NACIONALES / OPERACIÓN TRAZADOR
Negro advirtió sobre la incidencia del dinero del narcotráfico en la política y la economía
MONTEVIDEO (Uypress) – El ministro del Interior, Carlos Negro, expresó su preocupación por la incidencia del dinero procedente del narcotráfico en las estructuras políticas y económicas del país, al referirse a las derivaciones de la Operación Trazador.
La investigación permitió incautar más de 265 kilos de cocaína y pasta base y culminó con la condena de tres personas, entre ellas Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez.
“El narcotráfico, la incidencia que tiene el dinero producto del narcotráfico en las estructuras de un país, políticas pero también económicas, y toda la problemática que genera el lavado de dinero como distorsión de un sistema económico, en el país, en la región y en el mundo, por supuesto que preocupa al Ministerio del Interior”, afirmó Negro.
Consultado sobre la vinculación laboral que mantenía Leiva con el dirigente del Partido Nacional, el ministro indicó que la investigación permanece abierta y evitó atribuir responsabilidades políticas.
“Por lo demás, que responda quien tenga que responder”, expresó.
Seguir la ruta del dinero
Negro sostuvo que la estrategia contra el narcotráfico no puede limitarse a incautar sustancias o conseguir condenas, sino que debe alcanzar el patrimonio y las redes financieras utilizadas por las organizaciones criminales.
“No se trata solamente de incautar, no se trata solamente de meter presas a las personas. Es también pensar que algún día salen y lo que nosotros nos proponemos es que cuando salgan no tengan un peso”, señaló.
El ministro agregó que una de las responsabilidades de los investigadores consiste en desarticular las estructuras de lavado e impedir que las personas condenadas conserven el dinero obtenido mediante actividades delictivas.
Este enfoque implica identificar inmuebles, vehículos, empresas, cuentas bancarias y movimientos financieros que puedan estar relacionados con la comercialización de drogas.
Más de 265 kilos de droga
La Operación Trazador fue desarrollada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, con apoyo de otras unidades de la Policía Nacional, la Prefectura y la Fiscalía especializada.
Durante el procedimiento fueron incautados 141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína, lo que representa un total de 265,744 kilos de sustancias.
Las autoridades también decomisaron casi tres millones de pesos, US$ 42.564, armas de fuego, municiones para fusil AK-47, vehículos de alta gama y una máquina para contar billetes.
El Ministerio del Interior estimó que la droga incautada tenía un valor cercano a los dos millones de dólares. Las autoridades señalaron que la cantidad de pasta base equivalía aproximadamente a tres millones de dosis destinadas a la comercialización minorista.
Tres condenas
La Fiscalía obtuvo tres condenas mediante acuerdos abreviados.
Leiva fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por un delito de lavado de activos, en la modalidad de posesión y tenencia, y un delito de tráfico interno de municiones.
La investigación sobre el origen y el destino del dinero, así como sobre las operaciones financieras relacionadas con el condenado, continúa abierta.
La Policía también intenta establecer el destino de más de 200 municiones incautadas durante los procedimientos y determinar si existieron otras personas o empresas involucradas en las maniobras.
Las derivaciones políticas
El caso adquirió repercusión política después de conocerse que Leiva trabajaba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez. Tras la condena, el dirigente departamental resolvió desvincularlo.
Uno de los hijos de Leiva también se desempeñaba como asesor del mismo edil, pero la Fiscalía no encontró elementos para imputarlo en esta etapa de la investigación.
La pertenencia laboral o política del condenado no supone por sí misma responsabilidad penal para el edil ni para otras personas vinculadas con su sector.
Operaciones en un local de cobranzas
Los investigadores analizan movimientos realizados por Leiva en una sucursal de una red de cobranzas ubicada en el barrio Pérez Castellanos y perteneciente a la esposa del exsenador nacionalista Jorge Gandini, actual director de la Administración Nacional de Puertos.
Hasta el momento, no se informó oficialmente de imputaciones contra Gandini, su esposa o los empleados del establecimiento.
Gandini negó que en el local se hubieran realizado operaciones irregulares y afirmó que Leiva concurría como vecino y cliente para pagar facturas.
“Conocen a esta persona que fue condenada por lavado de activos, es cliente y concurre al local solo a pagar recibos”, manifestó. También descartó que Leiva comprara o vendiera dólares en el establecimiento y aseguró que la documentación se encuentra disponible para las autoridades.
La investigación deberá determinar si algunas de las facturas o transacciones realizadas por el condenado formaban parte de una maniobra de lavado. Esa posibilidad no permite concluir que el comercio o sus propietarios conocieran el eventual origen ilícito del dinero.
Una investigación todavía abierta
Negro señaló que la actuación policial continuará centrada en reconstruir el recorrido del dinero y detectar las estructuras utilizadas para introducir recursos del narcotráfico en la economía formal.
El jerarca evitó pronunciarse sobre las consecuencias partidarias del caso, pero sostuvo que la presencia de dinero del crimen organizado en ámbitos políticos o económicos constituye un riesgo institucional que debe ser investigado.
La Operación Trazador, por tanto, no concluyó con la incautación de la droga y las tres condenas. La etapa siguiente estará concentrada en determinar cómo circuló el dinero, qué actividades financió y si existieron otros participantes en las operaciones investigadas.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
