Gobierno endurece el control de armas ante el aumento de delitos
29.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- Un decreto limita la compra de municiones, restringe la tenencia de armas y prohíbe las fabricadas mediante impresión 3D. Los delitos vinculados a armas de fuego aumentaron casi 300% entre 2013 y 2025.
El gobierno de Yamandú Orsi aprobó un decreto que establece nuevas restricciones para la adquisición de municiones, fortalece los controles sobre la tenencia de armas de fuego y prohíbe la fabricación, comercialización y utilización de armamento producido mediante impresión 3D. La medida responde al crecimiento de la violencia armada y busca reducir la circulación de armas y municiones hacia los circuitos delictivos.
La normativa fue firmada por el presidente junto con los ministros del Interior, Carlos Negro, y de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y anunciada este miércoles 28 de octubre, en el marco de la presentación de nuevas medidas del Plan Nacional de Seguridad Pública.
El decreto se acompaña de un diagnóstico elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según los datos oficiales, los delitos asociados a armas de fuego aumentaron casi 300% entre 2013 y 2025. El indicador comprende disparos, tenencia y porte irregulares, tráfico de armas y otras conductas vinculadas con su circulación ilegal.
El gerente del área estadística del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, advirtió que el crecimiento refleja una demanda sostenida de armamento por parte de organizaciones y grupos delictivos.
Límites para comprar municiones
Uno de los principales cambios consiste en establecer cantidades máximas de municiones que podrán adquirir anualmente los usuarios habilitados. La reglamentación distingue entre usuarios regulares e intensivos, de acuerdo con las características de las armas y las actividades que desarrollan.
Los usuarios regulares podrán comprar hasta 250, 500, 1.000 o 3.000 municiones anuales, según la categoría correspondiente. Para los usuarios intensivos se establecen topes de 1.000, 4.000 o 5.000 cartuchos por año.
El gobierno sostuvo que las cantidades fueron definidas mediante intercambios con asociaciones de usuarios, procurando no perjudicar las actividades legales de tiro y otras prácticas autorizadas.
La normativa también restringe las operaciones de compraventa de municiones entre particulares, que solamente podrán realizarse en situaciones excepcionales y con autorización previa del Registro Nacional de Armas.
Prohibición de armas fabricadas en 3D
Otra de las principales novedades es la regulación del armamento producido mediante tecnologías de impresión tridimensional. Hasta ahora, estas armas no estaban contempladas específicamente en la normativa uruguaya.
El decreto prohíbe su importación, fabricación, compraventa, utilización y transferencia por particulares. La restricción también comprende los archivos digitales necesarios para producirlas. Su utilización quedará reservada a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.
Sanjurjo explicó que en Brasil existen grupos criminales que producen este tipo de armamento de manera sistemática y advirtió que en Uruguay ya se han incautado armas fabricadas mediante impresión 3D, algunas con considerable capacidad de fuego.
La incorporación de esta tecnología al régimen de control busca cerrar un vacío normativo frente a modalidades de fabricación que dificultan los mecanismos tradicionales de fiscalización.
Un máximo de ocho armas por usuario
El decreto también establece un límite general de ocho armas de fuego para los usuarios habilitados. La regulación forma parte de una estrategia más amplia destinada a reducir las posibilidades de desvío del armamento legal hacia el mercado clandestino.
Las restricciones habían generado cuestionamientos de importadores, comerciantes y coleccionistas, quienes manifestaron preocupación por las consecuencias de las nuevas disposiciones para las actividades legales.
El gobierno sostiene que la finalidad no es impedir la tenencia autorizada, sino establecer controles más eficaces sobre la adquisición, circulación y eventual pérdida de armas.
Municiones identificadas y controles compartidos
La normativa incorpora nuevas exigencias de trazabilidad. Las municiones utilizadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán llevar marcas que permitan identificar al organismo destinatario, el código del país y el año de producción.
También se exigirán datos sobre fabricante, lote, calibre y procedencia en los embalajes de las municiones importadas. El objetivo es facilitar la identificación de los cartuchos y mejorar las investigaciones cuando aparezcan municiones en escenas delictivas.
Además, se creará el Sistema Integrado de Control de Armas de Fuego, que permitirá intercambiar información en tiempo real entre los ministerios del Interior y de Defensa Nacional. La herramienta busca superar las dificultades derivadas de la existencia de registros separados y mejorar la identificación de armas robadas, extraviadas o vinculadas con actividades ilícitas.
Las balaceras, una preocupación creciente
Durante la presentación, el ministro Carlos Negro vinculó las nuevas medidas con la reiteración de enfrentamientos armados en barrios de Montevideo y otras zonas del país. El jerarca mencionó particularmente una balacera ocurrida cerca de una cancha de fútbol infantil en Villa García.
Negro sostuvo que estos episodios ponen de manifiesto la necesidad de controlar no solamente las armas, sino también las municiones que permiten sostener los enfrentamientos.
La ministra Sandra Lazo, por su parte, destacó la coordinación entre las dos carteras y la importancia de contar con registros confiables y procedimientos de fiscalización compatibles con los estándares internacionales.
La nueva reglamentación constituye uno de los componentes de la Estrategia Nacional de Control de Armas y Municiones presentada en setiembre. Su aplicación pondrá a prueba la capacidad del Estado para controlar el mercado legal, detectar desvíos hacia organizaciones criminales y reducir la disponibilidad de armamento utilizado en hechos violentos.
El desafío será comprobar si el fortalecimiento de los registros y las restricciones comerciales se traduce efectivamente en una disminución de la circulación ilegal de armas y de la violencia que afecta a la población.
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
