REINSERCIÓN LABORAL Y REFORMA DEL SISTEMA PENITENCIARIO
Frente Amplio propone incentivos a empresas para generar empleo en las cárceles y facilitar la reinserción
09.11.2026
MONTEVIDEO (Uypress) – La bancada de diputados del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para regular el trabajo de las personas privadas de libertad y promover la participación de empresas privadas en actividades productivas dentro de los establecimientos penitenciarios. La iniciativa, elaborada por los legisladores Graciela Barrera y Pablo Inthamoussu, contempla incentivos fiscales, condiciones laborales específicas y mecanismos de formación destinados a facilitar la reinserción social y el acceso al empleo una vez cumplida la condena.
La propuesta busca establecer un marco jurídico que permita transformar las actividades laborales desarrolladas en las cárceles en oportunidades de capacitación, generación de ingresos y preparación para la vida fuera del sistema penitenciario.
El proyecto también procura ofrecer garantías a las empresas interesadas en instalar emprendimientos productivos dentro de los centros de reclusión y favorecer la continuidad de las relaciones laborales después de que los trabajadores recuperen su libertad.
La iniciativa adquiere relevancia en un país que supera las 16.000 personas privadas de libertad y donde una proporción considerable de quienes realizan actividades laborales no recibe remuneración.
Más de 5.000 personas trabajan en las cárceles, pero la mayoría no cobra
Según los datos recogidos en la exposición de motivos del proyecto, en marzo de 2026 Uruguay tenía 16.624 personas privadas de libertad.
De ellas, más de 5.000 participaban en actividades laborales dentro de los establecimientos penitenciarios.
Sin embargo, solamente existían alrededor de 850 cupos de peculio, una retribución económica que otorga el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) por determinadas tareas.
Los indicadores correspondientes a 2025 muestran una situación especialmente significativa.
El 86% de las personas privadas de libertad que accedieron a actividades laborales no recibió remuneración.
Otro 11% percibió un peculio o medio peculio, mientras que solamente el 3% recibió un salario.
Esta diferencia constituye uno de los problemas que la iniciativa pretende abordar.
El proyecto parte de considerar que el trabajo penitenciario debe formar parte de una estrategia de rehabilitación y no limitarse a la realización de tareas sin reconocimiento económico ni posibilidades de continuidad laboral.
Tres modalidades de trabajo dentro de las cárceles
La propuesta establece tres modalidades diferenciadas: peculio, trabajo remunerado y pasantías laborales.
El peculio continuará funcionando como una retribución vinculada con determinadas actividades organizadas por el INR.
En cambio, cuando exista una relación de trabajo remunerado bajo las condiciones establecidas por el proyecto, la retribución no podrá ser inferior al salario mínimo nacional vigente.
Las pasantías deberán desarrollarse mediante contratos que garanticen condiciones adecuadas de aprendizaje y remuneraciones conforme a la normativa aplicable.
El texto también contempla los aportes correspondientes a la seguridad social, salvo las excepciones expresamente previstas.
El objetivo es establecer reglas claras para situaciones que actualmente presentan diferencias importantes según la actividad desarrollada y el organismo o empresa que participa en su organización.
La iniciativa procura, además, que la experiencia laboral adquirida pueda ser reconocida posteriormente en el mercado de trabajo.
Incentivos fiscales para atraer empresas privadas
Uno de los componentes centrales es la incorporación de empresas privadas a las actividades productivas desarrolladas dentro de los establecimientos penitenciarios.
La propuesta prevé convenios con el INR e instrumentos de estímulo fiscal y contratación pública.
El organismo y el Ministerio de Economía y Finanzas evaluarían las condiciones de las eventuales exoneraciones, de acuerdo con las características de los emprendimientos.
También se propone establecer una ventanilla única para las empresas interesadas, con plazos de respuesta y criterios objetivos para evaluar las iniciativas.
Los convenios buscarán ofrecer estabilidad a las inversiones y evitar que los cambios de autoridades o de orientación administrativa modifiquen unilateralmente las condiciones acordadas, salvo causas justificadas.
La finalidad es generar un marco previsible que permita desarrollar proyectos productivos sostenidos en el tiempo.
