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13.03.2026

MONTEVIDEO (UYPRESS-SERVICIO ESPECIAL) – El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado este viernes 13 de marzo de 2026 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La detención pone fin a años de fuga y ha sido confirmada por autoridades de Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El operativo comenzó alrededor de las 02:00 a. m. en una vivienda ubicada en el barrio Las Palmas, en Santa Cruz; fue un procedimiento coordinado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia y la Fiscalía de Sustancias Controladas, con apoyo de inteligencia internacional (Paraguay y la DEA).

Junto a Marset fueron arrestadas otras cuatro personas (una mujer y tres hombres), todos de nacionalidad extranjera. Según el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, un video grabado por Marset hace meses (donde aparecía armado y que se confirmó no era inteligencia artificial) fue fundamental para lograr su geolocalización junto con el intercambio de información con otros países, en especial con Uruguay.

El narcotraficante uruguayo ya no está en Bolivia. Apenas unas horas después de su captura esta madrugada, el gobierno boliviano procedió con su expulsión y extradición inmediata hacia Estados Unidos. El avión que traslada a Marset, un Beech King Air 350C con matrícula estadounidense, despegó del Aeropuerto Internacional de Viru Viru (Santa Cruz) a las 09:09 a. m. (hora local). El operativo de expulsión fue ejecutado directamente por agentes de la DEA, quienes tomaron control del detenido tras un breve interrogatorio en la terminal aérea.

La extradición inmediata se produjo ante el serio riesgo de fuga; en julio de 2023 logró escapar de un operativo similar en Santa Cruz, presuntamente tras ser alertado por funcionarios. El capo narco tenía fuertes contactos con autoridades bolivianas y una fortuna realmente importante para corromper.

La captura de hoy ha revelado detalles impactantes sobre el nivel de vida y la red de protección que Marset mantenía en Santa Cruz de la Sierra hasta esta madrugada. Vivía en una "Fortaleza de Cristal" en una residencia de lujo en el exclusivo barrio Las Palmas.

 La vivienda contaba con un sistema de videovigilancia de 360 grados, vidrios blindados y una habitación del pánico (búnker) detrás de un armario, donde se presume intentó ocultarse inicialmente. Tenía piscina climatizada, un gimnasio de última generación y un área de recreación que funcionaba como oficina central para sus operaciones logísticas.

Estaba a pocos minutos de las avenidas principales, lo que le permitía una salida rápida hacia las rutas que conectan con el Beni o la frontera paraguaya.

En el garage de la propiedad y en una casa aledaña utilizada por su seguridad, se incautó una flota de autos valuada en más de 1.5 millones de dólares, BMW X7 y Mercedes-Benz Clase G: Ambas camionetas con blindaje nivel 5, capaces de resistir disparos de fusiles de asalto. Toyota Land Cruiser (2 unidades): vehículos preferidos por su durabilidad en caminos rurales, equipados con sistemas de comunicación satelital. Motos de alta cilindrada, utilizadas presuntamente para mensajería rápida o escapes por zonas de tráfico denso.

Conexiones con autoridades bolivianas: se sospecha que Marset seguía operando en Bolivia gracias a una "red de protección institucional" que incluía la Policía Boliviana, se investiga a tres altos mandos de la policía en Santa Cruz por presuntamente haber recibido pagos mensuales para informar de operativos antes de que ocurrieran.

 Se detectó que Marset circulaba con una identidad brasileña falsa cuya documentación fue validada por funcionarios del servicio de migración boliviano a principios de 2025. Tras su captura, se supo que varias órdenes de allanamiento anteriores habían sido frenadas por jueces locales bajo argumentos técnicos, lo que permitió que Marset se mantuviera prófugo tanto tiempo.

La Fortuna de Marset: aunque es difícil dar una cifra exacta, la inteligencia financiera internacional (DEA y SEPRELAD) estima su patrimonio neto entre los 500 y  1 000 millones de dólares. Era el "Broker" de la cocaína, no solo vendía droga, sino que cobraba comisiones por asegurar que la cocaína llegara de Bolivia/Paraguay a los puertos de Amberes y Róterdam.

 Su fortuna está diversificada en propiedades en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Dubái y España.  Se estima que movía cerca del 40% de sus ganancias a través de billeteras de criptomonedas para evitar el rastreo bancario. Las empresas fachadas eran desde inmobiliarias hasta clubes de fútbol y empresas de transporte internacional.

