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19.05.2026

VIRGINIA / EEUU (Uypress) – La causa contra Sebastián Marset en Estados Unidos ingresó en una nueva etapa de negociación judicial. La audiencia preliminar que estaba prevista para este miércoles 20 de mayo ante la Justicia federal de Alexandria, en Virginia, fue postergada para el próximo 1° de julio, luego de un pedido conjunto de la Fiscalía y la defensa del acusado.

El documento que fundamentó la solicitud fue fechado el 15 de mayo y presentado por los abogados de Marset junto al fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff, quien lleva adelante la acusación. Según informó Búsqueda, el planteo fue formulado con el consentimiento expreso del acusado y de sus defensores.

La razón central de la prórroga es el volumen de la evidencia. La Fiscalía informó que reunió 22 GB de prueba, una cantidad que, según la propia acusación, equivale aproximadamente a millones de páginas de texto o miles de archivos digitales. Ese material incluye comunicaciones interceptadas en idiomas extranjeros, evidencia obtenida a través de tratados de asistencia legal mutua y decenas de miles de páginas de registros financieros vinculados, entre otros países, a Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.

La defensa busca ahora “realizar una revisión más completa” de ese material, volver a reunirse con Marset y continuar las negociaciones sobre un eventual acuerdo de culpabilidad. Montevideo Portal informó que el propio Marset firmó el documento en el que aceptó haber consultado con su abogado y comprender el alcance de la moción para aplazar la audiencia.

El movimiento judicial es relevante porque cambia el eje inmediato del caso. La audiencia del 20 de mayo debía servir para evaluar el estado del proceso, pero la nueva postergación confirma que las partes exploran una salida negociada antes de avanzar hacia un juicio. En términos prácticos, un eventual acuerdo de culpabilidad podría implicar colaboración del acusado con información a cambio de una reducción de condena; si no hay acuerdo y el caso llega a juicio, Marset quedaría expuesto a la pena máxima prevista para los cargos actuales.

La última comparecencia relevante de Marset ante la Justicia de Alexandria había sido a comienzos de abril. En esa instancia, el juez Rossie D. Alston Jr. leyó los cargos en su contra y tanto la defensa como la Fiscalía renunciaron al derecho a un juicio rápido. Esa decisión abrió paso a un proceso más extenso bajo los criterios de la Speedy Trial Act, que permite suspender plazos cuando la causa es considerada compleja.

En aquella audiencia, Aminoff ya había advertido que era probable una acusación sustitutiva, conocida en el sistema estadounidense como superseding indictment. Ese instrumento suele ampliar una acusación existente y puede incorporar nuevos cargos. OCCRP señaló que la acusación actual refiere de forma reiterada a actividades de narcotráfico, aunque formalmente el cargo vigente en Estados Unidos es conspiración para cometer lavado de dinero.

De ser hallado culpable por los cargos actuales, Marset enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas que podrían superar los US$ 500.000. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que el caso es llevado por los fiscales Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg, del Distrito Este de Virginia.

Marset fue detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia. Reuters informó que las autoridades bolivianas confirmaron su captura y posterior transferencia a territorio estadounidense, en un operativo que puso fin a años de búsqueda internacional.

La acusación estadounidense sostiene que Marset lideraba una organización de gran escala dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, con operaciones vinculadas a Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros países. Según el Departamento de Justicia, en enero de 2021 Marset habría tenido a cobrar más de 17 millones de euros provenientes de un solo cargamento de cocaína, mientras su asociado Federico Santoro habría participado en el lavado de al menos 5 millones de euros a través del sistema bancario estadounidense.

Santoro, señalado como socio cercano de Marset, se declaró culpable en mayo de 2025 y fue condenado en julio de ese año a 15 años de prisión. Para la Fiscalía estadounidense, su caso constituye una pieza clave en la reconstrucción de la estructura financiera atribuida a la organización.

La investigación también incorporó elementos incautados fuera de Estados Unidos. La diaria informó que celulares de Marset fueron enviados a territorio estadounidense, y Cadena del Mar consignó que uno de los principales teléfonos había sido hallado dentro de una caja fuerte y remitido para pericias.

El expediente tiene, además, una dimensión política y regional. Marset fue durante años uno de los fugitivos más buscados del Cono Sur y su captura volvió a poner bajo foco las conexiones transnacionales del narcotráfico, el uso de bancos internacionales para mover fondos ilícitos y la cooperación entre agencias judiciales y policiales de varios países. El Departamento de Justicia recordó que, antes de su detención, Estados Unidos ofrecía hasta US$ 2 millones por información que condujera a su arresto o condena.

La nueva fecha del 1° de julio aparece ahora como el próximo punto clave del proceso. Para entonces, la defensa deberá haber avanzado en el análisis de la evidencia y la Fiscalía definirá si mantiene el camino hacia un acuerdo de culpabilidad, si impulsa una acusación ampliada o si prepara el caso para juicio. En cualquiera de los escenarios, la causa Marset ya dejó de ser solo un expediente de lavado: se transformó en una prueba mayor para la cooperación judicial internacional contra las redes financieras del narcotráfico.