Ex Raincoop: más de US$ 4 millones y ninguna vivienda construida
17.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- El Estado compró un terreno contaminado con plomo e hidrocarburos para levantar cientos de viviendas cooperativas. Nueve años después, las obras siguen paralizadas y las familias esperan.
Más de cuatro millones de dólares comprometidos, cientos de viviendas prometidas y ninguna construida. Ese es el balance del proyecto habitacional previsto en el antiguo predio de Raincoop, en el barrio La Unión, donde la contaminación del suelo y las demoras administrativas mantienen paralizada una iniciativa anunciada hace siete años.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) había previsto iniciar las obras de infraestructura entre octubre y noviembre de este año. Sin embargo, confirmó que todavía faltan autorizaciones de la Intendencia de Montevideo y UTE, por lo que no existe una fecha definida para comenzar.
El terreno, de aproximadamente dos hectáreas y media, fue adquirido por el Estado en 2017, después del cierre de la cooperativa de transporte Raincoop.
Un terreno comprado sin estudios ambientales previos
La operación costó US$ 1.725.000. El Estado fue el único oferente. El problema apareció después: el predio, utilizado durante décadas para estacionar y reparar ómnibus, presentaba una importante contaminación por combustibles y metales pesados.
Los estudios detectaron concentraciones de plomo de hasta 2.222 miligramos por kilogramo de suelo, frente a un valor de referencia residencial de 120. También se encontraron niveles elevados de cadmio en el sector del antiguo taller, además de hidrocarburos, benceno y xileno en las aguas subterráneas.
En determinados sectores se identificó una capa de combustible de hasta 1,34 metros de espesor. Los informes técnicos advirtieron sobre riesgos de exposición prolongada y recomendaron trabajos de descontaminación antes de habilitar viviendas.
El actual director nacional de Vivienda, Milton Machado, reconoció anteriormente que la contaminación no había sido detectada cuando se adquirió el terreno.
Los millones comprometidos
A la compra del inmueble se agregaron estudios, retiro de tanques de combustible y trabajos iniciales de remediación. Estas tareas costaron $ 6.260.480 e incluyeron el traslado de 216.240 kilogramos de tierra contaminada a un vertedero.
Posteriormente, la empresa Buresil obtuvo un contrato por $ 97.465.714 para ejecutar obras de infraestructura y nuevas tareas de remediación. El conjunto de contratos representa aproximadamente US$ 2,5 millones, que, sumados a la adquisición del terreno, superan los US$ 4 millones.
Es importante distinguir que parte de ese dinero corresponde a contratos comprometidos y no necesariamente a obras ya ejecutadas o pagadas. El ministerio reconoció, además, que la recuperación ambiental podría requerir inversiones adicionales.
De 600 viviendas a una cifra incierta
En noviembre de 2019, el entonces director de Vivienda, Salvador Schelotto, anunció la construcción de unas 600 viviendas cooperativas, acompañadas de calles, espacios públicos y locales comerciales. Posteriormente, los proyectos fueron modificados.
La planificación pasó de unas 600 viviendas a poco más de 500 y luego a una meta de 412 familias. Actualmente, las estimaciones de los cooperativistas sitúan el resultado posible entre 200 y 300 viviendas, aunque el MVOT sostiene que la cantidad definitiva dependerá de los proyectos ejecutivos.
El paso del tiempo también afectó a las organizaciones involucradas. Julio Camacho, integrante de Covifasol, una cooperativa proyectada para 34 viviendas, relató que ingresó hace nueve años y que su grupo recibió varias fechas de comienzo que nunca se cumplieron. Hoy tiene 63 años y teme no llegar a concretar el sueño de la vivienda propia.
La burocracia vuelve a postergar las obras
El MVOT informó que continúan pendientes las aprobaciones municipales para desagües pluviales, vialidad, espacios públicos, alumbrado y demoliciones. También falta la autorización de UTE para una subestación eléctrica.
La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) manifestó preocupación por las sucesivas demoras. Mientras tanto, parte del predio continúa utilizándose como estacionamiento y por la cooperativa de transporte UCOT.
La situación deja interrogantes sobre la evaluación ambiental previa a las compras públicas, la coordinación entre organismos y la planificación de las inversiones. Pero también expone una consecuencia menos visible: detrás de los expedientes, licitaciones y permisos hay familias que llevan casi una década esperando.
El Estado ya comprometió millones de dólares. Lo que todavía no pudo entregar es una sola vivienda.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
