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31.05.2026

PROGRESO (Uypress) – El inicio de las obras de saneamiento en Progreso quedó atravesado por una fuerte disputa política sobre el alcance real del plan de universalización del servicio en el interior del país.

El proyecto original, anunciado durante la administración anterior, preveía extender el saneamiento a 61 localidades del interior, con una inversión cercana a US$ 349 millones, más de 57.000 nuevas conexiones, 812 kilómetros de redes de alcantarillado sanitario y decenas de plantas de tratamiento de aguas residuales. La promesa alcanzaba a unas 150.000 personas y buscaba elevar la cobertura de saneamiento en el interior desde 48% hasta cerca de 70%.

Sin embargo, la actual conducción de OSE, encabezada por Pablo Ferreri, decidió reformular el plan y reducir su alcance a unas 30 localidades. El argumento central es que el diseño original no tenía respaldo financiero suficiente ni criterios técnicos claros para definir prioridades.

Ferreri sostiene que la empresa heredó un proyecto con compromisos superiores al financiamiento disponible. Según explicó en el Parlamento, la inversión prevista superaba los US$ 580 millones, mientras que el préstamo de Fonplata era de unos US$ 320 millones. Esa diferencia generaba un descalce financiero cercano a US$ 260 millones para un organismo que ya atravesaba dificultades estructurales.

El presidente de OSE también cuestionó la selección de las localidades. Afirmó que no encontró un documento técnico que explicara por qué se priorizaron esas 61 y no otras. Según su visión, el rediseño debe concentrarse primero en zonas con mayor densidad de población, mayor impacto ambiental y mejores condiciones para avanzar de forma viable.

La decisión generó críticas entre vecinos y dirigentes políticos del interior, especialmente en localidades que estaban incluidas en el plan original y ahora quedaron fuera o pasaron a una etapa posterior. En Progreso, donde el saneamiento ya cubre parte de la ciudad pero no todos los barrios, el malestar se expresa en reclamos concretos: vecinos que esperaban la obra y ahora no tienen certeza sobre plazos, calles intervenidas y promesas que quedaron en discusión.

El caso de Progreso muestra el costado más sensible del debate. El saneamiento no es una obra abstracta ni una disputa de cifras entre administraciones. Para las familias, implica salud, ambiente, dignidad, valorización de viviendas, reducción de pozos negros y mejora directa de la calidad de vida.

La anterior administración defendía el plan como una obra histórica. En 2023, Presidencia anunció que OSE había aprobado el llamado a licitación para universalizar el saneamiento en 61 localidades del interior. Se informó entonces que las obras serían simultáneas, que comenzarían en 2024 y que crearían unos 2.500 puestos de trabajo directos.

El préstamo de Fonplata fue presentado en abril de 2024 como una pieza clave para financiar el proyecto. El organismo multilateral informó que el objetivo era ampliar los servicios de alcantarillado en 61 localidades de 18 departamentos, con 43 nuevas plantas de tratamiento, tres reacondicionadas y más de 57.000 conexiones domiciliarias.

Raúl Montero, expresidente de OSE, rechaza ahora la interpretación de Ferreri. Sostiene que el proyecto estaba encaminado, que la adjudicación de la totalidad de las obras estaba garantizada y que el plan podía ejecutarse tal como había sido diseñado. Para la oposición, la reducción implica un retroceso en una política de alcance nacional y afecta especialmente a localidades pequeñas.

El oficialismo responde que mantener el plan original sin financiamiento real habría sido irresponsable. Según Ferreri, avanzar con obras comprometidas por encima de la capacidad financiera de OSE podía poner en riesgo al organismo y generar incumplimientos contractuales, sobrecostos o demoras mayores.

El debate también involucra criterios de equidad territorial. La oposición cuestiona que el rediseño priorice localidades más grandes o densas, porque considera que eso deja relegadas a poblaciones menores que también tienen derecho a saneamiento. OSE responde que las localidades de menor escala requerirán soluciones alternativas, adaptadas a volumen de población, condiciones ambientales y costos de operación.

Ese punto será uno de los más difíciles de resolver. Universalizar saneamiento en el interior no significa aplicar una misma solución en todos lados. En algunas ciudades puede ser viable una red tradicional con planta de tratamiento. En otras, por baja densidad o dispersión urbana, pueden requerirse soluciones descentralizadas, sistemas alternativos o etapas de intervención más largas.

El problema es que la comunicación pública del plan original instaló expectativas muy concretas. Cuando se anuncia saneamiento para 61 localidades, cada comunidad entiende que la obra llegará. Si luego se reduce el alcance, el debate técnico se transforma rápidamente en frustración política y social.

La disputa también revela un problema mayor de planificación de infraestructura pública. Las grandes obras requieren financiamiento completo, estudios técnicos sólidos, permisos ambientales, cronogramas realistas, capacidad de ejecución y claridad sobre costos asociados. Si alguna de esas piezas falla, los proyectos quedan expuestos a revisiones, sobrecostos y enfrentamientos entre gobiernos.

El saneamiento es, además, una de las brechas más importantes del interior uruguayo. A diferencia del acceso al agua potable, que tiene cobertura muy alta, el alcantarillado sanitario sigue siendo desigual fuera de Montevideo. Por eso, cualquier demora o reducción del plan tiene impacto directo en el desarrollo territorial.

La reformulación de OSE no elimina la apuesta por ampliar el saneamiento, pero cambia su escala inmediata. La empresa sostiene que duplicará la inversión anual respecto a períodos anteriores y que dejará una hoja de ruta de largo plazo. La oposición, en cambio, afirma que el gobierno recorta una obra ya adjudicada y posterga a decenas de localidades.

Entre ambas posiciones queda la ciudadanía. Vecinos que ven carteles de obra, calles intervenidas o promesas incumplidas reclaman respuestas menos políticas y más concretas: qué se hará, cuándo, con qué financiamiento y qué solución tendrá cada localidad.

El inicio de los trabajos en Progreso, lejos de cerrar la discusión, la reabrió. El saneamiento volvió a ser una prioridad nacional, pero también una disputa sobre herencias, recursos, prioridades y credibilidad del Estado.

La pregunta central ya no es si Uruguay debe ampliar el saneamiento en el interior. En eso hay acuerdo. La pregunta es cómo hacerlo sin prometer más de lo que se puede financiar, pero sin dejar atrás a las localidades que llevan décadas esperando.