Uruguay jugó un papel fundamentalmente político y de inteligencia en la captura de Sebastián Marset. Aunque el operativo físico ocurrió en Bolivia, el gobierno uruguayo ha sido parte activa de la mesa de coordinación internacional que permitió cercarlo.

Inteligencia y coordinación regional: el ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, confirmó que la captura fue el resultado de un intercambio de información clave entre varios países.  A finales de febrero de 2026, el ministro Negro se reunió en Chile con su homólogo boliviano para compartir datos específicos de investigaciones desarrolladas en Uruguay sobre las operaciones de Marset.

Uruguay fue uno de los primeros países en confirmar la identidad del detenido a través de sus canales de inteligencia policial antes de que se hiciera el anuncio masivo.

Aunque Marset no tiene actualmente condenas pendientes que motiven una extradición inmediata a Uruguay (comparado con los cargos de homicidio y narcotráfico a gran escala en otros países), la Fiscalía uruguaya mantiene investigaciones abiertas sobre sus delitos.

El Contexto político el pasaporte ultra rápido. La captura cierra un capítulo de gran tensión política en Uruguay conocido como el "Caso Pasaporte".

Uruguay estuvo bajo la lupa internacional después de que se le otorgara un pasaporte oficial a Marset en 2021 mientras estaba detenido en Dubái, lo que facilitó su fuga inicial. Con esta captura, el gobierno actual busca demostrar su compromiso con la cooperación internacional y limpiar la imagen del Estado tras aquel incidente que provocó renuncias de ministros en la administración anterior.

En Uruguay, el panorama judicial para Sebastián Marset es particular: a pesar de ser uruguayo, no es el país donde enfrenta las penas más severas, pero sí donde las investigaciones tienen un alto peso político.

La Fiscalía de Estupefacientes en Uruguay mantiene investigaciones abiertas sobre la red de contactos que Marset dejó en el país. Sin embargo, hay un factor clave. Uruguay no solicitará la extradición de Marset mientras este sea procesado en Estados Unidos o Paraguay. Esto se debe a que las penas en esos países por tráfico internacional de drogas son drásticamente superiores a las que podría recibir en Uruguay.

El "Caso Pasaporte" (Investigación Administrativa y Penal)

Esta es la causa que más ha sacudido al sistema político uruguayo. Se investiga la entrega del pasaporte en 2021 mientras Marset estaba detenido en Dubái.

Su rol como testigo/imputado: con Marset capturado, la Fiscalía uruguaya podría solicitar tomarle declaración vía exhorto o videoconferencia desde su lugar de reclusión en EE. UU. con el objetivo de determinar si hubo sobornos o tráfico de influencias por parte de funcionarios o políticos uruguayos para agilizar su documentación. Su captura permite "cerrar el círculo" de esta investigación que provocó las renuncias de los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Luis Alberto Heber (Interior) en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Hasta el momento, las investigaciones en Uruguay han logrado identificar una red de activos que operaba bajo una fachada de legalidad, principalmente vinculada a sectores de alto perfil y entretenimiento.

Aunque Marset no residía de forma permanente en Uruguay en los últimos años, utilizaba el país como un centro de lavado de activos y un refugio de inversión para su círculo íntimo y operaba con varias bandas en la venta local de cocaína y en el transporte de droga hacia Europa.

La fiscalía y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) pusieron el foco en Punta del Este, donde se han identificado y embargado preventivamente al menos tres propiedades de alto valor en zonas exclusivas, registradas a nombre de testaferros o sociedades anónimas con conexiones en Paraguay. En Canelones, un apartamento en un edificio de categoría en la zona de la Costa de Oro y depósitos en zonas logísticas que se presume eran utilizados para el acopio de mercadería legal que servía de pantalla.

Marset tenía una afición conocida por los vehículos de alta gama, lo cual facilitó el rastreo de sus activos, los vehículos incautados fueron camionetas de lujo y autos deportivos vinculados a su entorno familiar en Uruguay. También por investigaciones en el litoral del país (especialmente en Soriano y Río Negro) detectaron la compra de maquinaria pesada, un método común para "blanquear" grandes sumas de dinero en el sector agropecuario.

