UY Press - Agencia uruguaya de noticias

17.04.2026

RIVERA (Uypress) - Un megaoperativo contra el tráfico internacional de armas dejó en el norte del país más de 30 personas formalizadas, entre ellas dos adolescentes, y la incautación de casi 100 armas, más de 3.500 municiones, siete vehículos, celulares, cigarrillos y otros elementos. El Ministerio del Interior presentó el procedimiento como la mayor incautación registrada en Uruguay en una operación de este tipo.

La investigación, denominada Operación Ares, fue llevada adelante por la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, con apoyo de las jefaturas de Rivera, Artigas, Tacuarembó y Durazno. Según informó la cartera, los efectivos ejecutaron 35 allanamientos simultáneos en Rivera, Tranqueras, Vichadero, Minas de Corrales y Artigas, tras detectar la existencia de un grupo trasnacional dedicado a comercializar armas y municiones a través de redes de mensajería.

De acuerdo con la información oficial, la organización estaba integrada por ciudadanos uruguayos y brasileños y era liderada por un recluso vinculado a una de las facciones brasileñas que operan en la frontera Rivera-Santana do Livramento. Entre los involucrados figuran un funcionario policial y un expolicía. La Policía indicó además que, durante la pesquisa, detectó otros tres grupos vinculados al comercio ilegal de armas, con más de 1.700 integrantes.

El director de Investigaciones de la Policía Nacional, Julio Sena, sostuvo en conferencia de prensa que, según las bases de datos consultadas por la fuerza, se trata de la operación más importante realizada en el país específicamente contra el tráfico de armas. Las armas serán ahora periciadas por Policía Científica para establecer si fueron robadas o utilizadas en otros delitos dentro o fuera de Uruguay, con apoyo de los sistemas de intercambio de información de Interpol.

La fiscal semiespecializada de 3º Turno de Rivera, Alejandra Domínguez, informó que fueron formalizados 31 adultos y dos adolescentes por delitos de tráfico interno de armas de fuego y municiones bajo modalidad de venta. Las penas dispuestas van de 18 a 24 meses de libertad a prueba.

El operativo vuelve a poner el foco sobre la frontera norte como corredor sensible para el tráfico ilícito de armas y sobre la creciente conexión entre redes locales y estructuras criminales de alcance regional.