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Metediera, quien asumió la presidencia de UNASEV en marzo de 2025 tras una extensa trayectoria como intendente de Canelones y director de Tránsito del departamento, reiteró una propuesta que ya había planteado meses atrás: la creación de tres fiscalías especializadas en materia de tránsito y seguridad vial. La idea, según explicó en declaraciones a Noticias 5, es que las infracciones graves como las picadas clandestinas y la conducción bajo los efectos del alcohol no queden impunes por falta de seguimiento judicial.

Solo en un caso de todas las denuncias que presentamos por picadas la persona tuvo que hacer trabajo comunitario. Esa fue la excepción, afirmó Metediera, subrayando que la mayoría de los expedientes quedan archivados o no llegan a tener resolución. La situación genera frustración en UNASEV, que desde hace años mantiene una línea de denuncia telefónica para que los ciudadanos reporten carreras clandestinas, pero donde el eslabón judicial se muestra como el más débil.

La propuesta de fiscalías especializadas no es nueva. En mayo de 2026, Metediera ya había adelantado ante El Observador que buscaría avanzar en la creación de tres unidades fiscales dedicadas a los delitos de tránsito, con el argumento de que no puede ser gratis correr picadas ni conducir alcoholizado. La iniciativa, sin embargo, depende del Poder Legislativo y del Ministerio Público, donde hasta el momento no ha prosperado.

Paralelamente, el titular de UNASEV destacó los resultados de los operativos Ñandubay, una iniciativa del Ministerio del Interior que desde enero de 2026 realiza controles masivos de motocicletas en todo el país. Según datos oficiales del gobierno, entre el 12 de enero y mediados de mayo se controlaron 95.338 vehículos, se incautaron 11.327 motos y se aplicaron cerca de 25.000 multas. El operativo se enfoca en detectar motos sin documentación, sin casco, con escape libre o conducidas por menores de edad.

Metediera reconoció que los resultados son positivos pero insuficientes, y que se debe reforzar el trabajo en más lugares. La concentración de los controles en determinadas zonas ha generado que los infractores se desplacen a otras áreas, lo que exige una ampliación del radio de acción de los operativos. La incautación de motos, por otra parte, no resuelve el problema de fondo si no se acompaña de sanciones que disuadan la reincidencia.

El panorama de la seguridad vial en Uruguay sigue siendo preocupante. A pesar de las campañas de concientización y los operativos de control, las picadas clandestinas se han convertido en un fenómeno recurrente, especialmente en zonas costeras y avenidas de Montevideo y Canelones. Los videos de carreras ilegales circulan en redes sociales con impunidad, y en muchos casos los participantes son menores de edad que manejan vehículos sin licencia y sin casco protector.

UNASEV ha intentado complementar la acción policial con denuncias penales, pero el cuello de botella en la Justicia frena cualquier efecto disuasorio. La creación de una fiscalía especializada, argumenta Metediera, permitiría agilizar los procesos, acumular pruebas con criterio técnico y aplicar sanciones ejemplificadoras que hagan pensar dos veces a quienes consideran las calles como una pista de carreras.

La discusión sobre seguridad vial en Uruguay atraviesa un momento de definiciones. Por un lado, el gobierno apuesta a los operativos de control masivo como Ñandubay. Por el otro, falta una respuesta judicial que cierre el círculo entre la detección de la infracción y la sanción efectiva. Metediera lo resume en una frase: si la Justicia no actúa, no tiene consecuencias. Y sin consecuencias, los operativos quedan a mitad de camino.