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29.05.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El Ministerio de Ambiente realizó una instancia de trabajo para fortalecer la política nacional de conservación de humedales, ecosistemas considerados estratégicos por su papel en la biodiversidad, la regulación hídrica, la mitigación del cambio climático y el bienestar de las comunidades.

La actividad se desarrolló en el marco de la preparación del proyecto “Fortaleciendo la Política de Conservación de Humedales del Uruguay: gestión integrada con financiamiento sostenible”, una iniciativa que apunta a mejorar las capacidades nacionales para proteger, restaurar y gestionar estos ecosistemas de forma coordinada.

El taller reunió a técnicos del Ministerio de Ambiente, la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, OSE, el Instituto Nacional de Colonización, intendencias de Maldonado y Canelones, juntas departamentales, productores, mujeres rurales, organizaciones sociales y representantes de la academia.

El objetivo fue socializar la propuesta, recoger aportes y detectar oportunidades de coordinación entre instituciones y actores vinculados al territorio. La diversidad de participantes refleja uno de los desafíos centrales de la política ambiental: los humedales no pueden ser gestionados únicamente desde una oficina estatal, porque atraviesan producción agropecuaria, agua potable, ordenamiento territorial, biodiversidad, turismo, infraestructura y modos de vida locales.

Durante la jornada se presentaron los componentes principales del proyecto. Entre ellos se destacan la elaboración de líneas de base para humedales prioritarios, el fortalecimiento del marco político y legal para su conservación, y el desarrollo de mecanismos financieros sostenibles para protección y restauración.

El proyecto fue presentado a través del Banco Interamericano de Desarrollo a la convocatoria del Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, conocido como GEF. Esa plataforma internacional busca apoyar a los países en el cumplimiento de los compromisos globales adoptados para detener y revertir la pérdida de biodiversidad.

El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022, fijó metas para 2030, entre ellas conservar al menos 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales y marinas, restaurar 30% de los ecosistemas degradados y movilizar recursos para financiar acciones de biodiversidad. Para Uruguay, esos compromisos obligan a traducir metas internacionales en políticas concretas sobre el territorio.

Los humedales ocupan un lugar clave en esa agenda. Son reservas de biodiversidad, regulan inundaciones, retienen carbono, depuran agua, sostienen actividades productivas y cumplen funciones ecológicas fundamentales para aves, peces, anfibios, flora nativa y comunidades humanas. Su degradación afecta tanto al ambiente como a la producción y la calidad de vida.

Uruguay cuenta con humedales de relevancia nacional e internacional, entre ellos Laguna Garzón, Laguna de Rocha, Bañados del Este, Esteros de Farrapos y Humedales de Santa Lucía. Varios de estos ecosistemas forman parte de áreas protegidas o están vinculados a compromisos asumidos en el marco de la Convención Ramsar.

La presión sobre estos territorios es creciente. Cambios en el uso del suelo, expansión urbana, producción intensiva, contaminación, alteraciones hidrológicas, especies invasoras y efectos del cambio climático colocan a los humedales bajo una tensión cada vez mayor. Por eso, la conservación ya no puede pensarse solamente como delimitación de áreas, sino como gestión integrada de cuencas, actividades productivas y comunidades.

El enfoque planteado por el Ministerio de Ambiente apunta justamente a esa articulación. Elaborar líneas de base permitirá conocer mejor el estado de los humedales, identificar prioridades y establecer indicadores. Fortalecer el marco político y legal puede ayudar a ordenar competencias, prevenir conflictos y dar mayor claridad a la protección. Y crear mecanismos financieros sostenibles resulta decisivo para que la conservación no dependa únicamente de proyectos puntuales o fondos temporales.

La participación de productores y mujeres rurales también introduce una señal importante. La conservación de humedales no puede construirse contra quienes viven y producen en esos territorios, sino con reglas claras, incentivos adecuados y reconocimiento del papel de las comunidades locales. Sin integración social, la política ambiental pierde eficacia y legitimidad.

El desafío para Uruguay será convertir esta instancia de coordinación en una hoja de ruta concreta. El país cuenta con antecedentes institucionales, áreas protegidas, experiencia técnica y cooperación internacional, pero necesita fortalecer capacidades de monitoreo, financiamiento, restauración y fiscalización para enfrentar una presión ambiental que no se detiene.

La política de humedales aparece así como parte de una discusión más amplia sobre desarrollo sostenible. No se trata únicamente de conservar paisajes o especies, sino de proteger sistemas naturales que regulan el agua, amortiguan eventos extremos, sostienen producción y reducen vulnerabilidades frente al cambio climático.

El taller impulsado por el Ministerio de Ambiente marca un paso en esa dirección. La clave será que el proceso avance desde la planificación hacia medidas verificables, financiamiento efectivo y gestión territorial sostenida.

En un país donde el agua, la biodiversidad y la producción son parte de la misma matriz de desarrollo, cuidar los humedales no es una política sectorial. Es una decisión estratégica sobre el territorio, el clima y el futuro.

Imagen: Portal Ministerio de Ambiente Uruguay