UY Press - Agencia uruguaya de noticias

13.08.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El senador colorado Robert Silva convocó con carácter grave y urgente al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y a los integrantes del directorio de la Administración Nacional de Puertos para analizar el prolongado conflicto laboral en la Terminal Cuenca del Plata.

La convocatoria busca que las autoridades expliquen las medidas adoptadas para garantizar el funcionamiento del puerto de Montevideo y evitar nuevas interrupciones en la recepción de camiones y en la operativa de los buques portacontenedores.

Silva afirmó que las paralizaciones excedieron un límite tolerable y reclamó una intervención más activa del Poder Ejecutivo. El legislador señaló que el Gobierno debe utilizar los mecanismos disponibles para asegurar el funcionamiento permanente del principal punto de entrada y salida del comercio exterior uruguayo.

Según los datos manejados por el senador, durante 2025 se perdieron alrededor de 300 horas de actividad como consecuencia de conflictos sindicales y en 2026 se acumularon aproximadamente 25 días con interrupciones operativas.

La Terminal Cuenca del Plata pertenece en un 80% a la empresa belga Katoen Natie y en el restante 20% a la Administración Nacional de Puertos. Es la principal terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo.

El conflicto se desarrolla durante la negociación de un nuevo convenio colectivo, luego de que venciera el acuerdo anterior. El sindicato reclama aumentar la cantidad mínima de jornales garantizados y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

De acuerdo con la versión de TCP, el gremio solicitó elevar de 13 a 25 los jornales mensuales mínimos asegurados y planteó anteriormente el pago de partidas extraordinarias de $50.000 por trabajador mientras continuaran las negociaciones.

La empresa sostuvo además que el sindicato incorporó posteriormente una reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario, tomando como referencia el acuerdo alcanzado por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos con las cámaras empresariales del sector.

TCP rechazó que las condiciones negociadas dentro de los Consejos de Salarios de la construcción puedan trasladarse automáticamente a un convenio bipartito del sector portuario.

El sindicato cuestionó anteriormente la información difundida por la empresa y sostuvo que sus planteos fueron presentados dentro de la negociación colectiva. También responsabilizó a TCP por la falta de avances y por la incertidumbre laboral existente después del vencimiento del convenio.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social consiguió el 13 de julio un acuerdo transitorio que permitió levantar las medidas, restablecer la operativa y abrir una instancia tripartita de negociación. Sin embargo, la tregua volvió a quebrarse durante agosto y se registraron nuevas interrupciones en la atención a camiones.

La sucesión de paros, asambleas y reintegros parciales genera preocupación entre exportadores, transportistas y operadores logísticos. Las empresas advierten que la falta de previsibilidad puede provocar el desvío de cargas y escalas marítimas hacia otros puertos de la región.

Las cámaras empresariales vinculadas con la actividad pesquera también cuestionaron las medidas sindicales y las calificaron como desproporcionadas. Sostuvieron que la interrupción de los servicios portuarios afecta a sectores productivos que dependen de una conexión regular con los mercados internacionales.

El sector empresarial advierte que los perjuicios no se limitan al costo inmediato de los contenedores demorados. También incluyen la posible pérdida de frecuencias marítimas, el encarecimiento de la logística y el deterioro de la imagen de Uruguay como plataforma confiable para el comercio regional.

Silva planteó que el Ejecutivo debería evaluar instrumentos como las guardias gremiales y la declaración de actividades esenciales para impedir la paralización completa del puerto.

La convocatoria parlamentaria estará centrada en las medidas que pueden adoptar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte y la ANP para preservar la conectividad, reducir los daños sobre el comercio exterior y contribuir a una salida negociada del conflicto.

Mientras las partes continúan discutiendo el convenio colectivo, la principal preocupación es que las interrupciones intermitentes se conviertan en un problema estructural para la competitividad y la credibilidad internacional del país.