CASO SOLEDAD BARRERA / RESPONSABILIDAD MÉDICA Y SANCIÓN ADMINISTRATIVA
Orsi restableció los cinco años de inhabilitación a la anestesista condenada por la muerte de Soledad Barrera
10.11.2026
MONTEVIDEO (Uypress) – El presidente de la República, Yamandú Orsi, resolvió este martes 10 de noviembre restablecer la inhabilitación profesional por cinco años de la anestesista María Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. La decisión dejó sin efecto una resolución de octubre de 2025 mediante la cual la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, había reducido la sanción original a tres años.
La nueva resolución lleva las firmas de Orsi y de la propia Lustemberg y confirma lo dispuesto inicialmente por la Comisión de Salud Pública el 3 de diciembre de 2024.
El Poder Ejecutivo hizo lugar al recurso presentado por Rosario Barrera, madre de la médica fallecida, después de considerar nuevos elementos probatorios incorporados al expediente.
La decisión pone fin a una controversia administrativa que había generado cuestionamientos de la familia, renuncias en la comisión asesora del Ministerio de Salud Pública (MSP) y debates parlamentarios sobre los fundamentos de la reducción.
Los nuevos elementos que llevaron a revisar la sanción
El cambio de criterio se apoyó en un informe de la División de Servicios Jurídicos del MSP, fechado el 28 de octubre y firmado por su director, Martín Esposto.
El documento recomendó volver a los cinco años de inhabilitación después de examinar información que no había sido considerada al momento de reducir la sanción.
Entre los elementos incorporados se encuentran la sentencia penal del 18 de diciembre de 2025, informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses, actuaciones judiciales y antecedentes administrativos de la institución médica donde se realizó la intervención.
La condena penal se produjo después de la resolución ministerial del 1.º de octubre de 2025 que había reducido la inhabilitación.
El informe jurídico también reconoció que la madre de Soledad Barrera no había recibido la vista ni la notificación correspondiente de aquella decisión, circunstancia que habilitaba su impugnación.
La reconsideración respondió, por tanto, tanto a nuevos antecedentes probatorios como a aspectos vinculados con las garantías del procedimiento administrativo.
Las pericias identificaron apartamientos de la práctica médica
La resolución presidencial retomó las conclusiones de la Comisión de Salud Pública, que había identificado cuatro apartamientos graves de las reglas de la práctica médica.
Entre las observaciones recogidas en los informes forenses se encuentran cuestionamientos a la extubación de la paciente durante la intervención quirúrgica.
Los peritos consideraron que esa decisión no fue apropiada, teniendo en cuenta que posteriormente fue necesario volver a intubarla dentro del área quirúrgica.
También se examinaron las circunstancias en que la anestesista se ausentó de la sala de operaciones.
La documentación señaló que no pudo establecerse con claridad si informó adecuadamente al equipo quirúrgico ni si dejó a otro profesional responsable de continuar el control anestésico durante su ausencia.
Los informes también incluyeron observaciones sobre registros de la historia clínica.
Estos antecedentes fueron considerados relevantes para evaluar la gravedad de la actuación profesional y determinar la proporcionalidad de la sanción administrativa.
Una operación de vesícula que terminó con la muerte de una pediatra
El caso se remonta al 26 de octubre de 2023, cuando Soledad Barrera, médica pediatra de 41 años, fue intervenida quirúrgicamente para una operación de vesícula.
Durante el procedimiento sufrió un paro cardiorrespiratorio que le provocó una lesión neurológica severa e irreversible.
Barrera permaneció durante aproximadamente diez meses en una situación de extrema dependencia hasta su fallecimiento, el 13 de agosto de 2024.
La actuación de la anestesista fue objeto de investigaciones administrativas y judiciales.
En diciembre de 2024, la Comisión de Salud Pública resolvió disponer su inhabilitación profesional por cinco años.
Posteriormente, en diciembre de 2025, Miralles fue condenada por homicidio culposo mediante un proceso penal abreviado.
La condena penal y la sanción administrativa corresponden a procedimientos diferentes, con fundamentos y consecuencias jurídicas propias.
