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15.07.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – La creciente influencia de China sobre la pesca en el Atlántico Sur volvió a encender alarmas en Argentina, pero el debate también interpela directamente a Uruguay. La presión sobre los recursos marinos, la operativa de flotas extranjeras, el uso del puerto de Montevideo y los límites de la fiscalización regional colocan al país en el centro de una discusión que ya no puede leerse solo en clave argentina.

El disparador más reciente fue un informe publicado en Buenos Aires sobre el avance de capitales chinos en empresas pesqueras argentinas dedicadas al calamar. Según iProfesional, el trabajo del investigador Milko Schvartzman sostiene que firmas vinculadas a China ya controlan casi dos tercios de la flota argentina de calamar, mediante participación accionaria en compañías locales y esquemas de “pesca cooperativa”.

El dato es sensible porque no refiere únicamente a buques extranjeros pescando en alta mar, fuera de jurisdicción nacional. Apunta a una modalidad más profunda: capitales extranjeros que ingresan a estructuras empresariales locales y acceden, desde adentro, a permisos para operar dentro de zonas económicas exclusivas. En el caso argentino, el informe menciona compañías como Shanghai Fisheries Group, Zhejiang Ocean Family, Qingdao Haoyang Ocean Fishery, Dalian Huafeng Aquatic Products y China National Fisheries Corporation como actores con control o presencia en empresas pesqueras argentinas.

La preocupación no es nueva. Reuters informó en mayo que alrededor de 200 buques chinos pasan meses cada año cerca de la Zona Económica Exclusiva argentina, principalmente en la captura de calamar, y que la flota creció cerca de 50% en la última década. La agencia también recogió inquietudes de autoridades argentinas y estadounidenses sobre sobrepesca y posibles usos duales de algunas embarcaciones, aunque aclaró que no hay pruebas concluyentes de actividad de inteligencia en la región.

La milla 201, justo por fuera de la jurisdicción argentina, es uno de los puntos más visibles de esa presión. Allí operan centenares de buques poteros, principalmente chinos, coreanos y taiwaneses, en busca de Illex argentinus, una especie de enorme valor comercial y ecológico. Al tratarse de aguas internacionales con débil regulación regional, el margen de control de los Estados costeros es limitado.

Para Uruguay, el problema tiene al menos tres dimensiones: ambiental, económica y geopolítica. Ambiental, porque la presión sobre el calamar y otras especies del Atlántico Sur afecta ecosistemas compartidos y cadenas tróficas que no reconocen fronteras administrativas. Económica, porque la pesca uruguaya compite en un entorno regional marcado por flotas subsidiadas, de gran escala y con costos operativos imposibles de igualar. Geopolítica, porque Montevideo es parte de la infraestructura que permite la permanencia de esas flotas en el Atlántico.

El puerto de Montevideo aparece desde hace años como un nodo logístico clave para flotas pesqueras extranjeras. Dialogue Earth informó que Montevideo recibe, en promedio, unos 300 barcos pesqueros extranjeros por año y que es utilizado por flotas chinas, españolas, coreanas y panameñas, entre otras. El mismo informe recordó que Uruguay es firmante del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, que busca impedir el acceso portuario a embarcaciones vinculadas a pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El rol de Montevideo genera un dilema. Por un lado, el puerto ofrece servicios legales de abastecimiento, reparación, descanso de tripulaciones, descarga, transbordo y reexportación. Por otro, organizaciones ambientales y especialistas advierten que esa operativa puede facilitar, directa o indirectamente, la continuidad de flotas cuestionadas por pesca no regulada, apagado de sistemas de rastreo, transbordos opacos y abusos laborales en alta mar.

El Observador ya había informado que el puerto de Montevideo es uno de los preferidos por buques extranjeros sospechados de pesca ilegal en el Atlántico y que, según datos citados por especialistas, entre 2020 y 2021 más de 300 buques extranjeros atracaron allí, en su mayoría de origen taiwanés y chino. También consignó denuncias sobre falta de recursos para inspecciones y sobre el uso del puerto para descargas, reparaciones y desembarco de tripulantes fallecidos.

La situación uruguaya se volvió más compleja este año por el nuevo acuerdo de cooperación pesquera firmado con China. Presidencia informó en febrero que Uruguay y China suscribieron acuerdos vinculados a manejo sostenible de recursos pesqueros, entre otras áreas agropecuarias. En abril, DINARA avanzó en la implementación técnica de ese memorando, con líneas de trabajo en evaluación pesquera, monitoreo, sostenibilidad y fortalecimiento institucional.

