UY Press - Agencia uruguaya de noticias

03.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) comparecieron a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes por las fugas y motines que han ocurrido en el transcurso de 2026 y anunciaron que se comenzaron sumarios a cinco funcionarios, según informa diario El País.

Según recuerda el colega Tomás Gutiérrez en el mencionado diario, la última fuga ocurrió a fines de mayo, cuando un adolescente de 17 años se fugó de un centro, en donde cumplía una medida privativa de libertad tras ser declarado coautor del homicidio de un policía en la rambla del Cerro en noviembre del año pasado. El joven, que aún no fue detenido, está vinculado a uno de los grupos criminales de la zona y se presume que participó en varios crímenes.

En la sesión, las autoridades del directorio del organismo informaron que se comenzaron sumarios a cinco funcionarios. Según supo El País, hay sospechas sobre el vínculo de algunos trabajadores con los propios jóvenes, varios de los cuales son cercanos a bandas de crimen organizado.

Conrado Rodríguez, diputado colorado que impulsó la convocatoria, dijo a El País que la última fuga "es un hecho de bastante gravedad" y señaló que consultaron qué "medidas" se han tomado por la problemática.

"Allí la referencia fue que hay sumarios en curso a funcionarios, y han existido también investigaciones. Ha habido coordinación con la Policía y especialmente con el Ministerio del Interior para tratar de reforzar las guardias exteriores a los centros", sostuvo.

Asimismo, indicó que se abordó la cuestión de "las medidas socioeducativas de los internos y cómo manejan la situación con respecto a menores integrantes de bandas".

"Le hicimos la pregunta puntual a ver si había una clasificación para que no estuvieran en el mismo lugar. Se habló de la profesionalidad de muchos de los funcionarios que obviamente esto lo tienen presente a la hora de establecer dónde va cada interno", agregó el diputado.

En diálogo con El País, Jaime Saavedra, presidente del Inisa, destacó que hubo un "apoyo contundente al accionar del directorio", que está integrado además por Daniel Radío, dirigente del Partido Independiente, y Ángel Fachinetti, del Partido Colorado; los tres estuvieron presentes.

Consultado sobre qué medidas está tomando el organismo al respecto, respondió: "Siempre hay ajustes de protocolo y se reúnen los asesoramientos debidos. Yo contaba en forma detallada todo el trabajo que estamos haciendo junto con el Ministerio del Interior para prepararnos para lo que nos toca hoy y sobre todo para lo que se avecina. El perfil de algunos gurises con los que estamos trabajando es cada vez más desafiante".

Caso Jonathan Correa

Previo a la comparecencia del Inisa, asistieron a la comisión autoridades de la Fiscalía de Corte y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por el caso de Jonathan Correa, el joven de 15 años que fue asesinado por su padre a principios de marzo.

Primero fue la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, quien estuvo casi dos horas en la sesión y se retiró sin realizar declaraciones, salvo que agradeció brevemente la comparecencia como oportunidad para brindar la postura de Fiscalía.

En cambio, Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, manifestó en rueda de prensa que se dieron detalles de "cómo se intervino en esta situación, cuándo se hizo la denuncia y qué otras intervenciones existieron antes".

"Básicamente allí las autoridades de UTU dieron cuenta de un montón de acciones asociadas a intervenciones con la familia, convocatorias cuando registraba alguna inasistencia, un conjunto de recursos que se habilitaron para unas particularidades que presentaba el adolescente, y además la denuncia policial cuando no hubo respuesta de la familia", indicó.

En ese sentido, enfatizó que la educación pública "es un actor clave" en "detectar situaciones de violencia, abuso y maltrato". De hecho, señaló que la "mayoría" de denuncias que recibe el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) "provienen de escuelas, liceos y UTU".

También dijo que, de acuerdo al último informe del Sipiav, se interviene en aproximadamente 10.000 situaciones por año: "Cuando tenemos situaciones como esta, lo que da cuenta es de que no llegamos a tiempo y tenemos que seguir revisando a ver cómo llegamos a tiempo".

Con respecto a la comparecencia de Ferrero, Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, aseguró en rueda de prensa que la fiscal de Corte dijo haber tomado conocimiento de la denuncia "como parte de una carátula equivocada, donde se caratula como ubicación de paradero y no como un caso de violencia".

"A partir de eso, el fiscal que interviene no prioriza el asunto en virtud que no parecía ser un tema de entidad. La ANEP también compareció y en ese sentido nosotros queremos destacar que la actuación de la ANEP fue la correcta", afirmó.

Según el legislador, "el denominador común de lo que han sido las comparecencias de todos los organismos que han pasado por la comisión es que falta un sistema de información transversal".

La diputada frenteamplista Margarita Libschitz expresó en rueda de prensa que "todas las delegaciones han coincidido en el relato de qué ha pasado y en qué ha fallado".

"El planteo es que se está fallando y tenemos que repensar la forma en que los organismos, las instituciones del Estado, cruzan los datos y es ahí donde falla. También falla en la comunicación que hay entre la comisaría de la zona y la Fiscalía", declaró.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS