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27.04.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – La Corporación Uruguaya de Prácticos expresó su preocupación por un proyecto de decreto argentino que modifica el practicaje y pilotaje. La entidad advierte posibles efectos sobre la seguridad de la navegación, el comercio exterior uruguayo y el régimen bilateral del Río de la Plata.

La advertencia fue formalizada en una nota dirigida a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), fechada el 24 de abril. Según publicó ComexLatam, la Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico considera que la iniciativa argentina introduce cambios sustanciales en el régimen vigente, especialmente en materia de exenciones al servicio de practicaje.

El proyecto de decreto del Poder Ejecutivo argentino, identificado como “Servicio de Practicaje y Pilotaje”, fue fechado el 9 de abril de 2026 y plantea aprobar un nuevo reglamento para ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina. Entre sus fundamentos, sostiene que busca eliminar restricciones estatales que encarecen la logística y afectan el comercio exterior.

El texto proyectado dispone que la Prefectura Naval Argentina lleve el registro de prácticos habilitados sin límite de número, habilita la libre contratación de sus servicios, permite que el Ministerio de Economía determine tarifas máximas y asigna a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación competencias sobre regulaciones destinadas a asegurar sistemas “transparentes no monopólicos”.

Uno de los puntos más sensibles es el tratamiento de los buques de bandera extranjera. El artículo 9 del proyecto prevé que puedan quedar exceptuados de embarcar baqueano cuando el comando acredite conocimiento de zona bajo determinadas condiciones. Más adelante, el artículo 14 permite acreditar viajes requeridos mediante declaración jurada, y el artículo 21 faculta a la Prefectura Naval, ante situaciones de crisis o fuerza mayor, a autorizar temporalmente a capitanes de ultramar o fluviales con conocimiento de zona a prestar servicios de practicaje.

Para los prácticos uruguayos, el problema no se limita al mercado argentino. Los canales de acceso a los puertos argentinos son también rutas naturales de navegación hacia los puertos del litoral uruguayo. Por eso, sostienen que una modificación unilateral del régimen puede tener consecuencias directas sobre la seguridad de la navegación y sobre la operativa del comercio marítimo regional.

El reclamo se apoya en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo de 1973. La CARP es el organismo binacional encargado de encauzar el diálogo entre Argentina y Uruguay para la gestión compartida del Río de la Plata, y entre sus cometidos figuran la navegación, las obras hidráulicas, el practicaje y la conservación del ambiente.

El marco bilateral también dedica un capítulo específico al practicaje. Allí se establece que la profesión de práctico en el Río solo puede ser ejercida por profesionales habilitados por las autoridades de una u otra parte, y que ambos países deben fijar normas coincidentes sobre practicaje y sobre el régimen de exenciones.

En Argentina, el régimen vigente ha considerado históricamente al practicaje como un servicio público vinculado a la seguridad de la navegación. El Boletín Oficial argentino, al fundamentar modificaciones anteriores al Decreto 2694/91, recordó que la Ley de Navegación establece que el practicaje en aguas jurisdiccionales constituye un servicio público regulado y controlado por la autoridad marítima, y que el pilotaje es de interés para la seguridad de la navegación.

La discusión combina, por tanto, dos planos. Para el Gobierno argentino, la reforma forma parte de una agenda de reducción de costos logísticos y desregulación de servicios asociados al comercio exterior. Para los prácticos uruguayos y sectores marítimos argentinos, en cambio, el riesgo está en transformar una actividad técnica y de seguridad en una variable de abaratamiento operativo.

La Política Online había informado que la iniciativa generó preocupación en la Armada argentina y malestar en empresarios del sector, que cuestionan tanto el impacto sobre la seguridad como la falta de consulta previa a áreas vinculadas a la defensa y la navegación. Esa lectura fue retomada por medios que siguieron el conflicto, en un contexto donde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger aparece como impulsor político de la reforma.

La Corporación Uruguaya de Prácticos sostiene que cualquier cambio en un sistema compartido debe analizarse con criterios técnicos y dentro de los mecanismos bilaterales previstos. La advertencia apunta a evitar que una decisión administrativa argentina altere, por vía indirecta, las condiciones de seguridad, competencia y operación en un espacio fluvial que Uruguay y Argentina administran bajo reglas comunes.

El conflicto abre un nuevo frente en la agenda marítima regional. En el fondo, la discusión no es solo cuánto cuesta el practicaje, sino quién garantiza la seguridad de la navegación en una de las vías más sensibles del comercio exterior del Cono Sur.