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29.05.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – UTE tiene previsto eliminar antes de fin de año las bonificaciones que aplica sobre la tarifa de carga para vehículos eléctricos en su red pública, en una decisión que marca un cambio de etapa en la política de estímulo a la movilidad eléctrica en Uruguay.

El anuncio fue realizado por el vicepresidente de la empresa pública, Roberto Bentancor, quien sostuvo que los beneficios serán retirados de forma progresiva. “Vamos soltando de a poco las pequeñas bonificaciones que tenían, pero nadie dejó de comprar autos eléctricos por eso”, afirmó.

Bentancor señaló que la intención de UTE es terminar el año con una tarifa alineada a lo que cuesta el servicio para vehículos privados. De todos modos, aclaró que se trata de una política prevista por la empresa y que todavía puede estar sujeta a definiciones de oportunidad. “Hay que ver; son políticas que tenemos pensado llevar a cabo, pero capaz que te dicen ‘esperá un poco’ o ‘ahora no’”, sostuvo.

Actualmente, UTE aplica un descuento de 30% en la tarifa del kilovatio hora para usuarios particulares en sus estaciones de carga pública. En el caso de la carga domiciliaria, los beneficios dependen de la modalidad tarifaria contratada y, por el momento, no serían alcanzados por el retiro anunciado.

La medida se inscribe en una discusión más amplia sobre los incentivos a los vehículos eléctricos. Semanas atrás, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, había planteado que el gobierno revisará los beneficios tributarios aplicados a este tipo de vehículos, entre ellos la exoneración del Imesi. La ley de Presupuesto ya habilita a quitar esa exoneración, aunque la definición será evaluada junto al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Con ambos cambios, la movilidad eléctrica ingresaría en una nueva fase: menos apoyada en subsidios directos o descuentos tarifarios, y más vinculada al funcionamiento regular del mercado. Para UTE, el crecimiento de las ventas muestra que la tecnología ya alcanzó un nivel de madurez que permite revisar los beneficios originales.

El vicepresidente de la empresa sostuvo que no cree que la eliminación de las bonificaciones desestimule la compra de autos eléctricos. Según su visión, el mercado ya demostró dinamismo suficiente y la decisión de compra depende cada vez más de factores como precio de los vehículos, autonomía, costos de mantenimiento, disponibilidad de modelos e infraestructura de carga.

El retiro de descuentos también tiene un objetivo de competencia. UTE busca equiparar sus tarifas con las del mercado privado, que actualmente son más altas que las de la red pública. Para la empresa, mantener precios artificialmente bajos puede afectar el desarrollo de operadores privados de carga y dificultar la expansión de una red más amplia y descentralizada.

La infraestructura es uno de los puntos centrales. UTE cuenta con unos 450 cargadores propios, a los que se suman alrededor de 150 privados. La empresa proyecta incorporar este año unos 300 nuevos puntos de carga, acompañando el aumento sostenido del parque eléctrico.

Bentancor explicó que la estrategia es ubicar cargadores en lugares de alta circulación y comercios frecuentados. En algunos casos, los privados podrán instalar sus propios cargadores y comprar energía a UTE; en otros, la empresa pública instalará directamente su sistema.

El crecimiento del mercado es significativo. Datos difundidos a partir de información de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay muestran que en 2025 se comercializaron más de 14.000 vehículos eléctricos y que el país ya cuenta con un parque estimado de unos 25.000 eléctricos. En enero de 2026, las ventas volvieron a mostrar un fuerte dinamismo, con un peso creciente dentro del mercado de cero kilómetro.

Ese crecimiento explica parte del cambio de enfoque. Los incentivos fueron claves para acelerar la adopción inicial, pero ahora las autoridades entienden que corresponde revisar su permanencia, especialmente en un contexto de mayor volumen de ventas, mayor oferta de modelos y consolidación de infraestructura.

La discusión, sin embargo, no está cerrada. El sector privado vinculado a energías renovables y movilidad eléctrica ha advertido que retirar incentivos demasiado rápido puede afectar la previsibilidad de las inversiones y enlentecer la transición. También reclama una hoja de ruta clara para evitar señales contradictorias entre política ambiental, política fiscal y política tarifaria.

Uruguay tiene una ventaja estructural en este proceso: una matriz eléctrica con alta participación renovable. Eso hace que la electrificación del transporte tenga un impacto ambiental más directo que en países donde la electricidad depende en mayor medida de combustibles fósiles.

Por eso, la decisión de UTE no implica abandonar la movilidad eléctrica, sino redefinir la forma de financiarla. El desafío será equilibrar tres objetivos: sostener la expansión del parque eléctrico, permitir el desarrollo de operadores privados de carga y evitar subsidios permanentes en un mercado que empieza a consolidarse.

La señal política es clara. El Estado uruguayo acompañó el despegue de la movilidad eléctrica con incentivos, bonificaciones y beneficios tributarios. Ahora empieza a discutir cuándo y cómo retirarlos sin frenar una transición que el propio país promovió como parte de su estrategia energética y ambiental.

La clave estará en la gradualidad. Si el retiro de beneficios se administra con una hoja de ruta clara, puede ordenar el mercado y favorecer nuevas inversiones. Si se percibe como un cambio abrupto, puede generar incertidumbre en consumidores, importadores, operadores privados y empresas que ya planifican su flota eléctrica.

UTE parece apostar a lo primero: retirar bonificaciones de a poco, ampliar la red y llevar el precio de carga hacia su costo real. El cierre del año mostrará si esa transición tarifaria puede hacerse sin afectar el impulso de uno de los sectores de mayor crecimiento en la movilidad uruguaya.