Plan Vale en crisis: 106 empresas demandan al Estado y la industria
17.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- La disputa por un sistema de reciclaje que requiere inversiones cercanas a US$ 50 millones llegó a la Justicia. Las empresas denuncian costos abusivos y el ministro Edgardo Ortuño negocia una salida.
El Plan Vale, uno de los principales proyectos de recuperación de envases del país, enfrenta una crisis que amenaza con retrasar nuevamente su implementación. Un grupo de 106 empresas presentó una demanda judicial contra el Estado, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y el fideicomiso que administra el sistema, mientras el Ministerio de Ambiente intenta alcanzar un acuerdo que permita destrabar las inversiones previstas.
La demanda fue presentada el jueves 15 de octubre ante el Juzgado Letrado en lo Civil de 5.º Turno. Las empresas solicitan la nulidad de las cláusulas de readhesión al plan, que consideran abusivas, ilegítimas y perjudiciales para la competencia.
Entre las demandantes figuran Carlos Gutiérrez, James, Grupo Sarubbi, Frigorífico Pando, Schneck, Santa Rosa Automotores y Chic Parisien, además de firmas de diversos sectores comerciales e industriales.
Un plan millonario y una meta incumplida
El Plan Vale pretende recuperar el 50% del peso de los envases no retornables comercializados en Uruguay, cuando actualmente se recupera aproximadamente el 5%. Para alcanzar ese objetivo se proyectan inversiones cercanas a US$ 50 millones, destinadas a infraestructura de clasificación y recuperación de residuos.
El sistema incluye un mecanismo de depósito y devolución de envases de bebidas: los consumidores pagarían una seña al comprar el producto y recuperarían ese dinero al devolver el envase. Unas 3.500 empresas están vinculadas al mecanismo de gestión de residuos.
El conflicto comenzó cuando se les exigió firmar nuevas condiciones de adhesión, que implicaban aumentos importantes en sus aportes y compromisos financieros de largo plazo.
El cuestionamiento empresarial
Las compañías demandantes sostienen que las nuevas condiciones pueden triplicar sus contribuciones y obligarlas a participar en un esquema de financiamiento durante 15 años. También cuestionan la responsabilidad solidaria prevista para cubrir incumplimientos de otras empresas y las dificultades para abandonar el sistema.
Aunque las negociaciones permitieron introducir modificaciones y límites a determinadas obligaciones, las 106 empresas consideran que los cambios son insuficientes. Otro punto de controversia es la distribución de los costos entre diferentes sectores.
Según la demanda, el 57% de las inversiones previstas corresponde al sistema de devolución de envases de bebidas, pero parte de ese financiamiento recaería también sobre empresas que comercializan principalmente productos envasados en papel o cartón.
Los demandantes entienden que esa distribución puede favorecer a las grandes compañías y perjudicar a pequeñas y medianas empresas. Se trata de argumentos presentados por las empresas, cuya validez deberá determinar la Justicia.
Ortuño busca evitar la paralización
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, convocó a los presidentes de la Cámara de Industrias y de la Cámara de Comercio y Servicios para intentar alcanzar una solución. El jerarca declaró a El País que mantiene su optimismo sobre las posibilidades de acuerdo, pese a las acciones judiciales.
El ministerio ya había suspendido la aplicación de sanciones a las empresas que rechazaron las nuevas condiciones, pero continuaron pagando sus aportes al sistema anterior.
Entre las alternativas que se analizan figuran una mayor representación de las pequeñas empresas, auditorías para transparentar los costos y un tratamiento diferenciado para determinados materiales, particularmente el cartón.
¿Un impuesto en lugar del fideicomiso?
La controversia abrió una discusión más profunda sobre cómo financiar la recuperación de residuos. La legislación vigente permite recurrir al Impuesto Específico Interno (Imesi) como alternativa al esquema de gestión empresarial.
Algunas compañías consideran preferible un impuesto porque permitiría establecer obligaciones individuales sin asumir las deudas de terceros. Ortuño, sin embargo, mantiene su preferencia por un modelo de gestión compartida con participación empresarial, aunque no descarta otras soluciones legales.
El gobierno pretende que las nuevas condiciones comiencen a aplicarse a principios de 2027. Pero la financiación bancaria depende de la adhesión de las principales empresas y varias todavía rechazan el contrato.
El conflicto deja planteada una contradicción: existe acuerdo sobre la necesidad de aumentar el reciclaje, pero no sobre quién debe financiarlo, cómo distribuir los costos y quién debe controlar los recursos.
La resolución de esa disputa determinará si Uruguay consigue avanzar hacia sus metas ambientales o vuelve a postergar una transformación pendiente desde hace años.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
