UY Press - Agencia uruguaya de noticias

12.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió una denuncia que señala presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por el expresidente Luis Lacalle Pou a lo largo de su carrera pública.

La denuncia fue ingresada el 8 de junio y ya cuenta con expediente digital, aunque el tema todavía no comenzó a ser analizado por el directorio del organismo. La presidenta de la Jutep, Ana María Ferraris, confirmó que existen denuncias ingresadas y que deberán ser estudiadas.

El escrito fue presentado por Esequiel Ibarra, convencional nacional del Partido Colorado, y plantea que la Junta evalúe la consistencia y trazabilidad de la evolución patrimonial declarada por Lacalle Pou desde su ingreso a la Cámara de Diputados en el año 2000, pasando por su período como senador y hasta el final de su mandato presidencial, en 2025.

Según la información difundida, la denuncia no formula una imputación penal ni atribuye directamente conductas irregulares al exmandatario. Su objetivo declarado es solicitar que el organismo competente revise la documentación presentada y determine si existen elementos que ameriten observaciones o aclaraciones.

Uno de los puntos señalados refiere a presuntas inconsistencias en el registro de vehículos incluidos en distintas declaraciones juradas. En particular, se mencionan interrogantes sobre la evolución declarada de un automóvil y la ausencia posterior de una camioneta que había figurado previamente entre los bienes del expresidente.

La Jutep es el órgano encargado de recibir y custodiar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios obligados a presentarlas, además de promover políticas de transparencia, ética pública y prevención de la corrupción. En el caso del presidente y vicepresidente de la República, esas declaraciones son publicadas oficialmente por el organismo.

En mayo de 2025, la Jutep publicó las declaraciones juradas de bienes e ingresos correspondientes al período 2020-2025. Allí figuran los documentos de Lacalle Pou como presidente, incluyendo la declaración inicial, las actualizaciones durante el mandato y la declaración de cese.

El análisis de la evolución patrimonial de los presidentes suele ser materia de atención pública porque permite contrastar ingresos, activos, pasivos, operaciones inmobiliarias, vehículos y otros bienes declarados durante el ejercicio de cargos de alta responsabilidad institucional.

En 2024, medios uruguayos ya habían informado que Lacalle Pou declaró ante la Jutep un patrimonio neto cercano a los 593.000 dólares, con activos compuestos por ingresos, depósitos bancarios, inmuebles y vehículos, además de pasivos vinculados a deudas hipotecarias o prendarias.

En ese momento también se informó que su patrimonio había aumentado respecto a declaraciones anteriores, aunque esas variaciones fueron presentadas dentro de los documentos publicados oficialmente por la Jutep. La nueva denuncia, en cambio, apunta a que el organismo revise si toda esa evolución patrimonial mantiene coherencia documental a lo largo del tiempo.

La situación ocurre en un clima político especialmente sensible para la Jutep. En las últimas semanas, el organismo también recibió denuncias vinculadas al presidente Yamandú Orsi, lo que volvió a colocar bajo discusión pública el rol de la Junta, su independencia, sus tiempos de resolución y el tratamiento de expedientes con fuerte impacto político.

Por ahora, el caso Lacalle Pou se encuentra en una etapa preliminar. La existencia de una denuncia y la apertura de un expediente no implican por sí mismas constatación de irregularidades. El directorio deberá analizar la documentación, evaluar la admisibilidad sustantiva del planteo y definir si corresponde solicitar aclaraciones, avanzar en un estudio de fondo o archivar las actuaciones.

El expediente abre, sin embargo, una nueva discusión sobre transparencia patrimonial en Uruguay. Más allá del resultado, el caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de que las declaraciones juradas de los funcionarios sean claras, trazables y suficientemente completas para sostener la confianza pública.