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13.12.2025

MONTEVIDEO (Uypress)- La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) realizó este una conferencia de prensa en su sede para comunicar la resolución de la Fiscalía General de la Nación de archivar la denuncia presentada en 2022 por diputados en aquél momento oficialistas, hoy en la oposición.

La denuncia fue iniciada tras la actuación de la "Comisión Investigadora con el cometido de investigar la extensión y la justificación de licencias irregulares a los integrantes de Fenapes, por parte del Consejo de Educación Secundaria (CES) en el período 2015-2019". Los diputados opositores acusantes denunciaron por "omisiones" y "conductas con apariencia delictiva" a los exjerarcas del CES, Celsa Puente y Javier Landoni, y los sindicalistas José Olivera, Ana Pescetto, Marcel Slamovitz, Alejandra Vespa, Virginia García Montecoral y Graciela Almeida, quienes han ocupado distintos cargos en el sindicato y sus filiales.

Entre los denunciantes estaba el actual director por el Partido Nacional en la Agencia Nacional de Vivienda, Alfonso Lereté, y el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani y actual senador Gustavo Zubía.

El abogado de Fenapes, Marcelo Domínguez, expresó en la conferencia que "[la resolución] dice que los hechos denunciados públicamente por ciertos legisladores no constituyeron delito de ninguna manera". Agregó que desde Fenapes "siempre mantuvimos que era una clara persecución al movimiento sindical, era una manifesta incidencia de lo que podríamos llamar académicamente un lawfare contra los movimientos populares".

"Dejar en claro si los legisladores de nuestro país pretenden con estas acciones, en cierta medida, torcer el brazo, presionar a los fiscales de nuestra república, es no conocer a nuestros fiscales", sentenció el abogado en su alocución.

Por su parte, el vicepresidente de Fenapes, Olivera, apuntó que "fue una política sistemática" de "persecución y generar terror a una organización sindical", "orquestada desde el Estado", "desde el Poder Ejecutivo, autoridades de la educación, parlamentarios y operadores mediáticos, que ni siquiera nos dieron la oportunidad de gozar el derecho de la presunción de inocencia, y en sus redes, programas de radio y televisión lo que hacían era condenarnos, criminalizando y tratándonos de delincuentes".

"Dejemos de lado la hipocresía de la excepcionalidad uruguaya y reconozcamos que dentro de la sociedad uruguaya hay ciertos sectores de tendencias fascistas, que no tienen duda de apelar a cualquier instrumento para barrer de la escena nacional a cualquier opositor o a cualquiera que en el marco del ejercicio de derecho se oponga a su planteo. Esto constituye un riesgo para la democracia", expuso Olivera.

Emiliano Mandacen, secretario general de Fenapes, manifestó en la conferencia que "no descartamos ninguna medida" ante la posibilidad de una reparación por la denuncia; "vamos a estar reuniéndonos el próximo 20 como comité ejecutivo y evaluando, y tomar la mejor decisión con la manera más calma con el mejor asesoramiento", añadió. Finalizó con que hubo "compañeros que se vieron afectados en sus vidas personales, y no va a pasar impune".

Según la resolución con fecha del 29 de setiembre de este año, a la que accedió la diaria, la Fiscalía de Flagrancia de 15° turno, que tomó el caso, determinó que "no surgen elementos objetivos para atribuir las presuntas imputaciones que encuadren en figuras descritas en el Código Penal" que la comisión investigadora pretendió y tampoco hechos de "relevancia jurídico penal".

A su vez, el documento señala que "en el desarrollo de la investigación preliminar, en reiteradas oportunidades, esta Fiscalía solicitó que la parte denunciante avaluara el daño presuntamente ocasionado por las conductas irregulares que se pretendían atribuir, y a la fecha de hoy aún seguimos sin saber cuál fue el daño avaluado".

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS