VIVIENDA Y EDUCACIÓN
Proyecto propone subsidiar hasta 45% del alquiler para estudiantes del interior y familias jóvenes
16.07.2026
MONTEVIDEO (Uypress) – Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes propone crear un subsidio destinado a cofinanciar el alquiler de familias jóvenes con bajos ingresos y de estudiantes del interior que deban trasladarse para cursar estudios terciarios o universitarios.
La iniciativa, denominada “Subsidio de Vivienda Joven y Arraigo Estudiantil”, fue presentada por la legisladora del Partido Nacional Myriam Silva el 7 de julio y quedó a estudio de la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Representantes.
El proyecto establece dos categorías de posibles beneficiarios. La primera comprende a familias con al menos uno de sus integrantes menor de 35 años, hijos menores a cargo o un embarazo certificado y cuyos ingresos nominales se encuentren entre seis y 25 Unidades Reajustables.
La segunda categoría incluye a estudiantes menores de 30 años procedentes del interior del país que deban mudarse a otra localidad para cursar estudios terciarios o universitarios. En este caso, los ingresos considerados deberán ubicarse entre seis y 20 Unidades Reajustables.
Ninguno de los beneficiarios podrá ser propietario de un inmueble dentro del territorio nacional.
La propuesta plantea que el Estado cubra el 35% del alquiler para las familias jóvenes y el 45% para los estudiantes del interior. El porcentaje restante deberá ser abonado por los propios arrendatarios.
El subsidio tendría una duración inicial de 24 meses y podría renovarse mientras se mantengan las condiciones económicas y familiares que dieron origen al beneficio.
En el caso de los estudiantes, la renovación estará condicionada a la aprobación de por lo menos el 40% de los créditos correspondientes al año académico. Para las familias jóvenes, el texto contempla una extensión adicional cuando se produzca el nacimiento de un nuevo hijo.
El Fondo de Solidaridad tendría a su cargo la administración del programa, la recepción de las solicitudes y la validación de la información presentada por los postulantes.
Para realizar esos controles, el organismo podría intercambiar datos con el Registro Civil, el Banco de Previsión Social y las instituciones educativas, con el objetivo de comprobar la composición familiar, los ingresos y la continuidad de los estudios.
La iniciativa propone financiar el subsidio mediante tres fuentes. La primera sería el 15% de lo recaudado por la Contribución Adicional al Fondo de Solidaridad.
También se crearía un impuesto sobre las viviendas urbanas que permanezcan desocupadas durante más de un año sin una causa justificada. La tercera fuente serían las partidas específicas incluidas en las leyes de Presupuesto Nacional y de Rendición de Cuentas.
El proyecto incorpora además incentivos para los propietarios. Quienes alquilen sus inmuebles dentro del nuevo régimen quedarían exonerados del 100% del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ingresos generados por esos contratos.
La Contaduría General de la Nación o el Servicio de Garantía de Alquileres deberán, a su vez, otorgar prioridad a los beneficiarios del programa para acceder a una garantía estatal de arrendamiento.
La exposición de motivos sostiene que el costo de la vivienda representa una de las principales dificultades para la emancipación de las personas jóvenes y para la continuidad educativa de quienes deben trasladarse desde el interior.
En el caso de las familias, la reducción del alquiler permitiría destinar una mayor proporción de los ingresos a la alimentación, la salud y la crianza de los hijos. Para los estudiantes, el objetivo es disminuir el abandono provocado por los gastos de alojamiento y favorecer la permanencia en el sistema educativo.
El proyecto se suma a otros instrumentos implementados en los últimos años. En 2024, el Ministerio de Vivienda y la Universidad de la República acordaron otorgar más de 600 becas de alquiler, equivalentes a dos Bases de Prestaciones y Contribuciones por estudiante, mediante una inversión pública de 87,7 millones de pesos.
El Fondo de Solidaridad, señalado como futuro administrador del subsidio, otorgó 10.451 becas económicas durante 2025 y destinó más del 89% de la recaudación del aporte ordinario al pago de esas prestaciones estudiantiles.
La propuesta deberá ahora ser analizada por la Comisión de Vivienda y Territorio, donde podrá recibir modificaciones antes de una eventual votación. Por el momento, se trata de un proyecto parlamentario y el subsidio no se encuentra vigente.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
