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MONTEVIDEO (UYPRESS/Esteban Valenti) - Ayer se conmemoraron los 121 años de la creación del Diario Oficial en el Uruguay, un pequeño y enorme acto donde se resumió un conjunto de características que diferencian, en el mejor sentido, a nuestro pequeño gran país, por lo menos del resto de América Latina.

Estuvieron presentes el expresidente Julio María Sanguinetti, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el catedrático Oscar Sarlo, y el director general del IMPO, Miguel Lorenzoni, que hicieron uso de la palabra.

Estuvieron presentes otras autoridades, como la subsecretaria del Ministerio del Interior y representantes del Ministerio de Medio Ambiente.

El nivel de los discursos y el recuerdo de los 121 años de trayectoria del IMPO no fueron en absoluto parte de un acto protocolar en su pequeña sede. Fue la recreación y el encuentro de lo mejor del Uruguay, de su respeto por las leyes, de su cuidado documentado de la democracia -que ni siquiera la dictadura pudo romper, como no logró hacerlo con la Corte Electoral- y del resultado del plebiscito de 1980, que asombró al mundo con la derrota de la propuesta de la dictadura. No hay antecedentes.

Para cualquier institución no alcanza con registrar los años de su existencia, sino la calidad de su aporte al ejercicio de las leyes y, por lo tanto, de la democracia.

Los registros escritos de las leyes tienen raíces milenarias que se remontan a la Antigua Roma. La Ley de las XII Tablas (mediados del siglo V a. C.) es el hito fundacional del derecho escrito en la península: alrededor del año 450 a. C., las demandas de la plebe obligaron a plasmar por escrito las normas jurídicas en tablas expuestas públicamente para garantizar la seguridad jurídica y evitar la arbitrariedad de los magistrados patricios. El Corpus Iuris Civilis (siglo VI d. C.), impulsado por el emperador Justiniano, constituyó la gran recopilación sistemática del derecho romano, sentando las bases de la tradición jurídica continental. El diario oficial moderno, como gaceta periódica del Estado italiano, data conceptualmente de 1797 (con la evolución de las gacetas de la época napoleónica e italiana) y adquirió su formato nacional unificado tras la consolidación del Reino de Italia en el siglo XIX.

¿Cuál es el mejor diario de registro de leyes de América Latina y del mundo? No existe una única clasificación oficial o científica que corone a un diario oficial como el «mejor», ya que esto depende de los criterios de evaluación (transparencia, accesibilidad digital, motor de búsqueda, gratuidad e inmediatez). Sin embargo, a nivel internacional y regional destacan referentes por su modernización tecnológica.

En América Latina sobresalen plataformas como el IMPO (Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales) de Uruguay, altamente valorado por su centro de cómputos, bases de datos normativas interconectadas y acceso público gratuito y amigable; el Diario Oficial de la Federación (DOF) de México, por sus robustas herramientas de compilación digital, y el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA). Gran parte de estos países coordinan estándares a través de la Red de Boletines Oficiales Americanos (REDBOA). En Europa, en especial en España, toman al IMPO como referente entre todos los países de América Latina.

A nivel mundial, los sistemas europeos suelen liderar los índices de Gobierno Abierto y digitalización jurídica. La Gazzetta Ufficiale de Italia y el Journal Officiel de Francia son modelos de referencia global debido a su trazabilidad histórica, bases de datos hipervinculadas y su integración con los portales legislativos de la Unión Europea (EUR-Lex), que garantizan la consolidación automática de las normas vigentes frente a sus modificaciones históricas.

El IMPO de Uruguay goza de un gran prestigio internacional dentro de los organismos de información oficial y registros normativos de América Latina.

A diferencia de muchos boletines estatales tradicionales que operan únicamente como repositorios impresos o archivos estáticos de documentos en PDF, el IMPO se ha consolidado como un referente de vanguardia tecnológica, transparencia y acceso democrático a la información jurídica.

