URUGUAY
Uruguay gana el juicio por Aratirí y Jorge Díaz cuestiona los pronósticos de la oposición
29.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress) – El Estado uruguayo obtuvo un nuevo fallo favorable en el litigio internacional por el frustrado proyecto minero Aratirí. El Tribunal de Apelación de París rechazó el recurso presentado por los inversores vinculados a la empresa y mantuvo vigente el laudo arbitral de 2020, que había desestimado una demanda por US$ 3.536 millones. La resolución permite además avanzar en el cobro de aproximadamente US$ 4,1 millones y establece el pago de otros 300.000 euros por costas judiciales.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó este jueves 29 de octubre sobre los alcances de la sentencia y destacó su importancia económica y jurídica para Uruguay. Durante una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, también cuestionó a dirigentes de la oposición que habían advertido sobre las posibles consecuencias millonarias de la demanda presentada durante los gobiernos del Frente Amplio.
Una demanda de más de US$ 3.500 millones que Uruguay logró rechazar
El litigio se originó tras el fracaso del proyecto de explotación de hierro que Aratirí, vinculada al grupo minero indio Zamin Ferrous, pretendía desarrollar en la zona de Valentines, entre los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres.
Los inversores sostenían que determinadas decisiones del Estado uruguayo habían afectado sus derechos y vulnerado las garantías previstas en el tratado bilateral de protección de inversiones entre Uruguay y el Reino Unido.
En 2020, un tribunal constituido bajo las reglas de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya rechazó las pretensiones de los demandantes y dispuso que debían hacerse cargo de los costos del procedimiento.
Sin embargo, los inversores recurrieron la decisión ante la Justicia francesa. En febrero de 2023, el Tribunal de Apelación de París anuló el laudo favorable a Uruguay, lo que abrió una nueva etapa judicial.
El Estado presentó entonces un recurso ante la Corte de Casación de Francia, que en abril de 2025 dejó sin efecto aquella anulación y ordenó que el asunto fuera examinado nuevamente por otra integración del tribunal.
La nueva resolución, dictada el 27 de octubre de 2026 según informó el semanario uruguayo Búsqueda, rechazó el pedido de anulación presentado por los inversores y mantuvo la vigencia del laudo original.
Más de cuatro millones de dólares por recuperar
El fallo tiene consecuencias económicas directas para Uruguay.
La decisión habilita al Estado a avanzar en Francia en el cobro de US$ 4.097.149 correspondientes a las costas del arbitraje original. A esa cantidad se agregan 300.000 euros que los demandantes deberán pagar por los gastos judiciales de la instancia de anulación.
La importancia de la resolución no se limita a esos montos. El principal resultado es que se mantiene el rechazo de una reclamación que, de haber prosperado, habría representado una obligación económica de enorme magnitud para las finanzas públicas.
De acuerdo con la información difundida por Presidencia, el Gobierno encabezado por Yamandú Orsi reformuló la estrategia jurídica durante esta última etapa, incorporando nuevos especialistas y modificando la representación legal del Estado en Francia.
Díaz destacó el trabajo realizado por los equipos jurídicos y sostuvo que el resultado constituye una señal de certeza jurídica para los inversores y para quienes mantienen controversias contractuales con Uruguay.
Díaz apuntó contra los “agoreros de la oposición”
La conferencia de prensa también tuvo un fuerte componente político.
El prosecretario recordó las advertencias formuladas cuando se conoció la demanda de Aratirí y señaló particularmente al expresidente Luis Lacalle Pou, quien entonces integraba la oposición al Frente Amplio.
Díaz cuestionó a quienes calificó como “agoreros de la oposición” y “gurúes del apocalipsis”, en referencia a dirigentes que habían anticipado consecuencias millonarias para el Estado uruguayo.
“Ese augurio de aquella época no se ha cumplido y concretamente hoy el Uruguay aparece como triunfador desde el inicio”, afirmó el jerarca.
Asimismo, invitó a revisar los pronunciamientos políticos de 2018 para contrastar aquellas advertencias con el desenlace judicial.
El prosecretario sostuvo que Uruguay ha obtenido resultados favorables en los arbitrajes internacionales que enfrentó, con una excepción durante la administración anterior, en referencia a la controversia vinculada con los antiguos accionistas de Pluna.
La afirmación constituye una valoración del historial de litigios realizada por el jerarca y no forma parte de los fundamentos jurídicos del fallo sobre Aratirí.
La comparación con Cardama
Díaz también vinculó el caso Aratirí con las advertencias realizadas por algunos representantes de la oposición sobre las posibles consecuencias judiciales del conflicto entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama.
La controversia surgió luego de que el Gobierno resolviera rescindir el contrato firmado durante la administración de Luis Lacalle Pou para la construcción de patrulleras oceánicas destinadas a la Armada Nacional.
Sin mencionar expresamente al astillero en ese tramo de sus declaraciones, Díaz señaló que habían aparecido advertencias similares a las formuladas durante el litigio minero.
Para el jerarca, los resultados de los arbitrajes anteriores reflejan la capacidad del Estado uruguayo para defender sus intereses en controversias internacionales.
Sin embargo, ambos casos tienen características contractuales y jurídicas diferentes. El resultado del litigio por Aratirí no permite anticipar cuál será el desenlace de una eventual controversia judicial vinculada con Cardama.
Un antecedente para la defensa jurídica del Estado
La decisión francesa mantiene vigente el resultado del arbitraje de 2020 y representa un nuevo capítulo favorable a Uruguay en una controversia que se extendió durante varios gobiernos.
El caso también reabre el debate sobre la evaluación de los riesgos jurídicos asociados a grandes proyectos de inversión, especialmente cuando fracasan iniciativas que habían generado compromisos económicos y expectativas de desarrollo.
En declaraciones recogidas por El Observador, el senador nacionalista Sebastián Da Silva cuestionó la celebración oficial del resultado y sostuvo que el litigio tuvo su origen en decisiones de gobiernos anteriores del Frente Amplio. También planteó la necesidad de considerar los gastos jurídicos afrontados durante el proceso.
La controversia política se produce, de este modo, sobre un resultado judicial favorable para el país, pero con diferentes interpretaciones acerca del origen del conflicto y de las responsabilidades de los gobiernos que intervinieron a lo largo de su desarrollo.
Más allá del intercambio entre oficialismo y oposición, la sentencia permite al Estado conservar una resolución favorable frente a la mayor reclamación económica planteada en su contra y avanzar en la recuperación de los gastos reconocidos judicialmente.
El cobro efectivo de esas cantidades constituye ahora una etapa distinta del litigio.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