La decisión de Lustemberg que provocó la controversia
El 1.º de octubre de 2025, la ministra Cristina Lustemberg resolvió reducir de cinco a tres años la inhabilitación administrativa impuesta a Miralles.
La decisión fue cuestionada por los padres de Soledad Barrera, quienes sostuvieron que no existían razones suficientes para disminuir una sanción establecida después de examinar la actuación profesional.
También provocó desacuerdos dentro de la Comisión Honoraria de Salud Pública, varios de cuyos integrantes renunciaron.
La ministra defendió entonces que la resolución había sido adoptada sobre la base de asesoramiento jurídico y criterios de proporcionalidad.
En sus comparecencias parlamentarias rechazó que hubiera existido intención de favorecer a la anestesista.
La controversia motivó movilizaciones de familiares y allegados, así como presentaciones ante el Colegio Médico del Uruguay.
Uypress informó oportunamente sobre las protestas de junio, las nuevas denuncias presentadas en setiembre y la decisión del Tribunal de Ética Médica de no admitir una denuncia contra Lustemberg por considerar que su actuación cuestionada correspondía al ejercicio de una función ministerial.
Una resolución firmada por Orsi y Lustemberg
El nuevo pronunciamiento revoca expresamente la decisión ministerial de octubre de 2025 y confirma la sanción original de diciembre de 2024.
Según los fundamentos difundidos, el Poder Ejecutivo consideró que no existían circunstancias atenuantes suficientemente acreditadas que justificaran disminuir el período de inhabilitación.
La resolución también cuestionó la falta de antecedentes comparables que fundamentaran aquella reducción.
Desde el MSP señalaron que el nuevo informe jurídico fue elaborado durante varios meses y que sus conclusiones fueron consideradas por la ministra y el presidente.
En declaraciones recogidas por Búsqueda, Lustemberg manifestó que la nueva decisión había sido acordada con Orsi.
La inhabilitación por cinco años queda sujeta a una reevaluación por parte de la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República antes de su vencimiento.
La reacción de la familia y de la oposición
Rosario Barrera, madre de la pediatra fallecida, recibió la noticia con una valoración favorable de la reconsideración presidencial, aunque recordó el largo proceso de reclamos que debió atravesar su familia.
Según declaró a El País, la decisión representa un reconocimiento de la gravedad del caso, pero no elimina las consecuencias de la muerte de su hija.
En el ámbito político, el diputado nacionalista Federico Casaretto respaldó la decisión de Orsi y renovó sus cuestionamientos a la gestión de Lustemberg.
El legislador sostuvo que la reducción anterior había sido improcedente y pidió que se evaluara la continuidad de la ministra.
Desde el oficialismo y el MSP se destacó que la revisión fue realizada dentro del procedimiento administrativo y a partir de nuevos elementos jurídicos y probatorios.
La controversia mantiene así una dimensión política, aunque la resolución presidencial se refiere específicamente a la sanción profesional de Miralles.
Una decisión que reabre el debate sobre los controles sanitarios
El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos utilizados para evaluar las responsabilidades profesionales en situaciones de mala praxis.
También pone de relieve la importancia de fundamentar adecuadamente las sanciones, considerar las pericias disponibles y respetar las garantías de todas las partes involucradas.
La resolución adoptada por Orsi restablece la sanción inicialmente dispuesta y responde al recurso presentado por la madre de Soledad Barrera.
Sin embargo, no modifica la condena penal dictada contra la anestesista ni sustituye los procedimientos que puedan desarrollarse ante otros organismos.
La muerte de la pediatra, ocurrida en agosto de 2024 como consecuencia de las lesiones sufridas durante una intervención quirúrgica, continúa generando repercusiones sobre las responsabilidades médicas y las decisiones administrativas adoptadas posteriormente.
Con la restitución de los cinco años de inhabilitación, el Poder Ejecutivo cierra una etapa de revisión de la sanción, aunque el debate sobre la actuación del MSP y las garantías del sistema de control profesional permanece abierto.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
