Guerra por el puerto: Neltume desafía a Katoen Natie con una terminal de US$900 millones
06.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- Neltume sostiene que el fallo del TCA abrió la puerta a otra terminal; Katoen Natie invoca su contrato hasta 2081 y amenaza con llevar a Uruguay a un arbitraje.
La disputa por el futuro del puerto de Montevideo subió un nuevo escalón. La chilena Neltume Ports, principal accionista de Montecon, defendió su proyecto para invertir US$ 900 millones en una segunda terminal especializada de contenedores, mientras Katoen Natie salió al cruce y volvió a advertir que podría iniciar un arbitraje contra Uruguay si la iniciativa avanza.
Neltume sostiene que presentó su propuesta dentro del marco jurídico vigente y que corresponde ahora al gobierno evaluar su conveniencia. El proyecto deberá obtener la aprobación oficial y posteriormente ser sometido a una licitación en la que podrán presentarse otros interesados.
La inversión propuesta apunta a construir Montevideo Container Terminal (MCT), con capacidad para movilizar hasta 1,15 millones de TEU anuales. La empresa estima además que la construcción podría generar unos 1.800 puestos de trabajo.
De concretarse, la nueva terminal competiría directamente con Terminal Cuenca del Plata (TCP), controlada en un 80% por Katoen Natie y en un 20% por la Administración Nacional de Puertos.
El punto central de la ofensiva jurídica de Neltume está en una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de diciembre de 2025. El TCA anuló una disposición del régimen de gestión de TCP que establecía restricciones para conceder la explotación de nuevas terminales especializadas. Neltume interpreta que, eliminada esa disposición, el Estado quedó liberado de aquella limitación y puede otorgar nuevas concesiones.
La compañía chilena va todavía más lejos: sostiene que la disposición anulada era contraria al ordenamiento jurídico desde su origen y rechaza que la cláusula de estabilidad jurídica acordada entre Uruguay y Katoen Natie pueda revivirla.
Katoen Natie: "Ellos no tienen nada"
La respuesta de la empresa belga fue inmediata. "Lo único concreto es que Katoen Natie firmó un contrato con Uruguay y ellos no tienen nada", afirmó Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de la compañía en Uruguay.
Katoen Natie sostiene que el acuerdo firmado con el Estado en 2021 -que extendió la concesión de TCP hasta 2081- es único e indivisible y que una modificación administrativa que perjudique las condiciones pactadas constituiría un incumplimiento.
La empresa invoca además la cláusula de estabilidad jurídica incluida en aquel acuerdo, destinada a impedir que modificaciones normativas posteriores afecten adversamente sus derechos y obligaciones. Para Correa, esa disposición continúa plenamente vigente.
La compañía recuerda además que el actual gobierno afirmó al asumir que respetaría los contratos firmados por el Estado. Y plantea una consecuencia concreta: si Uruguay habilita la iniciativa de Neltume en condiciones que Katoen Natie considere violatorias del acuerdo, la empresa belga iniciará un procedimiento arbitral contra el país.
El gobierno queda así frente a una decisión especialmente delicada. Por un lado, tiene sobre la mesa una propuesta de inversión privada por US$ 900 millones que promete aumentar sustancialmente la capacidad portuaria de Montevideo y convertirlo en un hub regional. Por otro, existe un contrato firmado en 2021 con Katoen Natie cuya concesión se extiende durante más de medio siglo.
La controversia abre además una discusión política inevitable. El Frente Amplio cuestionó duramente desde la oposición el acuerdo firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou con Katoen Natie y la extensión de la concesión hasta 2081. Ahora, desde el gobierno, deberá resolver hasta dónde aquellas críticas pueden convertirse en decisiones sin exponer al Estado a un conflicto jurídico internacional.
La disputa dejó así de ser solamente entre dos operadores privados. Neltume sostiene que el TCA derribó la barrera que impedía una segunda terminal. Katoen Natie responde que su contrato sigue intacto. Y entre ambos queda el gobierno, obligado a decidir si abre el puerto de Montevideo a una nueva competencia o mantiene las reglas pactadas en 2021.
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