Al igual que en Paraguay y Bolivia, Marset intentó penetrar el fútbol uruguayo, aunque de forma más discreta: se investigaron vínculos con un club de segunda división profesional y la posible compra de fichas de jugadores jóvenes a través de empresas de representación con sede en Uruguay por capitales extranjeros dudosos.

 Se detectaron sociedades vinculadas a la organización de espectáculos y eventos deportivos que servían para justificar ingresos de efectivo de origen desconocido.

El Banco Central del Uruguay (BCU) ordenó el bloqueo de cuentas corrientes asociadas a nombres clave del entorno de Marset, incluyendo familiares directos y abogados vinculados a la gestión de su pasaporte.

Se desarticularon al menos cinco sociedades anónimas uruguayas que no tenían actividad real y cuyo único fin era la titularidad de bienes inmuebles.

Hasta ahora, la defensa de muchos jerarcas del anterior gobierno se basaba en que "nadie sabía quién era Marset" cuando se le dio el pasaporte en 2021. Si Marset decide colaborar con la justicia de EE. UU. (como suele suceder en casos de la DEA) para reducir su condena, podría revelar nombres, fechas y montos de supuestos pagos a funcionarios y políticos uruguayos, hoy muy nerviosos. Esto obligaría a la Fiscalía uruguaya a reabrir piezas del caso que se consideraban "administrativas" para tratarlas como cohecho (soborno).

Aunque el actual presidente Yamandú Orsi pertenece a la oposición del gobierno que emitió el pasaporte (el de Lacalle Pou), la captura le genera un desafío y una oportunidad. Desafío: debe gestionar la extradición de activos y la cooperación con la DEA sin que el sistema político se bloquee por las acusaciones cruzadas. Oportunidad: puede utilizar la captura como una "limpieza de casa", demostrando que bajo su administración se concretó el cerco internacional que permitió la caída del narco.

Un punto crítico es la acusación contra el exasesor presidencial Roberto Lafluf, señalado por haber destruido documentos oficiales relacionados al caso. Con Marset detenido, la Fiscalía tiene un incentivo mayor para recuperar esa información o presionar a los involucrados para que confiesen si hubo una asociación para delinquir destinada a ocultar pruebas al Parlamento y a la Justicia.

Para entender por qué la captura de Marset hoy, en 2026, sacude tanto a Uruguay, hay que volver a esos mensajes de WhatsApp de fines de 2021. Esos chats son la "prueba reina" de que el gobierno de Lacalle Pou sabía exactamente a quién le estaba dando un pasaporte, a pesar de que luego en el Parlamento se afirmó lo contrario.

Mientras el pasaporte de Marset estaba en trámite (él estaba preso en Dubái por usar un pasaporte paraguayo falso), el entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, le escribió a la subsecretaria de Cancillería, Carolina Ache:

Maciel envío este e-mail a Carolina Ache: "Hola Caro, ¿podemos saber qué pasó con este ciudadano uruguayo detenido en Dubái, Sebastián Marset? Queremos saber qué situación tiene y si sigue detenido o si lo liberaron. Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado."

Maciel (días después): "Saber si sigue detenido o si fue liberado, lo cual sería terrible."

Este chat demostró que el Ministerio del Interior tenía plena conciencia de la peligrosidad de Marset. Sin embargo, la Cancillería siguió adelante con el trámite del pasaporte express que le permitió salir de prisión y desaparecer.

El escándalo del "Piso 11" en noviembre dl 2023. Este es el punto más oscuro y el que hoy vuelve a estar bajo la lupa con Marset capturado. Carolina Ache declaró ante la Justicia que fue citada a una reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva (sede de la Presidencia) con Roberto Lafluf (asesor del entonces presidente Lacalle Pou).

Según Ache, en esa reunión, Lafluf le pidió que borrara los chats con Maciel de su teléfono y se habría destruido un acta de la Cancillería que contenía esos mensajes para que no llegaran a la Justicia.

Ahora que Marset está en manos de la DEA, el escenario para los políticos uruguayos involucrados en estos chats es crítico por dos razones:

El testimonio de Marset: si declara que pagó dinero para que ese pasaporte saliera rápido (cohecho), los chats ya no son solo "mala gestión", sino evidencia de una red de corrupción.

