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MONTEVIDEO (Uypress)- El fiscal Enrique Rodríguez investigará posibles maniobras de lavado y la operativa de casas de cambio vinculadas al caso.

La Operación Trazador, que comenzó con una de las mayores incautaciones recientes de cocaína y pasta base y derivó rápidamente en tres condenas, acaba de abrir un nuevo frente. La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos resolvió iniciar una investigación separada para determinar hasta dónde llegó el circuito utilizado para blanquear el dinero de la organización y qué papel tuvieron casas de cambio y locales de cobranza.

El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, tomó la decisión luego de reunirse este lunes con efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID). De acuerdo con información confirmada por Telenoche (canal 4), Rodríguez recibió nuevos elementos reunidos por los investigadores policiales y resolvió abrir una causa para profundizar las posibles maniobras de lavado. La pesquisa alcanzará inicialmente a dos casas de cambio relacionadas con la operativa investigada. 

La decisión supone un cambio importante respecto de la situación planteada apenas unos días atrás. El 23 de setiembre, la propia Fiscalía General había informado que, al momento de celebrarse la audiencia que terminó con las primeras condenas, la carpeta de investigación no contenía elementos que permitieran vincular a otras personas con actividades de lavado, más allá de quienes ya habían sido condenados. Fiscalía advertía, sin embargo, que cualquier elemento nuevo debía ser remitido precisamente a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. 

Esos nuevos elementos llegaron. La Policía ya venía trabajando en una ampliación del caso. El viernes que la DGRTID había avanzado sobre un presunto circuito de blanqueo que involucraría a más personas, casas de cambio y locales de cobranza. Según ese medio, investigadores policiales sostienen que pudieron reconstruir parte del funcionamiento del grupo y que las maniobras bajo análisis no se limitarían al simple cambio de pesos por dólares. 

La Operación Trazador comenzó el 17 de setiembre y permitió incautar más de 265 kilos de drogas, entre ellos 141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína, además de unos $ 3 millones, US$ 42.000, vehículos, armas y municiones. El Ministerio del Interior estimó el valor de los estupefacientes en casi US$ 2 millones. 

La primera etapa judicial terminó con tres condenas mediante procesos abreviados. El señalado como líder de la organización recibió seis años y seis meses de penitenciaría por delitos relacionados con narcotráfico, armas, receptación y lavado de activos. Su pareja fue condenada a tres años por asistencia a las actividades del narcotráfico. Una tercera persona, Pablo Leiva, recibió dos años y seis meses por lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, en reiteración real con tráfico interno de municiones. 

El caso adquirió además dimensión política porque Leiva se desempeñaba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez. Posteriormente trascendieron operaciones realizadas por Leiva en establecimientos vinculados a dirigentes políticos, circunstancias que ahora forman parte del contexto de una investigación que deberá determinar responsabilidades concretas sin anticiparlas. 

La apertura de la nueva causa cambia así el eje de Trazador. La primera investigación permitió identificar droga, dinero y responsabilidades penales que terminaron en condenas. La Fiscalía de Lavado deberá ahora reconstruir el camino del dinero: cómo ingresaba al circuito formal, por qué establecimientos pasó, quiénes intervinieron en las operaciones y si existieron otras personas que conocieran o facilitaran el origen ilícito de esos fondos.

La Operación Trazador, por lo tanto, ya no está cerrada. La droga permitió llegar al dinero; ahora la investigación intentará determinar hasta dónde conduce ese dinero. 

Foto: Operación Trazador / Ministerio del Interior