Según explicó Inthamoussu a la diaria, uno de los objetivos es brindar garantías a quienes estén dispuestos a invertir o desarrollar actividades laborales dentro de las unidades penitenciarias.
La posibilidad de continuar trabajando después de recuperar la libertad
La continuidad laboral constituye uno de los aspectos más importantes de la propuesta.
Actualmente, las personas que recuperan la libertad enfrentan dificultades adicionales para acceder a un empleo formal, especialmente por los antecedentes penales, la falta de experiencia reciente y los prejuicios que persisten en determinados ámbitos laborales.
El proyecto procura que el vínculo construido con una empresa durante el período de reclusión pueda facilitar una contratación posterior.
Esto permitiría que los trabajadores llegaran al momento de su liberación con experiencia, conocimientos y eventualmente una relación laboral ya establecida.
La diputada Graciela Barrera había defendido esta orientación en una columna publicada por Uypress el 9 de setiembre, titulada «Trabajo en privación de libertad».
En aquella oportunidad sostuvo la necesidad de promover emprendimientos dentro de las cárceles, recuperar espacios productivos y ofrecer estímulos para que el sector empresarial participe en la generación de oportunidades.
La presentación del proyecto constituye un nuevo paso en esa línea de trabajo.
Uruguay ya cuenta con incentivos para contratar liberados
La propuesta no parte de una ausencia completa de instrumentos legales.
En febrero de 2025 se aprobó la Ley 20.397, que incorporó beneficios para los empleadores que contraten personas que hayan estado privadas de libertad en establecimientos del INR.
Esa norma estableció un subsidio parcial de hasta el 80% de la remuneración mensual computable, con un límite vinculado a dos salarios mínimos nacionales, para contratos de entre seis y doce meses.
El nuevo proyecto se diferencia porque busca regular de manera integral el trabajo desarrollado durante el período de reclusión, la intervención empresarial, las condiciones laborales y los mecanismos de formación.
Ambas dimensiones pueden resultar complementarias: una orientada a promover la contratación de personas liberadas y otra destinada a generar experiencia laboral y capacitación antes del egreso.
La articulación de estos instrumentos será uno de los aspectos relevantes durante el tratamiento parlamentario.
El trabajo deberá ser voluntario y no utilizarse como castigo
La iniciativa incorpora garantías destinadas a evitar que las actividades laborales se desarrollen mediante mecanismos de coerción.
El texto establece que ninguna persona privada de libertad podrá ser obligada a trabajar mediante amenazas de sanciones, restricciones de beneficios u otras formas de presión.
También dispone que el trabajo no podrá utilizarse como castigo ni como fuente de lucro para la administración penitenciaria.
La participación deberá contar con consentimiento informado y documentado.
Estas disposiciones suponen una revisión del criterio establecido por el Decreto-Ley 14.470 de 1975, que contemplaba la obligatoriedad del trabajo para determinadas personas condenadas.
Los impulsores consideran que la actividad laboral debe desarrollarse como una oportunidad de formación y rehabilitación, con garantías compatibles con la dignidad de las personas.
El proyecto busca así diferenciar claramente el trabajo penitenciario de cualquier modalidad de explotación laboral.
Una parte de las remuneraciones tendría destinos específicos
La iniciativa también contempla un régimen de distribución de las remuneraciones.
Según el texto difundido, se propone destinar un 10% al INR, otro 10% a la Dirección Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y un tercer 10% al fortalecimiento de las políticas de atención y protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.
Este mecanismo forma parte de las disposiciones que deberán analizarse durante el trámite parlamentario.
Su implementación plantea interrogantes sobre la remuneración efectivamente percibida por los trabajadores, los aportes a la seguridad social y la compatibilidad del sistema con las garantías laborales.
El tratamiento legislativo permitirá discutir estos aspectos antes de una eventual aprobación.
Formación técnica y certificación de conocimientos
El proyecto también establece que las actividades laborales deberán vincularse con programas de formación.
La propuesta reconoce el derecho de las personas privadas de libertad a acceder a capacitación gratuita y de calidad.
Se prevé que determinados aprendizajes puedan ser certificados por instituciones como la Universidad del Trabajo del Uruguay y el Ministerio de Educación y Cultura.
