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13.05.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que actualmente 12.400 personas están siendo asistidas por el Estado en el marco de la respuesta a la situación de calle. El dato vuelve a dimensionar una problemática que el gobierno considera nacional, urgente y de abordaje integral.

La cifra fue planteada por Sánchez en el contexto del operativo especial desplegado por la alerta roja de frío extremo y de la implementación de la Primera Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle. El jerarca sostuvo que el país enfrenta un problema social de gran magnitud y que el Estado debe responder con protección inmediata, pero también con políticas estructurales.

La situación de calle dejó de ser presentada como una emergencia limitada a Montevideo o a episodios climáticos puntuales. El gobierno la ubica ahora como una realidad extendida, con expresión nacional, que exige coordinación entre ministerios, intendencias, servicios de salud, dispositivos sociales, seguridad pública, vivienda, empleo, educación y políticas de consumo problemático.

El dato de 12.400 personas asistidas se suma a otros números que ya mostraban el crecimiento del problema. En la presentación de la estrategia nacional, el gobierno informó que en 2024 unas 11.251 personas hicieron uso de dispositivos con alojamiento, mientras que en 2025 la cifra subió a 13.597, un aumento de 20%. También señaló que las plazas disponibles, unas 8.000, se encontraban ocupadas.

La dimensión del fenómeno obligó al Poder Ejecutivo a crear por decreto el Comité de Abordaje Integral de la Situación de Calle. El nuevo ámbito será presidido por el Ministerio de Desarrollo Social y estará integrado por Interior, Educación y Cultura, Trabajo, Salud Pública, Vivienda, OPP, Secretaría Nacional del Deporte, Secretaría Nacional de Drogas, ASSE y ANEP, además de mecanismos de coordinación con el Congreso de Intendentes.

La creación del comité apunta a corregir uno de los problemas históricos de la respuesta estatal: la fragmentación. Las personas que viven en calle suelen combinar vulnerabilidad habitacional, problemas de salud mental, consumo problemático, desempleo, desvinculación familiar, antecedentes penales, falta de documentación, enfermedades crónicas y dificultades para sostener trayectorias institucionales. Ningún organismo puede resolver solo esa acumulación de problemas.

La Primera Estrategia Nacional Integral contiene 42 medidas y busca cambiar el modelo de atención. Entre sus principales líneas aparecen convertir el Plan Invierno en un Plan 365, ampliar centros de estadía transitoria a 24 horas, expandir la respuesta a todo el país, crear una red de puerta de entrada múltiple para salud mental y consumo problemático, fortalecer casas de medio camino y comunidades terapéuticas, generar viviendas con acompañamiento social para 3.000 personas y promover 2.000 empleos mediante trabajo protegido.

El operativo de alerta roja mostró la dimensión más urgente de esa política. Frente al frío extremo, el Estado activó centros de evacuación, traslados, refugios adicionales, apoyo policial y coordinación con el Sinae. Según reportes oficiales, en los primeros días del operativo se brindó asistencia a miles de personas, con participación del Mides, Interior, Defensa, Sinae, intendencias y organizaciones sociales.

La frase que guía la estrategia oficial es clara: “La calle no es un lugar para vivir”. Pero convertir esa definición en resultados implica pasar de una lógica de refugio nocturno a un sistema más amplio de protección social, salud, vivienda, acompañamiento y reinserción. El gobierno reconoce que la respuesta anterior no alcanzó para frenar el crecimiento del problema.

El desafío es especialmente complejo porque la situación de calle no es homogénea. Hay personas que duermen a la intemperie, otras que alternan refugios y calle, personas con trayectorias de larga institucionalización, familias, mujeres, jóvenes, adultos mayores y usuarios con problemas graves de salud mental o adicciones. Cada perfil requiere respuestas diferentes.

El componente sociosanitario aparece como uno de los puntos más críticos. El decreto que crea el comité menciona el deterioro de las condiciones de vida y salud de personas expuestas a la intemperie y con largas trayectorias de desvinculación del sistema de salud y de los dispositivos de asistencia social. Esa definición muestra que el problema no puede reducirse a cupos de refugio.

También hay una dimensión territorial. Aunque Montevideo concentra gran parte de la visibilidad, el fenómeno creció en el interior y obliga a desplegar dispositivos nacionales. Las intendencias tendrán un papel clave porque conocen el territorio, administran espacios públicos, coordinan servicios locales y enfrentan cotidianamente la convivencia urbana.

La política de vivienda será decisiva. Los refugios salvan vidas en emergencia, pero no resuelven por sí solos la salida de calle. Para que una persona deje efectivamente esa situación necesita acceso a soluciones habitacionales, acompañamiento social, ingresos, tratamiento cuando corresponde y redes mínimas de sostén.

El empleo protegido es otro eje sensible. Muchas personas en situación de calle tienen dificultades para ingresar al mercado laboral formal, ya sea por falta de documentación, antecedentes, problemas de salud, consumo, baja calificación o largos períodos de exclusión. Sin un puente laboral específico, la salida de los dispositivos puede volverse inestable.

El gobierno intenta instalar una mirada de mediano plazo, pero la urgencia presiona. Cada ola de frío expone la vulnerabilidad extrema de quienes duermen a la intemperie y obliga a una respuesta inmediata. Esa tensión entre emergencia y política estructural será uno de los principales desafíos de gestión.

La oposición y organizaciones sociales han reclamado más recursos, mayor transparencia de datos, seguimiento de resultados y evaluación permanente. También advierten que la ampliación de cupos debe ir acompañada de calidad de atención, equipos técnicos suficientes y estrategias reales de egreso.

El dato de Sánchez —12.400 personas asistidas por el Estado— muestra que Uruguay enfrenta una crisis social más profunda que la imagen visible de quienes duermen en veredas o plazas. Detrás de esa cifra hay trayectorias de pobreza, salud mental, adicciones, rupturas familiares, desempleo y falta de vivienda.

El Estado decidió ahora ordenar la respuesta bajo una estrategia nacional, un comité interinstitucional y medidas de alcance anual. El desafío será demostrar que ese cambio institucional logra algo más que administrar la emergencia: reducir la cantidad de personas en calle y construir salidas sostenibles. Porque una política pública no se mide solo por cuántas personas asiste, sino por cuántas logran dejar de necesitar esa asistencia para vivir.