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01.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – Japón reforzará a partir de este año su cooperación con Uruguay en la lucha contra el narcotráfico, en una iniciativa que combina asistencia tecnológica, capacitación y una lectura estratégica sobre la seguridad del país como condición para sostener y ampliar inversiones privadas.

El acuerdo, impulsado por el gobierno japonés a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, prevé la entrega de equipos para inspección de cargamentos y paquetes, además de capacitación a autoridades uruguayas. Uno de los componentes mencionados para esta línea de trabajo ronda el millón de dólares.

La cooperación forma parte de una estrategia regional que también comprende a Argentina, Ecuador y México, países considerados relevantes en los corredores de salida de drogas, incluidas sustancias sintéticas y precursores químicos. En total, Japón financiará dos proyectos en América Latina por unos tres millones de dólares, con énfasis en Uruguay.

El eje del programa es fortalecer la seguridad marítima y la capacidad de control en puntos críticos de salida del continente. Para Uruguay, el tema adquiere especial relevancia por el peso de su infraestructura portuaria, su inserción logística regional y su papel como país exportador con creciente exposición a redes criminales transnacionales.

El lanzamiento de la iniciativa se realizó en mayo en el Ministerio del Interior, con participación de autoridades uruguayas, representantes de la Armada Nacional, la Dirección Nacional de Aduanas, la UNODC y la Embajada de Japón. El proyecto busca mejorar las capacidades de detección, respuesta e intercambio de información frente al avance del crimen organizado.

La novedad política está en el énfasis colocado por Japón en el vínculo entre seguridad pública, estabilidad institucional y entorno de negocios. Para Tokio, el fortalecimiento de controles contra el narcotráfico no responde únicamente a una preocupación policial, sino también a la necesidad de preservar condiciones de confianza para empresas extranjeras, incluidas las japonesas.

El embajador japonés en Montevideo, Kenichi Okada, sostuvo durante el lanzamiento que su país desea profundizar la cooperación con Uruguay como socio estratégico y contribuir a la paz, la estabilidad y la prosperidad internacional. En ese marco, vinculó la mejora de la seguridad pública y la estabilidad de los servicios con la creación de un entorno en el que las empresas extranjeras puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad.

Uruguay aparece para Japón como un socio confiable por su tradición democrática, respeto al Estado de derecho y estabilidad institucional. Sin embargo, el avance regional del narcotráfico obliga a reforzar controles en sectores sensibles, especialmente en puertos, cargas, paquetes y corredores marítimos conectados con mercados de Asia y el Pacífico.

La preocupación no es aislada. En los últimos años, las organizaciones criminales utilizaron con mayor sofisticación las cadenas logísticas internacionales para mover drogas, contaminar contenedores, lavar activos y aprovechar puntos de salida con alto volumen comercial. Esa dinámica convirtió la seguridad marítima en un tema de Estado, pero también en un factor de competitividad económica.

El gobierno uruguayo busca mostrar capacidad de anticipación frente a ese riesgo. La cooperación japonesa se suma a otras iniciativas internacionales de seguridad y apunta a fortalecer herramientas técnicas antes de que el país enfrente niveles de penetración criminal comparables a los de otras jurisdicciones de la región.

La lectura de fondo es clara: para un país pequeño, abierto y dependiente de su reputación internacional, la seguridad logística no es solo un asunto policial. También incide en la confianza de los inversores, en la calidad de los servicios públicos, en el comercio exterior y en la imagen de Uruguay como plataforma segura para negocios regionales.

La cooperación con Japón instala así una agenda más amplia. Combatir el narcotráfico ya no significa únicamente interceptar cargamentos o desarticular redes criminales, sino proteger la credibilidad institucional del país y sostener condiciones de estabilidad para atraer inversión productiva.

Imagen: Portal Mnisterio del Interior Uruguay