NACIONALES / OPERACIÓN TRAZADOR
Investigan si un local de cobranzas vinculado a la esposa de Gandini fue utilizado para lavar dinero
22.09.2026
MONTEVIDEO (Uypress) – La Policía y la Fiscalía investigan si un local de pagos y cobranzas propiedad de Laura Scalabrino, esposa del dirigente nacionalista Jorge Gandini, fue utilizado por Pablo Leiva para movilizar o blanquear dinero procedente del narcotráfico.
La nueva línea de investigación forma parte de la Operación Trazador, que permitió incautar aproximadamente 265 kilos de drogas, armas, municiones, vehículos y importantes cantidades de dinero en efectivo.
Leiva, quien trabajaba como asesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez, fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por un delito de lavado de activos y otro de tráfico interno de municiones.
La investigación sobre el local de cobranzas no implica, por sí misma, que su propietaria o sus empleados hayan participado en las operaciones presuntamente realizadas por Leiva. Hasta el momento no se informó públicamente que Scalabrino haya sido imputada o condenada por algún delito.
Una agencia incluida en la investigación
Según informó la diaria, con base en fuentes del Ministerio del Interior, los investigadores analizan la utilización de la agencia 71/02 de una red nacional de pagos y cobranzas.
El establecimiento figura a nombre de Laura Scalabrino Muga y aparece como bien ganancial en la declaración jurada que Gandini presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública.
La pesquisa deberá establecer qué operaciones se realizaron, quiénes intervinieron y si los responsables o trabajadores del local conocían el origen de los fondos.
Una de las hipótesis manejadas es que Leiva habría utilizado también una empresa de construcción para justificar o introducir dinero de origen ilícito en el circuito formal.
Fuentes vinculadas con Gandini sostuvieron que el dirigente no mantenía una relación personal con Leiva y que las operaciones se habrían realizado sin conocimiento de Scalabrino ni de los empleados de la agencia.
Más de 260 kilos de droga y dinero en efectivo
La Operación Trazador permitió incautar unos 141 kilos de pasta base y 124 kilos de cocaína. Los efectivos también encontraron alrededor de tres millones de pesos, más de 42.000 dólares, armas de fuego, municiones y una máquina para contar billetes.
Parte del dinero fue encontrada en una habitación protegida por una puerta blindada en una vivienda utilizada por Pablo Leiva y su hijo Lucio.
La investigación concluyó inicialmente con tres personas condenadas, aunque las autoridades continúan analizando teléfonos, computadoras, documentación y movimientos financieros para determinar la extensión de la organización.
Los datos encontrados en esos dispositivos habrían permitido abrir nuevas líneas de pesquisa sobre el destino y los mecanismos de circulación del dinero.
El vínculo político
Pablo Leiva trabajaba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez en la Junta Departamental de Montevideo.
Gómez fue electo por la lista 250, sector encabezado por Gandini, y también integra el Directorio del Partido Nacional en representación de la juventud partidaria.
Tras conocerse la condena, el edil anunció la desvinculación de Leiva, pidió disculpas al Partido Nacional y afirmó que desconocía sus actividades delictivas.
Lucio Leiva, hijo del condenado, también había sido contratado como asesor. Fue detenido durante el operativo y posteriormente liberado. Su defensa sostuvo que no tiene responsabilidad en los hechos atribuidos a su padre.
La liberación no equivale necesariamente al cierre definitivo de las actuaciones, pero hasta ahora no se comunicó una imputación en su contra.
Blás reclama una respuesta de toda la sociedad
El senador nacionalista Rodrigo Blás afirmó que el narcotráfico logró penetrar diferentes ámbitos de la sociedad uruguaya y sostuvo que la respuesta no puede quedar limitada a la actuación policial.
El legislador señaló que deben fortalecerse los controles, reducirse los riesgos de utilización de empresas legales y combatir la aceptación social del dinero procedente de actividades ilícitas.
Blás había advertido anteriormente que el narcotráfico estaba siendo “normalizado” y reclamado mayor respaldo institucional para la Policía y la Justicia, además de políticas educativas y campañas de prevención.
La investigación deberá establecer ahora si el local fue utilizado deliberadamente para lavar activos, si sus controles internos resultaron insuficientes o si Leiva realizó las operaciones sin conocimiento de sus propietarios y empleados.
La existencia de movimientos en una agencia comercial no demuestra por sí sola la participación de sus responsables. La atribución de responsabilidades penales corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