En términos formales, la cooperación técnica puede ser positiva para Uruguay: permite intercambio de información, fortalecimiento institucional, investigación y desarrollo de capacidades de monitoreo. Pero el contexto regional obliga a una lectura más exigente. China no es solo un socio científico o comercial; también es la principal potencia pesquera de aguas distantes y uno de los actores más cuestionados por su presencia masiva en los bordes de las zonas económicas exclusivas sudamericanas.

La Asociación Oceanográfica Uruguaya y otros analistas han planteado precisamente esa “zona gris”: Uruguay puede beneficiarse de cooperación técnica con China, pero al mismo tiempo debe evitar que la asimetría de escala comprometa su autonomía sobre información estratégica, recursos marinos y decisiones de política pesquera.

El problema de fondo es que el Atlántico Sur funciona como un sistema compartido. La sobrepesca o pesca no regulada cerca de Argentina impacta sobre especies migratorias, cadenas de valor, mercados y ecosistemas de toda la región. El calamar Illex argentinus es clave no solo por su valor comercial, sino porque integra la dieta de peces, aves y mamíferos marinos. Una presión excesiva sobre esa especie puede afectar otras pesquerías, incluida la merluza, y alterar equilibrios ecológicos más amplios.

La Environmental Justice Foundation documentó entre 2019 y 2024 abusos laborales y ambientales en la pesca de calamar del Atlántico suroeste, especialmente en buques chinos. Su informe sostiene que las horas de pesca en alta mar aumentaron 65% en ese período y que ese incremento fue casi totalmente atribuible a la flota potera china, cuyo esfuerzo creció 85%. También advierte sobre trabajo forzoso, violencia física, jornadas extremas y muertes no investigadas.

La dimensión laboral tampoco es ajena a Uruguay. Montevideo ha sido señalado en distintos informes como puerto de llegada de tripulantes enfermos o fallecidos y como punto donde deberían reforzarse inspecciones para detectar indicios de trata o trabajo forzoso. El Observador citó recomendaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos para que Uruguay evalúe proactivamente a trabajadores extranjeros en embarcaciones atracadas en puertos uruguayos o presentes en aguas nacionales.

El debate argentino sobre la milla 201 y el control chino de parte de la flota de calamar tiene, por tanto, un espejo uruguayo. Argentina mira la pérdida de control sobre empresas y permisos dentro de su propio sistema pesquero. Uruguay debe mirar el papel que cumple como plataforma logística regional y el nivel de control efectivo que ejerce sobre buques que llegan a su puerto.

La discusión no debería reducirse a una confrontación diplomática con China. También implica revisar capacidades estatales propias: cantidad de inspectores, coordinación entre DINARA, Prefectura, Aduanas y autoridades portuarias, trazabilidad de capturas, controles sobre transbordos, verificación de sistemas AIS, revisión de antecedentes de buques y cooperación regional con Argentina, Brasil y Chile.

Uruguay tiene antecedentes positivos. Fue uno de los primeros países en aprobar medidas de la FAO contra la pesca ilegal, y las autoridades han destacado su adhesión al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto. Pero los compromisos internacionales requieren recursos, inspecciones, inteligencia marítima y voluntad política sostenida para que no queden solo en declaraciones.

El desafío estratégico es mayor porque la flota china no opera únicamente como un conjunto de barcos. Se apoya en subsidios, empresas estatales o semiestatales, buques frigoríficos, transbordos, puertos de apoyo, financiamiento, acuerdos bilaterales y presencia comercial. Esa red permite pescar durante meses en alta mar y reducir costos frente a flotas nacionales mucho más pequeñas.

Para la industria pesquera uruguaya, la presión externa se suma a problemas propios: envejecimiento de la flota, dificultades de competitividad, costos internos y necesidad de diversificar especies y mercados. DINARA informó este año que impulsa la renovación de la flota y la diversificación de pesquerías, un punto relevante si Uruguay quiere evitar quedar reducido a proveedor logístico de operaciones ajenas.

La pregunta central ya no es solo cuántos barcos chinos operan frente a Argentina, sino qué lugar quiere ocupar Uruguay en el Atlántico Sur. Puede ser un país que presta servicios portuarios sin preguntar demasiado, o puede asumir un rol activo en control, trazabilidad, ciencia pesquera y gobernanza regional.

El avance chino sobre el calamar argentino funciona como advertencia. Cuando una potencia pesquera global gana control sobre flotas, permisos, logística e información, el riesgo no es solamente ambiental. Es también económico y soberano: quién decide qué se pesca, cuánto se pesca, dónde se descarga, bajo qué reglas y con qué beneficios para los países ribereños.

Uruguay no está fuera de esa ecuación. Su costa, su puerto, su zona económica exclusiva y su relación con China lo colocan dentro del tablero. La oportunidad está en transformar la cooperación pesquera en fortalecimiento real de capacidades nacionales. El riesgo está en que la cooperación termine consolidando una dependencia en un mar cada vez más disputado.