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14.11.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Ocho muertos, 40 heridos y ninguna condena. Una nueva investigación revela documentos ocultos y reconstruye medio siglo de impunidad y reclamos de justicia.

Este sábado 14 de noviembre se cumplen 55 años de una de las mayores tragedias aéreas ocurridas en Uruguay. En 1971, durante una exhibición organizada por la Armada Nacional en Kibón, dos helicópteros militares chocaron y provocaron la muerte de ocho personas, entre ellas tres menores de edad, y heridas a otras 40.

Más de medio siglo después, ninguna persona fue condenada, numerosas víctimas quedaron sin reparación y el Estado uruguayo todavía no ha reconocido formalmente su responsabilidad ni pedido perdón a los sobrevivientes.

Una investigación de la periodista Mariángel Solomita, publicada por El País y complementada con un podcast de seis episodios, reconstruye los hechos, examina documentación que permaneció reservada durante décadas y recoge testimonios de quienes todavía conviven con las consecuencias de aquella tarde.

Una exhibición que terminó en desastre

El 14 de noviembre de 1971, la Armada celebraba su aniversario con una demostración pública de dos helicópteros Sikorsky adquiridos en Estados Unidos mediante una operación cuestionada por irregularidades administrativas y técnicas.

Más de 10.000 personas se congregaron en la zona de Kibón para presenciar las maniobras. Durante una operación de transporte de un jeep, uno de los helicópteros perdió estabilidad, regresó hacia la explanada y chocó contra la otra aeronave, que permanecía con el motor encendido.

Las aspas se fragmentaron y sus restos alcanzaron al público. El resultado fue devastador. La organización había previsto una sola ambulancia, no había convocado a Bomberos y carecía de medidas suficientes para mantener a los espectadores alejados de la zona de operaciones.

Una compra rodeada de irregularidades

La adquisición de los helicópteros había sido cuestionada en el Parlamento por legisladores como Nelson Alonso y Amílcar Vasconcellos. Los aparatos habían sido utilizados durante la guerra de Vietnam y posteriormente retirados del servicio estadounidense.

La operación se concretó sin licitación, sin consultas técnicas suficientes y sin cumplir diversos procedimientos administrativos. La Fuerza Aérea había considerado que esas aeronaves no resultaban adecuadas para las necesidades uruguayas.

Sin embargo, la Armada decidió comprarlas y exhibirlas públicamente en un contexto político particularmente conflictivo, apenas dos semanas antes de las elecciones nacionales de 1971.

Una investigación militar sin responsables

Pese a que había víctimas civiles, la investigación quedó en manos de la Justicia Militar. El proceso duró cinco meses y solamente fueron interrogados 20 militares y policías. Ningún sobreviviente civil fue convocado a declarar.

En abril de 1972, el expediente fue clausurado sin establecer responsabilidades penales. La conclusión oficial atribuyó el desastre a causas fortuitas. Sin embargo, una pericia de la Fuerza Aérea, que permaneció oculta durante años, señaló como causa principal un error de pilotaje y, como factores secundarios, graves fallas organizativas y operativas.

La documentación también revela la desaparición de elementos materiales de las aeronaves y la ausencia de investigaciones técnicas exhaustivas en el expediente militar.

Las víctimas y la reparación pendiente

Susana Dorado perdió a su hijo Pablo, de ocho años, mientras su esposo sufrió heridas gravísimas que determinaron la amputación de una pierna. Otros sobrevivientes padecieron mutilaciones, secuelas permanentes y consecuencias psicológicas que marcaron sus vidas.

En 1973, el gobierno autorizó fondos para indemnizaciones, pero las reparaciones fueron parciales y desiguales. Según una denuncia presentada por damnificados ante organismos interamericanos, solamente 24 de las 48 víctimas recibieron alguna compensación.

Durante décadas, los sobrevivientes reclamaron acceso a los archivos, una investigación independiente y el reconocimiento de la responsabilidad estatal. Tampoco los gobiernos posteriores a la recuperación democrática, incluidos los del Frente Amplio, dieron una respuesta definitiva a sus demandas.

Una deuda que permanece abierta

En 2008, la Intendencia de Montevideo instaló un monolito recordatorio en Kibón. Actualmente, su deterioro contrasta con la persistencia del dolor de las familias. La nueva investigación periodística devuelve visibilidad a una tragedia que quedó relegada por los acontecimientos políticos posteriores y por décadas de silencio institucional.

A 55 años del desastre, el reclamo central de los sobrevivientes ya no se limita a una compensación económica. Exigen algo más elemental: que el Estado reconozca su responsabilidad, esclarezca lo ocurrido y pida perdón. Porque el tiempo transcurrido no convierte la impunidad en justicia ni el silencio oficial en olvido.

Foto: Archivo de diario El País