Es pionero en consolidación normativa digital: A nivel regional, es frecuentemente citado como un modelo de gestión porque no se limita a publicar la ley del día, sino que ofrece bases de datos jurídicas interconectadas donde la norma se actualiza y consolida automáticamente con sus modificaciones posteriores. Esto resuelve uno de los mayores problemas del derecho comparado: saber con certeza si un artículo específico está vigente o ha sido reformado a lo largo de los años.

Ofrece un servicio abierto y gratuito: En el ámbito internacional de redes de boletines oficiales (como la Red de Boletines Oficiales Americanos - REDBOA), el acceso público, libre y gratuito a todo el acervo normativo uruguayo a través de su plataforma web es considerado una política pública modelo en materia de seguridad jurídica y transparencia ciudadana.

Tiene un alto nivel de innovación en accesibilidad: Es valorado por integrar herramientas de búsqueda avanzada y servicios de valor agregado para la ciudadanía, juristas, investigadores y el Estado, optimizando la trazabilidad de los actos de gobierno.

Reconocimientos de gestión pública: Ha sido distinguido de manera sostenida por su eficiencia institucional, la modernización de sus procesos administrativos y su orientación hacia la optimización de los servicios enfocados en la ciudadanía.

Creo que esto no lo sabe casi nadie, ni siquiera en los organismos del Estado uruguayo. No sería un grave pecado en estos tiempos.

Las intervenciones en el acto de anoche, todas de un alto nivel institucional y cultural, me reafirmaron en el convencimiento de que este es un país único, donde la historia está repleta de ejemplos de instituciones llenas de historia y que resumen nuestro proceso político, jurídico e histórico. El Uruguay, incluso en el derecho, en sus leyes y en sus registros, es totalmente desproporcionado a su tamaño geográfico y al número de sus habitantes.

Se encontraron en el acto los grandes protagonistas: el batllismo, expresado en un magnífico y profundo discurso improvisado del doctor Luis María Sanguinetti; la academia, en un agudo y sutil discurso del catedrático Oscar Sarlo, y una prolija descripción de las actuales funciones y planes del IMPO de parte de su director general, Miguel Lorenzoni. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, no solo estaba por la dependencia institucional del IMPO del MEC, sino para brindar su aporte en estos tiempos de confusión en que no puede existir solo un respeto formal a las instituciones; por encima de eso está el supremo valor democrático.

Había también ausencias notorias: no había un solo dirigente del Partido Nacional -solo un militante de Alianza Nacional con el que conversamos amablemente-, no había un solo representante del MPP (mayoría absoluta de este gobierno) y menos aún un solo periodista de los tres grandes canales de TV privada, ni de la televisión pública ni de TV Ciudad. Estas ausencias, que no son coordinadas previamente y se repiten constantemente, muestran que en este caso no obedecen a una orden superior, sino simplemente a un reflejo cultural e informativo, o desinformativo, incorporado en su ADN.

No voy a bajar al nivel de recordar qué sector del Partido Nacional, hoy desaparecido, no se dignó hacerse presente. Los que quieren saberlo pueden saber las razones.

Volviendo a la historia, el ámbito del primer gobierno de José Batlle y Ordóñez fue el marco donde nació el Diario Oficial en 1915, con algunos instrumentos más atrasados que los actuales, pero como continuidad y cambio de una tradición uruguaya nacida en 1828 de darle al registro de los actos institucionales el valor que les correspondía.

Los cambios tecnológicos y la era digital sirvieron para preservar y hacer todavía más accesibles y democráticos el acceso a la información y a las leyes.

El orgullo nacional no son solo las batallas ganadas y perdidas, las guerras civiles y sus heroísmos y traiciones, las grandes gestas cívicas, sino también el registro de las leyes, para debatirlas (se integran con el diario de sesiones del parlamento donde fueron aprobadas), su constante evolución y su protección frente a todos los intentos destructivos. Aquí, en este Uruguay, le damos mucha importancia a las leyes, a su registro y a su preservación, y son parte esencial del aspecto más importante de la democracia: su espíritu.