VÍCTIMAS Y TESTIGOS
Interior se suma al gabinete que coordina políticas para víctimas del delito
26.06.2026
MONTEVIDEO (Uypress) – El Ministerio del Interior se integró a la reunión del Gabinete Coordinador de Políticas para Víctimas y Testigos del Delito, un espacio interinstitucional liderado por la Fiscalía General de la Nación y orientado a mejorar la respuesta del Estado frente a las personas afectadas por hechos delictivos.
La subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, participó este miércoles 24 de junio en la instancia, que fue presidida por la fiscal de Corte y procuradora general de la Nación subrogante, Mónica Ferrero.
El encuentro reunió a autoridades de Fiscalía, Interior, organismos públicos, instituciones de derechos humanos, defensa pública, Banco de Previsión Social, INAU, ministerios vinculados a políticas sociales y representantes de la sociedad civil.
El objetivo central fue fortalecer la coordinación entre los distintos organismos que intervienen en la atención, protección, acompañamiento y seguimiento de víctimas y testigos de delitos.
Durante la reunión, la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Manuela Reguera, presentó una rendición de cuentas sobre la atención brindada durante 2024 y 2025. También se expusieron publicaciones, actividades de formación, oportunidades de mejora y buenas prácticas de articulación interinstitucional.
Valverde destacó la reactivación de este ámbito y subrayó la necesidad de avanzar en una hoja de ruta común que permita mejorar la respuesta del Estado. Según planteó, el análisis realizado permitió identificar desafíos en materia de coordinación, protocolos, normativa y mecanismos de atención integral.
El Gabinete Coordinador fue creado por decreto en 2018, con la finalidad de articular políticas públicas destinadas a víctimas y testigos de delitos. Su creación respondió a la necesidad de ordenar recursos, evitar superposiciones y garantizar respuestas integrales ante situaciones que muchas veces involucran consecuencias sociales, económicas, psicológicas, familiares y laborales.
El nuevo Código del Proceso Penal incorporó una mirada más activa sobre el lugar de las víctimas y testigos dentro del proceso penal. Esa transformación exigió al Estado desarrollar herramientas de protección, acompañamiento y acceso a derechos que no dependan únicamente de la actuación judicial.
La Fiscalía General de la Nación ejerce la coordinación general del Gabinete, pero su funcionamiento requiere la participación de múltiples instituciones. La atención a víctimas de delitos violentos, violencia basada en género, trata de personas, explotación laboral, abuso sexual, homicidios o amenazas a testigos exige respuestas que muchas veces exceden el ámbito penal.
Por eso, la articulación con Interior resulta especialmente relevante. La Policía suele ser la primera institución estatal en tomar contacto con víctimas, denunciantes y testigos. La forma en que se recibe una denuncia, se protege a una persona amenazada o se deriva un caso puede ser decisiva para evitar nuevas vulneraciones.
El Ministerio del Interior también tiene un rol clave en la generación de información, la prevención, la protección policial y la coordinación territorial con jefaturas, comisarías especializadas y equipos vinculados a violencia doméstica, género, trata y delitos graves.
La reunión permitió identificar áreas donde se requiere una mayor articulación institucional. Entre ellas, la actualización de protocolos, la mejora de los mecanismos de derivación, la adecuación de respuestas a nuevas dinámicas delictivas y el fortalecimiento de la atención a víctimas de homicidios, violencia basada en género, trata de personas y explotación laboral.
El desafío no es menor. Muchas víctimas atraviesan el proceso penal en condiciones de especial vulnerabilidad, con miedo, dificultades económicas, falta de información, exposición a represalias o dependencia del agresor. En esos casos, la protección no puede limitarse a una medida judicial aislada: debe formar parte de una política pública sostenida.
También los testigos requieren garantías efectivas. Sin protección, acompañamiento y confianza en las instituciones, muchas personas pueden desistir de declarar o quedar expuestas a presiones. La calidad de la investigación penal depende, en parte, de la capacidad del Estado para cuidar a quienes colaboran con la justicia.
El Gabinete Coordinador busca justamente consolidar una respuesta común. No se trata solo de reunir instituciones, sino de construir circuitos claros de actuación, definir responsabilidades, compartir información cuando corresponda y asegurar que las personas afectadas no deban recorrer solas un laberinto burocrático.
La participación de organismos como el BPS, INAU, ASSE, ministerios sociales, Defensoría Pública, Institución Nacional de Derechos Humanos y sociedad civil muestra que la política hacia víctimas y testigos debe ser integral. Salud, vivienda, protección social, asistencia jurídica, seguridad, reparación y acompañamiento psicosocial forman parte de una misma respuesta.
La instancia también reafirma una orientación de política pública: colocar a las víctimas en el centro del sistema, no como figuras secundarias del proceso penal, sino como personas titulares de derechos que requieren información, trato digno, protección y participación.
La reactivación del Gabinete llega en un contexto de creciente preocupación social por la violencia, los homicidios, la explotación, la violencia de género y el crimen organizado. Frente a ese escenario, la persecución penal de los responsables es necesaria, pero insuficiente si no va acompañada de una política robusta de atención y protección a las personas afectadas.
Interior, Fiscalía y el resto de los organismos deberán ahora transformar la coordinación institucional en resultados concretos: mejores protocolos, derivaciones más rápidas, protección efectiva y respuestas adecuadas en todo el territorio nacional.
El desafío de fondo es que ninguna víctima ni testigo quede solo frente al delito. Esa es la razón de ser del Gabinete y el sentido de la participación del Ministerio del Interior en esta nueva etapa de trabajo interinstitucional.
Imagen: Portal Ministerio del Interior
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
