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21.09.2025

MONTEVIDEO (Uypress)- La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos pidió a la Justicia el levantamiento del secreto bancario de las cuentas del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) en el marco de la causa que investiga irregularidades por las “horas solidarias”, según nota de la colega Paula Ojeda, para diario El País, citando fuentes judiciales.

Cuando ocurre un accidente laboral fatal, los trabajadores sindicalizados donan el valor de una hora de su trabajo a la familia del trabajador fallecido. Ese dinero es retenido por las empresas y luego derivado al Sunca.

En enero, un trabajador falleció y se activó el mecanismo para que su familia reciba esta compensación. Pero, luego de percibir la donación y realizar algunas consultas, los parientes del fallecido denunciaron que se les otorgó una cifra menor a la que calculaban que debía ser.

La denuncia que realizaron ante la Policía sostiene que recibieron $2.923.132, informó en julio el semanario Búsqueda. Según publicó este medio, de acuerdo a las averiguaciones de la familia, faltó incluir el aporte hecho por los trabajadores de dos empresas constructoras, que estiman son unos $180.000 más. La donación fue entregada junto a un acta notarial firmada por el presidente del Sunca, Richard Ferreira, y la secretaria de Finanzas del gremio, Laura Alberti.

La Fiscalía que indaga este caso es la misma que tiene a su cargo la causa por las irregularidades en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). Está compuesta por Gilberto Rodríguez (titular), Gabriela Gómez, Silvia Monzón y Agustín Majó.

A su pedido es que ahora la Justicia analiza si levantará el secreto bancario de una cuenta del Sunca, que a su vez tiene nueve "subcuentas".

Fosvoc

En paralelo, la misma Fiscalía estudia cuál fue el destino de los desvíos de dinero que se detectaron en Fosvoc. "Aparece de manera bastante sólida, consolidada, de que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Sunca", había dicho el fiscal Rodríguez en junio. Por esa causa hay tres delegados del Sunca condenados.

Fue al menos uno de los condenados quien mencionó en sus declaraciones al senador Óscar Andrade y al diputado Daniel Diverio, ambos exdirigentes del Sunca. Desde Fiscalía aclararon semanas atrás que ninguno, por ahora, está siendo investigado.

Sin embargo, Diverio ordenó una pericia caligráfica privada por haber detectado que su firma se encontraba en documentos irregulares. Un caso concreto -que fue develado por Canal 4- fue el de una carta en la que se solicita ayuda económica para un trabajador que no existía. El mismo medio consignó haberse contactado con Diverio, quien refirió que el dictamen de la perito María Gabriela March Urdangarín, indica que la firma del documento no coincide con la de él.

Según supo El País, Policía Científica realizará una nueva pericia para obtener un resultado oficial.

Por otra parte, aún está pendiente la declaración de otras 10 personas que están siendo investigadas. Ellos, en la teoría del caso de la Fiscalía, actuaban como "mulas financieras". Inicialmente iban a declarar en agosto, pero por motivos de agenda no fueron citados y ahora está previsto que la instancia se realice en octubre.

El senador Óscar Andrade rechazó que el dinero fuera al PCU

En julio, el senador Andrade indicó que "ni un peso de los desvíos de los fondos fue al Sunca o al PCU". Afirmó que el Sunca reclamó auditorías desde hace diez años atrás y que la mención a Diverio "es una barbaridad". "Diverio no puede mandar dinero a nadie porque no es el que autoriza nada. Cualquier autorización tiene que pasar por la directiva" de Fosvoc sostuvo el legislador.

"¿Qué dicen los que están ahora presos? Que las cámaras empresariales y el sindicato tenían un acuerdo para financiar el plebiscito, el Partido Comunista y a la campaña electoral. Eso que dicen es una barbaridad, pero lo que tienen que hacer es demostrarlo", añadió el senador comunista. La auditoría interna de Fosvoc entregó documentación a Fiscalía para que se investiguen giros desde 2018.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS