UY Press - Agencia uruguaya de noticias

28.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – Uruguay avanza en el Parlamento hacia la penalización de la difusión de imágenes íntimas, sexuales o explícitas generadas por inteligencia artificial o medios digitales sin consentimiento de la persona afectada.

El proyecto ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y ahora está a estudio del Senado, donde esta semana recibió el apoyo de Agesic y un informe de Inmujeres. La iniciativa apunta a cerrar una brecha legal abierta por el avance tecnológico y por la expansión de los llamados deepfakes.

En Uruguay ya es delito difundir, revelar, exhibir o ceder a terceros imágenes o grabaciones reales de una persona con contenido íntimo o sexual sin su autorización. Esa conducta está prevista en la Ley 19.580, de violencia basada en género, y contempla penas de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría.

El nuevo proyecto busca incorporar expresamente los contenidos creados o manipulados con inteligencia artificial, incluso cuando no exista una imagen íntima real de origen. El centro de la discusión es que una persona puede ser representada de manera realista en una escena sexual falsa, con daños concretos para su intimidad, su reputación, su integridad psicológica y su vida social.

El texto define como delito la distribución, publicación o difusión de material visual que represente de forma realista una imagen íntima de una persona identificable sin su consentimiento. La pena prevista va de 24 meses de prisión a tres años de penitenciaría.

La iniciativa incluye fotografías o grabaciones reales, contenido sintético o manipulado mediante inteligencia artificial, deepfakes y reconstrucciones digitales de la apariencia de una persona. El objetivo es evitar que la legislación quede limitada a imágenes auténticas cuando el daño puede producirse también con material artificial.

El proyecto prevé además agravantes. La pena aumentará cuando se trate de imágenes íntimas o deepfakes de menores, cuando exista intención de humillar, acosar, degradar o generar excitación sexual, cuando se verifique amenaza de difusión o cuando el contenido sea creado o difundido por una persona que mantiene o mantuvo una relación sentimental con la víctima.

Ese último punto conecta el fenómeno con formas conocidas de violencia digital, violencia de género y control sobre la intimidad. En muchos casos, la amenaza de difundir imágenes íntimas, reales o falsas, opera como mecanismo de extorsión, disciplinamiento, hostigamiento o represalia.

La discusión en el Senado incorporó la mirada técnica de Agesic, que respaldó el avance de la norma, aunque advirtió sobre los desafíos de prueba, identificación del contenido y aplicación efectiva. La agencia ofició como una suerte de “abogado del diablo”, planteando dudas operativas sin cuestionar el objetivo de fondo.

Inmujeres, por su parte, presentó una mirada más amplia sobre el impacto de estas prácticas en la violencia basada en género. La difusión de imágenes íntimas falsas o manipuladas afecta mayoritariamente a mujeres, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, y puede tener consecuencias graves en la salud mental, la vida familiar, el trabajo, la educación y la participación pública.

El avance de la inteligencia artificial generativa cambió la escala del problema. Hoy no se requieren conocimientos técnicos avanzados para producir imágenes o videos falsos de apariencia realista. Una fotografía pública, un perfil en redes sociales o un audio breve pueden ser suficientes para crear contenidos que simulan la voz, el rostro o el cuerpo de una persona.

Esa facilidad obliga a actualizar las herramientas jurídicas. La legislación tradicional sobre intimidad fue pensada para imágenes reales, obtenidas o compartidas en contextos privados. Los deepfakes sexuales introducen una situación distinta: el contenido puede ser falso, pero el daño es real.

El proyecto también incorpora obligaciones para plataformas digitales. Establece que deberán implementar mecanismos ágiles de denuncia para las víctimas, eliminar el material ofensivo en un plazo no mayor a 48 horas tras recibir la notificación e informar públicamente sus políticas de respuesta y remoción de contenido íntimo no consentido.

Ese punto es clave porque la velocidad de circulación digital puede multiplicar el daño en cuestión de minutos. Una imagen íntima falsa o manipulada puede pasar de un grupo cerrado a redes abiertas, plataformas pornográficas o canales de mensajería antes de que la víctima logre activar una denuncia.

El debate parlamentario se produce en un contexto internacional de creciente preocupación por los contenidos sintéticos no consentidos. Gobiernos, organismos de protección de datos y plataformas tecnológicas discuten cómo distinguir usos legítimos de la inteligencia artificial de prácticas que vulneran derechos fundamentales.

Uruguay ya había dado pasos en materia de violencia digital, pero el surgimiento de herramientas masivas de generación de imágenes obliga a revisar los tipos penales. La pregunta ya no es solo si una imagen fue tomada sin permiso, sino si fue creada para simular una situación íntima inexistente y dañar a una persona identificable.

La aprobación unánime en Diputados muestra que el tema logró consenso político en una cámara sin mayorías absolutas. Ese respaldo anticipa que el Senado podría avanzar también con una mirada transversal, aunque quedan aspectos técnicos por ajustar.

Entre los desafíos figuran la prueba pericial, la identificación de autores, la cooperación con plataformas internacionales, la preservación de evidencia digital y la protección inmediata de las víctimas. También deberá cuidarse que la norma no afecte expresiones legítimas, parodias o contenidos artísticos cuando no exista daño sexual, íntimo o identificatorio.

El núcleo del proyecto, sin embargo, es claro: nadie debe poder usar inteligencia artificial para fabricar una escena sexual falsa de otra persona y difundirla impunemente.

La discusión legislativa refleja una nueva etapa del derecho penal frente a la tecnología. La intimidad ya no se vulnera únicamente con cámaras ocultas, filtraciones o capturas de pantalla. También puede atacarse mediante algoritmos capaces de crear cuerpos, rostros y escenas que nunca existieron.

Con este proyecto, Uruguay busca anticiparse a una forma de violencia que ya afecta a víctimas en todo el mundo. La inteligencia artificial abre oportunidades enormes, pero también riesgos concretos. Cuando se usa para destruir la intimidad de una persona, el Estado debe tener herramientas para responder.

El Senado tendrá ahora la última palabra. Si la iniciativa se aprueba, Uruguay incorporará expresamente los deepfakes sexuales no consentidos a su legislación penal y dará una señal clara: el consentimiento también rige en el mundo sintético.