Megal: una pericia judicial apunta a la influencia de sus competidores dentro de la empresa
07.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress/JWL)- La Justicia civil examina la actuación de Gusfel, vinculada por los denunciantes a Acodike, y su coordinación con Kimley. El MEF investiga posibles efectos sobre la competencia en el mercado del supergás.
Una disputa empresarial que lleva años sin resolverse volvió a colocar bajo examen la estructura de propiedad del mercado uruguayo del supergás. Megal, una de las tres principales empresas privadas del sector, enfrenta un conflicto societario con accionistas a los que vincula con sus competidoras Acodike y Riogas. Ahora, una pericia realizada en el ámbito de la Justicia civil aporta nuevos elementos sobre la capacidad de influencia de esos accionistas en las decisiones de la compañía.
La controversia también tiene una dimensión administrativa. Según la información aportada sobre el estado actual del caso, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asumió competencia ante una denuncia y se encuentra investigando la situación.
El asunto plantea una pregunta que trasciende a los accionistas de Megal: ¿qué ocurre con la competencia cuando empresas que disputan un mismo mercado mantienen participaciones accionarias, directas o indirectas, dentro de una de sus rivales?
Una pericia que aporta nuevos elementos
En el marco de las acciones promovidas por el abogado Jean Jacques Bragard ante la Justicia civil contra Gusfel, Acodike y miembros de la familia Aparikian-Imaz, una perito designada judicialmente examinó las relaciones societarias y la actuación de los accionistas involucrados.
Según los antecedentes de la pericia proporcionados para esta investigación, la profesional concluyó recientemente que Gusfel tenía una "influencia significativa" sobre Megal. El concepto es relevante porque no se limita a establecer la titularidad de un porcentaje de acciones. Supone, además, capacidad real para incidir en las decisiones financieras y operativas de la sociedad.
La perito también identificó elementos compatibles con una actuación coordinada entre Gusfel y otro accionista, Kimley. Entre esos elementos figuran acuerdos de accionistas, coordinación de votos y coincidencias de posición en asuntos societarios relevantes.
La conclusión adquiere particular importancia por los vínculos que Megal atribuye a esas dos sociedades con sus competidoras Acodike y Riogas.
No obstante, la constatación de influencia societaria y de indicios de coordinación no equivale, por sí misma, a una declaración judicial de conducta anticompetitiva. Esa cuestión requiere un análisis específico de las actuaciones y sus efectos sobre el mercado.
Un interés que podría ir más allá de la inversión
Otro de los aspectos relevantes de la pericia refiere a los posibles objetivos de Gusfel dentro de Megal. La profesional sostuvo que el interés de esa sociedad "no parecería ser exclusivamente económico" y dejó planteada la posibilidad de que existieran intereses ajenos a la propia compañía.
La observación se vincula con una de las principales denuncias formuladas durante años por la conducción de Megal: que la participación de accionistas relacionados con empresas competidoras habría dificultado la adopción de decisiones necesarias para su crecimiento.
En 2023, Megal informó ante la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) que Acodike y Riogas tenían, a través de sociedades vinculadas, una participación conjunta del 30,07% de su capital accionario.
Según aquella presentación, Gusfel representaba el 13,79% y Kimley el 16,28%. El problema, argumentaba la empresa, era que sus estatutos exigían el voto favorable del 75% del capital para adoptar determinadas resoluciones de especial importancia.
En consecuencia, una participación minoritaria superior al 25% podía resultar suficiente para bloquear decisiones que requirieran esa mayoría especial. Megal sostenía que esa estructura dificultaba el acceso al financiamiento bancario, los aumentos de capital y otras iniciativas destinadas a fortalecer su posición en el mercado.
Documentación que no fue entregada
La actuación pericial también habría encontrado dificultades para acceder a información considerada necesaria para completar el examen. Según los apuntes sobre el expediente, la perito dejó constancia en reiteradas oportunidades de problemas para obtener documentación y señaló que Gusfel no colaboró con los requerimientos realizados.
La misma situación se habría producido con Acodike S.A., que no entregó la información solicitada. Al responder una vista posterior, la profesional observó que Acodike podría aportar esa documentación si, como sostiene, no mantiene vinculación alguna con Megal.
Este punto puede adquirir relevancia para la valoración judicial de las pruebas, aunque la falta de entrega de documentación no permite concluir automáticamente que las sociedades hayan cometido una irregularidad.
Tampoco consta, con la información disponible para esta nota, si las empresas ofrecieron posteriormente explicaciones adicionales o impugnaron las conclusiones periciales.
Una controversia que llegó al Parlamento
El conflicto no comenzó ahora. En diciembre de 2022, representantes de Megal comparecieron ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes para denunciar que sus dos competidoras estaban presentes dentro de su estructura accionaria.
En aquella oportunidad, Bragard cuestionó que empresas que competían comercialmente con Megal pudieran participar, mediante sociedades vinculadas, en decisiones fundamentales de su funcionamiento.
La directora de Megal, Rossana Bucheli, también sostuvo que las dificultades societarias perjudicaban las posibilidades de inversión y desarrollo de la compañía.
Un mes después, en enero de 2023, Megal formalizó sus planteos ante la Ursea. La denuncia identificó a Gusfel como sociedad vinculada, según Megal, con integrantes de la familia propietaria de Acodike, mientras que atribuyó a Kimley relaciones societarias con el grupo de Riogas.
En marzo de ese año, la Ursea remitió la denuncia a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del MEF. Los antecedentes muestran que la controversia ya tenía entonces una dimensión regulatoria, además de la disputa entre accionistas.
El Ministerio de Economía investiga
La novedad administrativa comunicada ahora es que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia asumió competencia ante la denuncia y se encuentra investigando la situación. La intervención de este organismo resulta relevante porque sus atribuciones no se limitan a examinar los derechos de los accionistas.
Su cometido es determinar si existen prácticas que restrinjan, limiten o distorsionen la competencia, de acuerdo con la legislación uruguaya. En ese contexto, el examen puede comprender las relaciones entre las sociedades involucradas, los mecanismos de participación accionaria y los eventuales efectos de las decisiones empresariales sobre el funcionamiento del mercado.
La investigación no supone que se haya comprobado una infracción. Será necesario establecer si existieron conductas prohibidas y, en ese caso, identificar responsabilidades.
La discusión de fondo: quién puede decidir en Megal
El caso tiene una particularidad que lo diferencia de un conflicto societario convencional. No se trata únicamente de accionistas que discrepan sobre la estrategia de una empresa. La controversia surge porque Megal atribuye a dos de sus principales competidoras la presencia indirecta en su capital.
Esa circunstancia plantea interrogantes sobre la autonomía de sus decisiones comerciales, la posibilidad de financiar inversiones y el acceso de accionistas vinculados a competidores a información sensible.
La nueva pericia, según los elementos conocidos, agrega una cuestión fundamental: la eventual coordinación entre Gusfel y Kimley y la posibilidad de que los intereses perseguidos no fueran exclusivamente económicos.
Las conclusiones definitivas dependerán de las decisiones judiciales y administrativas que todavía están pendientes.
Pero la controversia ya dejó de ser solamente una discusión sobre porcentajes accionarios.
Lo que está bajo examen es si la estructura de propiedad de Megal permite a sociedades vinculadas con empresas rivales influir en decisiones esenciales para su funcionamiento y su capacidad de competir en el mercado uruguayo del supergás.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
