Praxis bajo la lupa: dudas sobre soberanía, privilegios e inversión tecnológica en Uruguay
01.11.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- Expertos cuestionan la propuesta de crear una comunidad tecnológica en Colonia y advierten sobre sus posibles consecuencias institucionales, económicas y sociales.
El proyecto Praxis, impulsado por empresarios e inversores internacionales vinculados al sector tecnológico, continúa generando interrogantes sobre sus verdaderos objetivos, su eventual contribución al desarrollo nacional y los riesgos de establecer comunidades con reglas propias dentro del territorio uruguayo.
Una investigación de la diaria, publicada el 31 de octubre, recogió opiniones de especialistas y organizaciones de Uruguay, Argentina y Ecuador que cuestionan distintos aspectos de la iniciativa, presentada como una ciudad del futuro vinculada a la inteligencia artificial.
Praxis anunció su intención de instalarse en Colonia, asociada al emprendimiento inmobiliario +Colonia, ubicado en la zona de El Calabrés, cerca de Colonia del Sacramento. Sus promotores proyectan inversiones por aproximadamente 1.000 millones de dólares, aunque esa cifra representa una expectativa de inversión y no fondos cuyo desembolso esté asegurado.
Una ciudad con aspiraciones de autonomía
Una de las principales preocupaciones surge de la propia definición de Praxis como una comunidad que aspira a construir una «nación digital», organizada mediante tecnologías de inteligencia artificial y mecanismos particulares de coordinación. Su fundador, Dryden Brown, ha desarrollado públicamente ideas sobre la creación de comunidades capaces de acumular recursos, atraer habitantes y establecerse físicamente en determinados territorios.
Estas concepciones han despertado cuestionamientos sobre la posibilidad de que iniciativas privadas pretendan obtener regímenes especiales o márgenes de autonomía frente a las instituciones democráticas. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia de que Uruguay haya autorizado a Praxis a establecer un territorio autónomo ni a ejercer competencias propias del Estado.
El presidente Yamandú Orsi, quien se reunió con Brown en Nueva York durante setiembre, señaló que cualquier inversión deberá cumplir con la legislación uruguaya.
¿Innovación tecnológica o negocio inmobiliario?
Los especialistas consultados también plantean dudas sobre el verdadero contenido tecnológico de la propuesta.
Aunque Praxis presenta su iniciativa como una experiencia vinculada al futuro de la inteligencia artificial, todavía no se conocen públicamente compromisos concretos de investigación, transferencia tecnológica, formación de profesionales o generación de capacidades productivas nacionales.
Esta distinción resulta fundamental para evaluar su impacto. La instalación de residentes con elevados ingresos y actividades vinculadas al mundo digital no equivale necesariamente a desarrollar una industria tecnológica capaz de generar conocimiento, empleo especializado y beneficios duraderos para Uruguay.
El debate incluye, además, la eventual utilización de beneficios fiscales, tratamientos regulatorios especiales o infraestructura financiada con recursos públicos.
El antecedente de Honduras
Entre los casos que permiten comprender las preocupaciones aparece Próspera, una ciudad privada instalada en Honduras bajo un régimen especial que concedía importantes facultades administrativas y regulatorias. Ese modelo generó fuertes controversias sobre soberanía y control democrático.
Posteriormente, las autoridades hondureñas impulsaron la eliminación de ese régimen, mientras los inversores iniciaron una reclamación internacional multimillonaria contra el Estado.
Aunque Praxis y Próspera son proyectos diferentes, el antecedente muestra las dificultades que pueden surgir cuando las inversiones privadas se vinculan con aspiraciones de autonomía institucional.
El desafío para Uruguay
La llegada de inversiones internacionales y la incorporación de nuevas tecnologías constituyen oportunidades que requieren evaluaciones rigurosas.
En el caso de Praxis, las preguntas pendientes abarcan el origen y la disponibilidad efectiva del financiamiento, las condiciones de instalación, el alcance de los acuerdos con +Colonia y los beneficios concretos para la economía uruguaya.
También resulta necesario esclarecer qué organismos ejercerán los controles ambientales, urbanísticos, tributarios y laborales correspondientes. La controversia coloca en el centro una cuestión que excede al emprendimiento: cómo atraer capitales y promover innovación sin debilitar las instituciones democráticas ni conceder privilegios incompatibles con el interés general.
La discusión no consiste en rechazar la tecnología o la inversión extranjera, sino en establecer qué desarrollo necesita Uruguay, quién define sus prioridades y qué garantías existen para que sus beneficios alcancen al conjunto de la sociedad.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