El objetivo es que los conocimientos adquiridos durante la reclusión puedan utilizarse posteriormente para acceder a empleos formales.
Esta dimensión resulta particularmente relevante porque una parte de la población penitenciaria presenta trayectorias educativas interrumpidas y dificultades de inserción en el mercado laboral.
La capacitación permitiría combinar la experiencia práctica con acreditaciones que faciliten la búsqueda de empleo.
Cooperativas y emprendimientos dentro del sistema penitenciario
La iniciativa no se limita a la contratación por parte de empresas establecidas.
También contempla la posibilidad de desarrollar emprendimientos individuales y cooperativos impulsados por personas privadas de libertad.
El Poder Ejecutivo quedaría habilitado para reglamentar estos mecanismos y establecer las condiciones de comercialización de los productos elaborados.
El Instituto Nacional del Cooperativismo podría participar mediante asistencia técnica y asesoramiento.
La propuesta incluye, además, mecanismos para facilitar que bienes y servicios producidos en el marco de los convenios puedan ser adquiridos por organismos estatales.
Esto abriría posibilidades de actividad económica vinculadas con necesidades del propio sector público.
Sin embargo, la participación estatal también deberá contemplar condiciones de competencia, calidad y transparencia en las contrataciones.
Una política de largo plazo
El proyecto propone crear una Junta Interinstitucional de Trabajo Penitenciario, encargada de coordinar, monitorear y evaluar las actividades laborales.
El organismo tendría entre sus cometidos la elaboración de un plan estratégico nacional con una perspectiva de al menos diez años.
También se faculta al INR a constituir una fundación con autonomía financiera para desarrollar asociaciones con instituciones educativas, organismos públicos, empresas, sindicatos y organizaciones sociales.
La propuesta busca evitar que las políticas laborales penitenciarias dependan exclusivamente de iniciativas aisladas o de decisiones administrativas de corto plazo.
El desarrollo de proyectos productivos requiere inversiones, capacitación, acuerdos institucionales y continuidad en el tiempo.
La reinserción laboral como parte de la seguridad pública
El debate sobre el trabajo penitenciario también forma parte de la discusión sobre la seguridad ciudadana.
La falta de oportunidades laborales después de recuperar la libertad constituye uno de los factores que pueden dificultar los procesos de reinserción social.
Aunque el empleo no garantiza por sí solo que una persona no vuelva a delinquir, disponer de ingresos legales, formación y vínculos laborales puede contribuir a reducir situaciones de vulnerabilidad.
La reinserción requiere, además, políticas de vivienda, salud, atención a las adicciones, educación y acompañamiento social.
Por esa razón, el trabajo dentro de las cárceles no puede considerarse una solución aislada para los problemas del sistema penitenciario.
Su eficacia dependerá de la calidad de las oportunidades ofrecidas, la continuidad después del egreso y la coordinación con otras políticas públicas.
Un proyecto que abre una discusión sobre el papel de las empresas
La iniciativa de Barrera e Inthamoussu introduce una dimensión económica en el debate sobre la rehabilitación penitenciaria.
La participación empresarial podría permitir ampliar las oportunidades de trabajo y formación, pero también requiere garantías para evitar prácticas de explotación o condiciones laborales desiguales.
El tratamiento parlamentario deberá definir el alcance de los incentivos, las responsabilidades de los empleadores y los mecanismos de supervisión.
También será necesario evaluar cómo compatibilizar las oportunidades para las personas privadas de libertad con los derechos laborales de quienes trabajan fuera de los establecimientos penitenciarios.
La propuesta plantea, en definitiva, una discusión sobre cómo utilizar el tiempo de reclusión para generar capacidades que puedan facilitar la integración social posterior.
En un sistema penitenciario que supera las 16.000 personas privadas de libertad, el acceso al trabajo remunerado y a la formación constituye uno de los desafíos centrales de las políticas de rehabilitación.
El proyecto todavía deberá recorrer el proceso legislativo y puede experimentar modificaciones.
Su presentación abre una nueva instancia de debate sobre la posibilidad de vincular al Estado, las empresas y las instituciones educativas en una estrategia que busque transformar el trabajo penitenciario en una herramienta efectiva de reinserción.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