Rastreo de fondos la DEA buscará hacia dónde fue el dinero de Marset. Si alguna parte de ese dinero tocó estructuras políticas o estudios jurídicos vinculados al Gobierno de la época, las consecuencias penales en Uruguay serán inevitables y graves.

En resumen: los chats demostraron que sabían quién era Marset y la captura de hoy podría demostrar por qué lo ayudaron.

La captura de Marset no ha sido un hecho aislado. En los últimos meses de 2025 y principios de este 2026, el servicio de inteligencia uruguayo, en conjunto con agencias internacionales, ha logrado "desgranar" la estructura de apoyo del narco.

La caída de los "Lugartenientes" claves, el golpe más reciente antes de la captura del propio Marset fue la detención de su brazo derecho en el Cono Sur, Luis Fernando Fernández Albín, Detenido en noviembre de 2025 en Buenos Aires tras una coordinación entre Uruguay y Argentina.

Era considerado el líder del brazo ejecutor de Marset en Uruguay (el clan de "Los Albín"). Se le vincula con el control del territorio en la zona de la Costa de Oro y el Cerro, y con el envío de grandes cargamentos de cocaína (como los 443 kg detectados en el litoral uruguayo). Actualmente ya está preso en Uruguay en una cárcel de alta seguridad.

Federico "Pichu" Santoro, un facilitador logístico clave (detenido previamente en Paraguay) cuyas declaraciones y el seguimiento de sus empresas fachada en el sector automotor permitieron a la inteligencia uruguaya identificar cómo se lavaba el dinero en Punta del Este.

La Inteligencia uruguaya del Ministerio del Interior ha reportado que 2025 cerró con cifras récord y este inicio de 2026 mantiene la tendencia. Los éxitos más destacados incluyen:

Operación Fortuna, Desarticulación de una red que usaba envíos postales aéreos para traficar éxtasis y cocaína. 13 detenidos. Punta Espinillo, Incautación de más de 2,200 kg de cocaína en la zona oeste de Montevideo, un golpe directo a la logística de salida hacia Europa. Operación Glitter, en febrero de 2026, se desmanteló en Maldonado una red de acopio y distribución que abastecía el mercado de lujo durante la temporada estival.

En el último año se incautaron más de 4 500 kilos de droga en total y se logró la imputación de más de 600 personas vinculadas al crimen organizado y el escaneo de contenedores: La instalación de nuevos escáneres en el Puerto de Montevideo (operativos al 100% en este 2026) ha sido el "éxito técnico" más grande, reduciendo drásticamente las ventanas de salida de droga en contenedores de exportación legal.

El atentado a la fiscal Mónica Ferrero, fue un punto de inflexión para la inteligencia uruguaya. Fue el atentado contra la Fiscal de Corte provisoria. Este hecho "despertó" una respuesta mucho más agresiva del Estado, se creó una unidad de élite dedicada exclusivamente a la protección de magistrados y al seguimiento de amenazas de bandas transnacionales.

La detención de los responsables materiales de ese ataque fue considerada un éxito de inteligencia técnica (triangulación de señales y cámaras) que demostró que el Estado no retrocedería ante el terrorismo narco.

Y por último en febrero de este año fue descubierto un túnel de 200 metros en la Ciudad Vieja, que pretendía robar la bóveda del banco BBVA. La policía uruguaya no llegó al túnel por casualidad, sino a través de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Estaban investigando una boca de venta de drogas y terminaron descubriendo una operación logística mucho mayor.

Financiamiento y logística, la inteligencia detectó que los 11 detenidos por el túnel (uruguayos, brasileños y paraguayos) formaban parte de una organización criminal transnacional. El director de la Policía Nacional validó la hipótesis de que este tipo de ingeniería financiera y criminal es el modus operandi de grupos como el Primer Comando de la Capital (PCC), socio estratégico de Marset.

Esta operación permitió capturar a los "ingenieros" del túnel semanas antes de la caída de Marset. Según el ministro del Interior, Carlos Negro, el desmantelamiento de estas células de apoyo en Uruguay dejó a la estructura de Marset sin sus principales fuentes de financiamiento "extra" en la región.

Esta captura abre un capitulo nuevo y muy importante en la lucha contra las bandas de narcotraficantes, al caer su principal operador el creador del Primer Comando Uruguayo (PCU) y la posibilidad de conocer la verdad sobre hechos muy graves ocurridos en el país, durante el gobierno anterior.