UY Press - Agencia uruguaya de noticias

19.07.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – Las mujeres uruguayas alcanzan mayores niveles de matriculación y formación educativa que los hombres, pero esa ventaja no se traduce en igualdad de ingresos, oportunidades laborales, autonomía económica o participación en los espacios de decisión

Así lo establece el informe “Indicadores de género del Uruguay a 2024”, presentado en la Torre Ejecutiva por el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

El documento examina la evolución de 25 metas vinculadas con ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible y busca proporcionar información para orientar las políticas públicas hacia la igualdad de género.

Una de las principales conclusiones es la existencia de una paradoja educativa. Las mujeres superan a los hombres en años de estudio, culminación de la educación primaria y matrícula terciaria, pero continúan enfrentando mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral y acceder a empleos de calidad.

La tasa bruta de matrícula terciaria alcanzó 101,6% entre las mujeres y 59,2% entre los hombres en 2023. No obstante, las mujeres siguen subrepresentadas en áreas como ingeniería, tecnologías de la información y comunicaciones, sectores asociados con empleos de mayor remuneración y demanda creciente.

En el mercado laboral, la brecha en los ingresos mensuales del trabajo fue de 22,2% durante 2024, en perjuicio de las mujeres. Al comparar la remuneración por hora, la diferencia se redujo a 3,4%.

La tasa de desempleo femenino se ubicó en 9,4%, frente a 7,2% entre los hombres. La participación de las mujeres en el mercado laboral continuó, además, cerca de 15 puntos porcentuales por debajo de la masculina.

Las diferencias están relacionadas, entre otros factores, con la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados.

Las mujeres destinan 14,8% de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, más del doble del 7,2% registrado entre los hombres. Su carga total de trabajo llega a 54,5 horas semanales, frente a 50,1 horas en el caso masculino.

Sin embargo, mientras los hombres concentran la mayor parte de esas horas en actividades remuneradas, las mujeres dedican una proporción considerablemente mayor al cuidado de niños, personas mayores, personas dependientes y al funcionamiento cotidiano de los hogares.

El informe sostiene que esta organización social del cuidado limita el tiempo disponible para buscar empleo, ampliar la formación, desarrollar actividades personales o participar en ámbitos políticos y comunitarios.

La desigualdad también aparece en la autonomía económica. En 2024, el 12,7% de las mujeres mayores de 14 años no contaba con ingresos propios, casi el doble del 6,8% registrado entre los hombres.

La pobreza afecta con mayor intensidad a las mujeres. La tasa femenina fue 2,1 puntos porcentuales superior a la masculina y el índice de feminidad de la pobreza se situó en 153,8.

Las mayores diferencias se observaron entre los 25 y 29 años: 21,2% de las mujeres de ese tramo se encontraba en situación de pobreza, frente a 16,3% de los hombres. Entre los 30 y 49 años, los porcentajes fueron de 18,2% y 13%, respectivamente.

Las desigualdades aumentan cuando se incorporan otras condiciones sociales. La pobreza alcanzó al 30,5% de las mujeres afrodescendientes, casi el doble del 16,7% registrado entre las mujeres no afrodescendientes.

El reporte advierte que las mujeres afro enfrentan simultáneamente mayores niveles de exclusión educativa, salarios más bajos, dificultades para ingresar al mercado laboral y una menor representación en los ámbitos de decisión.

En materia de participación política, las mujeres representan el 29% de quienes fueron elegidos para integrar el Senado y la Cámara de Representantes durante la legislatura 2025-2030.

También ocupan el 35,7% de las carteras ministeriales y el 31,7% de los cargos en órganos deliberativos de los gobiernos locales. El informe considera que, pese a algunos avances, Uruguay continúa mostrando una marcada subrepresentación femenina en los espacios de poder.

La violencia basada en género permanece entre los aspectos más graves. El 18,5% de las mujeres y adolescentes mayores de 15 años declaró haber sufrido violencia física, sexual o psicológica de una pareja o expareja durante los 12 meses anteriores a la encuesta de 2019.

En 2023 se registraron 23 femicidios consumados, un promedio cercano a dos muertes por mes. Otro 6,5% de las mujeres manifestó haber sufrido violencia sexual durante la infancia.

Las instituciones responsables del informe reconocieron avances en la reducción del embarazo adolescente, la cobertura de la primera infancia, la culminación educativa y el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

La tasa de natalidad entre adolescentes de 15 a 19 años descendió a 21 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2023, mientras la escolarización de niños y niñas de cinco años alcanzó el 100%.

La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, afirmó que los datos permiten comprobar que Uruguay ha avanzado, aunque de manera insuficiente y desigual. Sostuvo que las políticas públicas deben apoyarse en información verificable para determinar cuáles son las áreas que necesitan una intervención más urgente.

El informe concluye que los mayores niveles educativos alcanzados por las mujeres no han conseguido superar cuatro problemas estructurales: la desigual distribución del poder, la división sexual del trabajo, la concentración de los recursos económicos y la persistencia de patrones culturales discriminatorios.

Los organismos recomendaron fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, asignar recursos suficientes a las políticas de género, avanzar hacia una democracia paritaria e incorporar una perspectiva interseccional que contemple las realidades de las mujeres afrodescendientes, rurales, con discapacidad, migrantes y trans.

El desafío señalado por el estudio no consiste únicamente en mejorar los indicadores generales, sino en conseguir que la mayor formación educativa de las mujeres se transforme en ingresos, autonomía, corresponsabilidad en los cuidados y participación efectiva en las decisiones públicas.

Imagen: Ministerio de Desarrollo Social