogramaciones de embarques, incumplimientos contractuales, pérdida de mercadería y dificultades para mantener clientes internacionales.

El dirigente empresarial evitó presentar una estimación consolidada de las pérdidas, pero sostuvo a título personal que ascienden a decenas de millones de dólares.

Además del costo inmediato, la Confederación advirtió sobre el deterioro de la imagen de Uruguay como plataforma logística. Para las cámaras, la reiteración de conflictos e interrupciones puede afectar la previsibilidad que requieren las empresas para utilizar el puerto de Montevideo como punto de entrada, salida y transbordo regional.

La eventual esencialidad

La posibilidad de declarar la esencialidad del servicio portuario formó parte del contexto de la reunión, aunque el Poder Ejecutivo no comunicó una decisión ni estableció plazos para aplicar esa herramienta.

Loureiro afirmó que el Gobierno dispone del instrumento y consideró que lo utilizará si entiende que resulta necesario. Advirtió, sin embargo, que su aplicación es técnicamente compleja.

Según transmitió el presidente de la CCE, las autoridades consideran que la negociación entre TCP y el sindicato se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo. La prioridad continúa siendo, por tanto, lograr una solución mediante el diálogo.

La esencialidad obligaría a determinar qué tareas y qué cantidad de trabajadores resultan indispensables para mantener el servicio. No supone necesariamente la normalización completa de toda la actividad portuaria, sino la garantía de un nivel mínimo de funcionamiento.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, había señalado el lunes que el Ejecutivo estaba dispuesto a recurrir a esa herramienta si el conflicto se prolongaba indefinidamente y continuaba perjudicando al comercio exterior.

Sus declaraciones generaron una diferencia pública con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien ha defendido la negociación colectiva y cuestionado la eficacia de la esencialidad como mecanismo para resolver conflictos laborales.

El Gobierno procuró posteriormente reducir el alcance de esa controversia y reafirmó que las conversaciones continúan. No obstante, la eventual intervención del Poder Ejecutivo permanece como una alternativa si fracasa la negociación.

Competitividad y jornada laboral

La reunión también abordó asuntos más amplios vinculados con la competitividad, los costos energéticos, la logística y la reducción de la jornada laboral.

Loureiro afirmó que Orsi transmitió que el Gobierno no está promoviendo una reducción general de la jornada, aunque sí considera necesario discutir el tema.

Las cámaras sostienen que una medida de esa naturaleza no puede aplicarse de manera uniforme. Advierten que cada actividad presenta condiciones productivas diferentes y que algunos sectores necesitarían incorporar nuevos turnos y personal especializado para mantener sus niveles de producción.

La Confederación también reclamó avanzar en medidas estructurales que reduzcan los costos de la energía y la logística. Si bien valoró el proyecto de ley sobre competitividad que se encuentra en el Parlamento, consideró que la simplificación de trámites constituye solamente una parte de los cambios necesarios.

Orsi señaló después del encuentro que el diálogo con los sectores productivos resulta fundamental y confirmó que la agenda incluyó las condiciones necesarias para generar inversión y empleo.

La reunión trasladó directamente a la Presidencia una preocupación que ya excede la negociación entre una empresa y sus trabajadores. Para el sector empresarial, la continuidad del conflicto compromete una infraestructura estratégica y distribuye sus costos sobre toda la economía.

El Gobierno apuesta todavía a un acuerdo negociado. La esencialidad permanece como una herramienta de última instancia, pero su sola incorporación al debate refleja el aumento de la presión política y económica para restablecer la operativa portuaria.

Imagen: Portal Medios Publicos